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La situación de la niñez y la adolescencia

La situación de la niñez y la adolescencia en Argentina puede analizarse sobre la base de las brechas existentes entre la realidad actual y el cumplimiento pleno de los compromisos asumidos por el país, teniendo en cuenta lo contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La situación de la niñez y la adolescencia en Argentina puede analizarse sobre la base de las brechas existentes entre la realidad actual y el cumplimiento pleno de los compromisos asumidos por el país, teniendo en cuenta lo contemplado en la Convención sobre los del Niño (CDN), y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).La CDN considera a todos los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Este documento, ratificado por Argentina en 1990, configura el horizonte al cual deben apuntar los esfuerzos de las políticas públicas y el accionar de la sociedad en temas que afectan a las personas menores de 18 años.

Los derechos que en la CDN se presentan pueden agruparse en:

Derecho a la salud, a la nutrición y al desarrollo infantil integral temprano

Derecho a la educación

Derecho a la protección especial

Derecho a la participación

Derecho a la identidad

En su conjunto, un ambiente donde se respeten plenamente todos estos derechos se configura como un ?entorno protector? de los niños, niñas y adolescentes que puede concretizarse a nivel de comunidad, municipio, provincia y estado nacional. La variedad de derechos contemplados no implica supremacía o mayor importancia de unos sobre otros. Al contrario, todos estos son esenciales y complementarios entre sí: hay claras sinergias entre el derecho a la identidad y el ejercicio de todos los otros derechos, entre el derecho a la salud y nutrición y el ejercicio del derecho a la educación. Por otro lado el derecho a medidas de protección especial, dedicadas a re-establecer derechos ya vulnerados, se hace evidente esencialmente en situaciones donde el ejercicio de derechos básicos como aquellos antes mencionados no se concretizó en medida suficiente.

La realización de cada derecho de la niñez y adolescencia se hace posible con el cumplimiento de obligaciones específicas por determinadas instituciones y actores sociales, incluyendo a las familias y considerando al Estado no solo como portador especialmente importantes de obligaciones, sino también como un garante del ejercicio de derechos y de la exigibilidad de los mismos. Se trata, precisamente, de obligaciones o deberes que se derivan de la CDN y Leyes del Estado Nacional sintonizadas con esta (marco legal). Para plazos de tiempo determinados, se derivan obligaciones y derechos con la niñez y adolescencia también de la suscripción de compromisos internacionales con resultados como aquellos relacionados con los ODM o propios de programas y planes de gobierno (marco de programación).

La esencia del trabajo de cooperación de la ONU y de UNICEF se resume en apoyar la construcción de las capacidades que son necesarias para cumplir con la realización de derechos y alcance de resultados. Así, se dirige a apoyar un mejorado desempeño en actitudes y funciones, incluyendo capacidades técnicas, que son fundamentales en el manejo de políticas y servicios y al mismo tiempo a fortalecer la conciencia y el conocimiento de niños, niñas y adolescentes para una expresión más amplia y cualificada de las demandas de cumplimiento de derechos.

Derecho a la Educación

La meta de alcanzar el derecho a una educación de calidad en forma universal para cada niño, niña y adolescente constituye un desafío crucial, ya que la educación tiene implicaciones directas en la posibilidad de ejercer otros derechos y, además, imprime sus efectos en la pobreza y en la meta de alcanzar un desarrollo con justicia social.

En el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 2, Argentina estableció como meta para el año 2015 lograr que todos los niños, niñas y adolescentes puedan completar la educación básica (10 años de escolaridad completos). Además, la reciente Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la educación secundaria, lo que eleva a 13 años esta meta. Esto demanda nuevas respuestas de políticas del sector educativo, así como los esfuerzos de articulación y alianzas de los distintos sectores.

