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“La única forma de bajar las alarmantes cifras de femicidios es con la penalización”

Las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Rosana Alderete, mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Escuela Judicial de Barcelona. El mismo estuvo encabezado por la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, y tuvo lugar ayer en horas de la tarde en su despacho.

Imagen : Observatorio Rosana Alderete
Imagen : Observatorio Rosana Alderete

Participaron: Agustina Díaz Cordero, coordinadora del Programa Nacional de Derecho Privado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Jorge Jiménez Martín, subdirector de la Escuela Judicial de Barcelona, Director de Selección y Formación Inicial y Lucas Ezequiel Salerno, Relator del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín e investigador en la Asociación Civil Unidos por la Justicia, junto a la presidenta del OVcM Alfonsina Morales y las directoras María Laura Postiglione y Alicia Ramos.

Morales hizo entrega de copias del Informe Anual 2016, y explicó los hallazgos principales. Los funcionarios nacionales destacaron que el documento no sólo sistematiza información sino que además brinda una serie de  recomendaciones destinadas a articular y optimizar el accionar de los distintos organismos involucrados en la problemática.

Luego, la ministra Calletti destacó la experiencia en España que logró “bajar en un 50% las estadísticas en femicidios”. Lo hizo tipificando como delitos penales las agresiones que sufren las mujeres y creando juzgados de Fueros Unificados Penales en Violencia de Género.

Jiménez Martín describió el proceso de judicialización de la violencia, destacando que la tipificación penal les permite establecer prisión preventiva ante el primer golpe o empujón, que queda en suspenso si el acusado acepta hacer rehabilitación. Las mujeres, al hacer la denuncia, tienen patrocinio del Estado, y pueden pedir una orden de protección que incluye la tenencia de los niños, una cuota alimentaria, la exclusión del hogar del violento, entre otras cosas. Todo se tramita en el mismo juzgado, casi inmediatamente a la realización de la denuncia.

Las directoras reconocieron la necesidad de darle a la violencia contra las mujeres el status de delito, a través de la creación de una ley penal. “Como militantes siempre hemos apelado a la protección estatal a través de los fueros civiles, pero las experiencias de otros países nos muestran que la única forma de bajar las alarmantes cifras de femicidios y la crueldad feroz que se evidencia en cada nuevo caso es con la penalización que tipifique las primeras agresiones. De lo contrario tenemos una justicia que, en el mejor de los casos, sanciona cuando el femicidio ya está cometido. Y lo que buscamos es prevenir, evitar que sucedan”, manifestó Morales.