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A un año del asesinato de Arias

Las leyes siguen sin alcanzar

A dos días de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Julieta Mónica Arias en manos de su ex pareja, Ariel Sixto Delgado, la Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar parece aún no dar respuestas a las innumerables denuncias realizadas por miles de mujeres en la Provincia que al igual que Arias confiaron las situaciones de abuso y maltrato a las fueron y son sometidas por sus maridos, novios y ex parejas.

El caso de Arias y los cuatro feminicidios más que desde su muerte a esta parte se produjeron en Salta abren nuevamente el debate sobre los baches entre la ley y su efectiva aplicación, más aún si se tiene en cuenta que antes de este terrible desenlace cuatro juzgados intervinieron en diversas causas abiertas por la víctima en contra de quien terminó matándola.

Sobre esto, la profesora Alfonsina Morales, quien pertenece al Área Municipal de la Mujer de la ciudad de Salta, explica que si bien se cuenta con buenas herramientas como la legislación provincial y nacional, existe como obstáculo fundamental el no contar con un abordaje de esta problemática que implique una mirada de género.

Morales agrega que esto es parte de la falta de reglamentación de actuaciones en salud y violencia, que derivaron en que desde hace más de dos años no se apliquen los protocolos pertinentes para atender estos casos, lo que deja a las mujeres libradas a su suerte, a la posibilidad o no de que la persona que debe asesorarlas y orientarlas termine aplicando su criterio personal.

La integrante del Área Municipal de la Mujer explica que esto sucede porque la rotación en los puestos ministeriales, conlleva a que algunas cuestiones sean tomadas como prioritarias y otras no, quedando al arbitrio de quien ocupa ese lugar.

Destaca también que una de las fallas más evidentes en este y otros casos es la falta de detección temprana, aquella que debe sobrevenir en el contacto con cualquier institución del Estado como el Primer Nivel de Atención de la Salud, la Escuela, etc. , lo que a su vez muestra que no hay preparación ni entrenamiento para abordar estas situaciones y que no tod@s tenemos conciencia de la gravedad que esto implica.

También refiere que es necesario entender la “violencia familiar” desde la perspectiva de género, comprendiendo que en muchos casos existe dependencia económica de las mujeres con quienes las violentan y que parte de este círculo es la presión y la imposibilidad desde siempre de decidir por sí mismas.

Por último, Morales expresa que el Estado debe efectivizar la asistencia integral de las víctimas, no sólo desde el punto de vista psicológico y jurídico, sino también para generar una verdadera política de protección, desde el plano económico.

Mecanismos que fallan

¿Cuántas Julietas más deberán morir para que el Estado encuentre los mecanismos para frenar la violencia machista? Es sin duda, uno de los tantos interrogantes sin respuesta que dan cuenta de una fuerte impronta patriarcal enclavada en nuestras sociedades.

El caso de Julieta Arias muestra la tendencia de una Justicia tardía que inicia actuaciones administrativas después de la muerte de una mujer para entender adonde surgió la falla, la falencia que aún con la judicialización terminó cobrándose una vida.

Igual “destino” sufrió Patricia de los Ángeles Guaymás, asesinada por Julio César Beitez, el hombre que fue su pareja, y el cual no dudó en atentar contra la vida de ésta delante de su hijo menor. Debe recordarse que Guaymás había recurrido al igual que Arias a la autoridad judicial en más de una ocasión, “logrando” la exclusión del hogar de su victimario y una consigna policial que no evitó la agresión que derivó en su muerte.

Mónica Cardozo de 34 años y madre de cuatro hijos, recibió un escopetazo en la cabeza, en General Güemes. El autor de esta aberración fue Néstor Pacheco, su ex pareja, excluido del hogar por hechos de violencia, a raíz de lo cual Cardozo había tenido custodia policial por varios meses.