En el nivel inicial de educación, la asistencia de los niños y niñas a servicios educativos es relativamente homogénea para los niños de 5 años, pero no en aquellos de 3 y 4 años: a los 3 años, el 50% asiste a este nivel de enseñanza en el Gran Buenos Aires (GBA) y solamente el 10,5% en las provincias del Noroeste Argentino (NOA). A los 4 años, el 73,5% asiste en el GBA, frente al 30,6% en el Noreste Argentino (NEA). (Fuente: elaboración propia de UNICEF, en base a EPH, INDEC/MECON, octubre 2006).

La educación básica se caracteriza por su alta tasa de cobertura, casi universal, combinada con altas tasas de repitencia y sobreedad. El fracaso escolar es un problema a enfrentar ya que marca posibilidades presentes y futuras de los niños y niñas. La tasa de repitencia para los seis primeros años de educación básica es del 6,5%, con provincias que alcanzan el 11.5% y otras que están cercanas al 2,5%. Los grados 7º, 8º y 9º son los que manifiestan el mayor porcentaje relativo de repitencia (10,4%), con valores más elevados en las provincias del NEA (Fuente: CGECSE/SsCA/MECyT en base a información de DINIECE/MECyT Relevamientos anuales 2003-2004).

En la educación básica se observan problemas de calidad que pueden revertirse fortaleciendo políticas destinadas a mejorar la escuela; sin embargo, hay otros problemas derivados del contexto, como es el trabajo infantil. Además, se presentan situaciones de vulnerabilidad y violencia, como el maltrato, abuso, explotación y la discriminación, que impactan sobre las posibilidades educativas de los niños, niñas y adolescentes.

El nivel medio, avanza en sus niveles de cobertura, pero no tiene capacidad suficiente para sostener con calidad a la población escolar y contiene los más altos porcentajes de abandono del sistema. Es, precisamente, en la educación destinada a los adolescentes donde se hace evidente el nudo más crítico del sistema escolar. El acceso y la retención con calidad de los adolescentes exigen propuestas innovadoras y escuelas y profesores formados en nuevas áreas del conocimiento, teniendo en cuenta las nuevas problemáticas, lenguajes y culturas, así como los cambios en las formas de acceso a la información y las necesidades de participación en una sociedad exigente, desigual y cambiante.

El nivel de repitencia en el primer año del polimodal alcanza un promedio de 11,4% y llega a un valor máximo provincial de 16,5%. En tanto, el nivel de sobreedad para el total nacional es de 35,9%, alcanzando valores máximos provinciales de 53%. Esto marca poblaciones escolares diversas, con distintas necesidades que requieren no sólo diferentes formas de apoyo y estrategias pedagógicas, sino atenciones integrales que den respuestas a sus problemas. El abandono escolar en el nivel polimodal llega al 18,9% para el total país, con provincias cercanas al 21.5%. (Fuente: CGECSE/SsCA/MECyT en base a información de DINIECE/MECyT Relevamientos anuales 2003-2004).

Las desiguales oportunidades están reflejadas también en las posibilidades educativas según el nivel de ingreso de los hogares. En este sentido, de los jóvenes de 20 a 29 años que terminaron la escuela secundaria, el 72.5% viene de contextos no pobres, mientras que sólo el 28.4% viene de contextos pobres. (Fuente: elaboración propia de UNICEF, en base a EPH, INDEC/MECON, Octubre 2006).
A pesar de que los niveles de cobertura escolar (niveles básico y secundario) están entre los más altos de la región, no todos los que ingresan a la escuela la culminan. La población entre 6 y 18 años fuera del sistema educativo alcanza a 1.154.961 personas. Es decir, la exclusión educativa impacta sobre el 13,2% del total de niños, niñas y adolescentes. (Fuente: INDEC, Censo de Población y Vivienda, 2001).

En este contexto, hay que mencionar la especial situación de la niñez indígena. La información sobre la situación socioeducativa de los pueblos indígenas es insuficiente; sin embargo es posible señalar la desigualdad y la vulneración del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Para el sector de la población Wichí en Chaco, Formosa y Salta, en el rango de edad de 20-29 años, de un total de 5969 personas, sólo 1528 (25.6%) terminaron la primaria y 290 (4.8%) terminaron la secundaria. Para el sector de la población Toba en Chaco, Formosa y Santa Fé, en el mismo rango de edad, de un total de 6840 personas, sólo 2383 (34.8%) terminaron la primaria y 278 (4%) la secundaria. (Fuente ECPI, INDEC/MECON 2004-2005). Los problemas se centran en la insuficiente oferta educativa fundamentalmente de escuelas secundarias, en la calidad de la educación básica destinada a estas poblaciones y en la formación de los maestros.

En los años recientes las respuestas del gobierno en materia educativa han logrado una expresión significativa en la sanción de nuevas leyes, que otorgan importantes oportunidades para alcanzar las metas de una educación de calidad para todos. La Ley de Financiamiento Educativo asegura recursos crecientes hasta alcanzar un presupuesto de educación consolidado equivalente al 6% del PIB hacia 2010. Por su parte, la Ley de Educación Nacional introduce, entre otras innovaciones, el reconocimiento del derecho de la educación como bien público o la creación de nuevas modalidades educativas. Además, el Ministerio de Educación creó en el marco de esta Ley el Instituto Nacional de Formación Docente, con funciones estratégicas para promover cambios en uno de los pilares de la calidad educativa.

Derecho a la Nutrición, a la Salud y al Desarrollo Infantil Integral Temprano

El desarrollo saludable del niño, la niña y el adolescente, que es de básica importancia porque se pone en juego su crecimiento, amerita poner atención a una multiplicidad de aspectos como son la desnutrición o la mortalidad infantil, entre otros. Por ello, al abordar el derecho a la salud, la nutrición y al desarrollo infantil integral temprano se debe hacer mención a varios Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En Argentina, la desnutrición crónica, relacionada con el ODM 1, afecta al 8% de los niños y niñas menores de 5 años (ENNyS, Ministerio de Salud, 2006), llegando esta proporción al 10,5 % en las provincias del Noreste Argentino (NEA). En cuanto a la ingesta de energía, el 33% de los niños y niñas pobres menores de 2 años no cubre sus necesidades y esta proporción se incrementa al 40% en los niños y niñas de la misma edad que viven en hogares indigentes. La anemia sigue siendo un problema importante que afecta a uno de cada 3 menores de 2 años y al 30,5 % de las mujeres embarazadas. En este sentido, hay que destacar que el Estado mantuvo planes de transferencia de ingresos a familias pobres y excluidas como el Plan Jefas y Jefes de Hogar y generó nuevos programas adaptados al contexto, como es el caso del Plan Familias por la Inclusión Social que llega a 400.000 familias con jefatura femenina y a alrededor de 1.200.000 niños en situación de extrema pobreza. Asimismo, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria provee alimentos para atención de niños desnutridos, comedores comunitarios y escolares.

De acuerdo al ODM 5, el país estableció como compromiso reducir en dos tercios la tasa de mortalidad infantil en el año 2015 y en un 20% la brecha entre provincias. En el año 2006, fallecieron 8.986 menores de 1 año. La tendencia de reducción a nivel nacional es adecuada para el logro de la meta (12,9 fallecidos por mil nacidos vivos en 2006), pero la brecha entre provincias aumenta. Por ejemplo, el riesgo de muerte en el primer año de vida es 3 veces superior en la provincia de Formosa que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto a la mortalidad materna, en el año 2006, 333 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo y el parto, evitables en su grandísima mayoría. De acuerdo con el ODM 6, la meta es reducir en tres cuartos el valor del indicador para el año 2015. La tasa se ha mantenido estable en los últimos 10 años (48 mujeres muertas por 100,000 nacidos vivos en 2006). Para este indicador las disparidades regionales son marcadas: mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa es de 18 mujeres fallecidas por 100,000 nacidos vivos, en la provincia de Jujuy asciende a 165 (DEIS, Ministerio de Salud, 2007).
Por su parte, la lucha contra el VIH y el SIDA se expresa en el ODM 7. Según ONUSIDA, OMS y el Programa Nacional de lucha contra el VIH/SIDA se estima que para 2007, 134.000 personas viven en el país con VIH, el 50 % de las cuales desconoce su situación. De este total, 4.035 son niños y niñas menores de 13 años, que contrajeron la enfermedad, en un 95%, por transmisión vertical (Boletín sobre VIH/Sida Nº 25, Ministerio de Salud, 2007). Si bien el Ministerio de Salud ha universalizado el acceso a métodos de diagnóstico y tratamiento, el 30% de las embarazadas no son testadas y esta proporción es aún mayor en sus parejas (Boletín sobre VIH/Sida Nº 24, Ministerio de Salud, 2005).

En 2005 se pudo constatar en niños y adolescentes afectados, que el 80% ya tiene desarrollado el SIDA y que el 52% son huérfanos por VIH/Sida (UNICEF, estudio exploratorio en el Gran Buenos Aires). Además, se observó que aquellos niños afectados que tienen doble orfandad (12,6% del total) poseen 6 veces más posibilidades de ser institucionalizados que cuando ambos padres viven.
Según datos de 2007 el 13 % de los diagnósticos de VIH se realizan en personas entre 15 y 25 años. La propagación de la epidemia en mayores de 18 años es predominantemente heterosexual con una tendencia a la feminización, siendo la razón hombre/mujer viviendo con VIH = 1,5.

El panorama anterior, si bien presenta muchos desafíos, muestra varios avances que coinciden con políticas públicas que mejoraron el acceso de la población a la atención primaria de salud y a medicamentos básicos, como el Plan Remediar. En este marco, se destaca también que durante 2006 el país dispuso la instauración de un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (establecido previamente por la Ley Nacional Nro. 25.673) y se aprobó la Ley Nacional que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Nº 26.150). Además, el Ministerio de Salud de la Nación puso en práctica el Plan Nacer (seguro materno infantil), que brinda cobertura de salud a mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años carentes de cobertura social, en 6 provincias del Noroeste Argentino (NOA) y Noreste Argentino (NEA).

Derecho a la Protección Especial

Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección. Hay quienes, por circunstancias especiales, necesitan mayor contención y apoyo que otros, y el Estado y la sociedad deben brindar una atención especial. Cuando se piensa en la ?protección especial?, conforme la CDN se está refiriendo a aquellas personas que tienen menos de 18 años de edad, que pueden tener sus derechos fundamentales fuertemente amenazados o abiertamente violados de diversas maneras. Son circunstancias o hechos especiales que demandarán medidas especiales de protección para equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además del ejercicio y cumplimiento de las políticas públicas universales con énfasis en la prevención y la detección oportuna y precoz.

En este sentido, la erradicación del trabajo infantil como una estrategia de protección cobra destaque, por el elevado número de niños, niñas y adolescentes que involucra. Este tema se está en directa relación con el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 3 de Argentina, relativo a la promoción del trabajo decente y en el que se establece la meta concreta de erradicar el trabajo infantil.

Esta problemática ha sido analizada en cinco provincias de las subregiones del Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA), Cuyo y Gran Buenos Aires, y donde se observa una mayor incidencia del trabajo en niños, niñas y adolescentes en ámbitos rurales: el 8% de los niños y niñas de 5 a 13 años trabaja en el área rural, frente al 6,4% que lo hace en ámbitos urbanos (EANNA, MTESS, INDEC y OIT, 2005-2006). Estos índices se incrementan para los adolescentes entre 14 y 17 años: uno de cada cinco adolescentes trabaja, alcanzando el 35,1% en el ámbito rural.

La inserción laboral temprana vulnera varios derechos, perpetúa el ciclo estructural de pobreza de los niños y sus familias y, fundamentalmente, tensiona el cumplimiento efectivo del derecho a una educación de calidad, ya que las trayectorias y el rendimiento educativo de los niños, niñas y adolescentes que trabajan se ven afectadas en mayor proporción que aquellos que no lo hacen. Varios datos son los que dan muestra de esa realidad: entre los niños y niñas entre 5 y 13 años que trabajan, el 30% repitió; y el 12,6% repitió más de una vez frente al 3% de los niños y niñas que no trabajan en la misma franja de edad (EANNA, MTESS, INDEC y OIT, 2005-2006). En el caso de los adolescentes entre 14 y 17 años, un 25% de los que trabajan no asiste a la escuela, mientras que en las zonas rurales la proporción asciende al 62%. Al mismo tiempo, el 43% de los adolescentes que trabajan cuenta con historias de repitencia, frente al 26% de aquellos que no trabajan (EANNA, MTESS, INDEC y OIT, 2005-2006).

Para hacer frente a esta situación, cabe señalar la existencia del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, que supone una oportunidad para la articulación intersectorial e interjurisdiccional, bajo la coordinación de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), y que se complementa con comisiones provinciales respectivas en la mayoría de las jurisdicciones. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, además, ha establecido un observatorio de trabajo infantil encargado del monitoreo y evaluación de la problemática.

Además del trabajo infantil, hay otras situaciones que presentan grandes desafíos como es la inmigración. El país cuenta con una importante población de inmigrantes (principalmente de países de la región) que sufren diversas formas de explotación, discriminación y violencia. Una de esas modalidades es la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Si bien este fenómeno, por el momento, tiene características internas, también se han identificado casos de trata internacional, y en general, éstos involucran a inmigrantes de países limítrofes (Estudio exploratorio, OIM, 2006). En este sentido, la iniciativa Niñ@Sur del MERCOSUR, liderada en Argentina por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, implica un desafío para la articulación, coordinación y cooperación entre los países alrededor de estas problemáticas, que exceden las fronteras nacionales.

Respecto del derecho a crecer y desarrollarse en familia, a fin de 2005 (con anterioridad anterior a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección Integral) se identificaron cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar e institucionalizados en todo el país, en un estudio que mostró el gran desafío de la nueva Ley para la superación de la prevaleciente aplicación de esta medida (Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF, 2006). Si bien aun persisten diversos retos y algunas resistencias, se puede señalar que Argentina ha avanzado fuertemente en incorporar la promoción de los sistemas de protección de derechos en el ámbito local y el desafío de la desinstitucionalización como ejes de las acciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

Al hablar de la familia, también se debe hacer mención a las situaciones de la violencia intrafamiliar. La invisibilidad de este fenómeno tiene como correlato en las dificultades existentes para poder avanzar en datos sistematizados, compilados y disponibles para todo el país respecto de mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia, junto a las diferencias para la atención, tratamiento y acceso a la justicia que existen en las distintas provincias. Varios datos de la Ciudad de Buenos Aires son ilustrativos: el 56% de las distintas formas de violencia contra niños y niñas reportadas es ejercida por algún miembro de la familia con la que el niño convive, y en su mayor parte, se trata de violencia física (63%) y maltrato emocional como violencia secundaria (78%) (Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006). Es importante resaltar que la mayor parte de las provincias cuentan con leyes especiales contra la violencia familiar, aunque la implementación de sus mecanismos aun está en proceso. En este punto, es muy importante resaltar la iniciativa de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzará en el desafío de conciliar en la práctica la letra de las normas para la protección de las víctimas y su implementación efectiva.

Finalmente, se hará mención a otra situación que demanda protección especial: los adolescentes en conflicto con la ley penal. En este sentido, la Ley Nacional de Protección Integral avanzó en un reconocimiento normativo substancial de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en términos de sus derechos fundamentales y garantías en el ámbito administrativo y judicial. Sin embargo, aun queda pendiente la reforma del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Si bien no existen datos judiciales a nivel nacional compilados y sistematizados, las estadísticas judiciales del año 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permiten señalar que en su mayoría, los delitos juzgados con adolescentes imputados son contra la propiedad (84,7%), y sólo el 2,8% de los delitos resueltos es contra las personas. Sin embargo, al momento de las condenas, un 38% de los casos juzgados han obtenido sentencia de responsabilidad penal con la posibilidad de recibir sanciones de igual tenor (privativas de la libertad) que las previstas para los adultos, derivado de la ausencia de un sistema de justicia penal especial conforme a la CDN que proponga sanciones distintas de las privativas de la libertad. A nivel nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia está trabajando para la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales sobre justicia juvenil en los sistemas de intervención en las distintas jurisdicciones provinciales, lo que implica un mejoramiento de los sistemas a nivel territorial, lo que implica un mejor reconocimiento de los derechos y garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal

Derecho a la Participación

En muchas sociedades, ya sea por ley o tradición, a los niños, niñas y adolescentes se les ve pero no se les escucha. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) introduce un gran cambio, ya que establece que los menores de 18 años son protagonistas de su propia vida, por lo que deben participar en las decisiones que les afectan.

El derecho de la niñez a participar, a expresar su opinión y a ser escuchada implica un nuevo relacionamiento con los adultos, en el que éstos deben aprender a escuchar. Se deben generar nuevos espacios y fortalecer los canales de expresión existentes, como organizaciones infantiles, investigaciones o sondeos de opinión, foros, para que a través de ellos sus opiniones sean tenidas en cuenta tanto en la familia, la escuela como en la vida social.

Por su parte, en la edad de la adolescencia se presentan retos en múltiples y variadas dimensiones. Las personas en esta edad se abren con entusiasmo a la exploración del mundo afuera del ámbito familiar y manifiestan expectativas de poder jugar un papel cada vez más activo en la escuela y otras esferas. Sin embargo, grandes sectores de esta población no están recibiendo buenas oportunidades y apoyo para forjar sus proyectos de vida y para formarse en temas de autocuidado.

De las investigaciones y de las consultas directas realizadas con adolescentes surgen varios elementos de destaque: por un lado, un reclamo de contención por parte de la familia, la comunidad y las instituciones y una valoración generalmente muy positiva de la escuela; y, por otro lado, una fuerte insatisfacción en cuanto a las oportunidades actuales para un dialogo respetuoso y efectivo entre generaciones y para su participación en decisiones que los afectan directamente, así como en otros aspectos más generales de la vida social. Según una investigación realizada por UNICEF, el 84% de los adolescentes argentinos consideran que existen pocos o nulos espacios de participación.

Por último, cabe destacar que la exposición distorsionada de las realidades de los adolescentes en los medios de comunicación genera una opinión pública adversa que muchas veces obstaculiza respuestas institucionales respetuosas de sus derechos.

Todo lo anterior muestra la necesidad de definir con mayor esfuerzo e innovación respuestas pertinentes para los niños, niñas y adolescentes, que muchas veces ven insatisfecho su derecho a la participación.

Derecho a la Identidad

Desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse una identidad. Para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias.

En Argentina, la inscripción al momento del nacimiento en el registro civil está garantizada en forma gratuita para todos los niños y niñas. Si bien no hay propiamente datos oficiales específicos al respecto, tomando en cuenta los nacimientos registrados y su anotación posterior en el registro civil, se puede estimar que el 90.7% de los niños y niñas recién nacidos son registrados, hecho que implica el paso previo para obtener un documento de identidad. De vital importancia es la reglamentación de la Ley de Protección Integral a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que reconoció la obligatoriedad y gratuidad del primer documento nacional de identidad para todos los niños, niñas y adolescentes.

La inscripción si bien es amplia, aún no llega a ser universal, especialmente en algunas provincias que coinciden con áreas con indicadores sociales más desfavorables. En estas zonas se considera que pueden existir muchos niños y niñas aún indocumentados. En este sentido, el desarrollo de los sistemas locales de protección de derechos, junto con las acciones de reforma legislativa que están siendo impulsadas por el Ministerio Interior y Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, plantean nuevas oportunidades para lograr la efectiva universalidad del registro oportuno y gratuito para todos los niños y niñas.

FOTO: http://www.unicef.org/argentina/spanish/children_11139.htm