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José Schulman

“La prisión domiciliaria para los genocidas no es legítima, aunque sea legal”

Sostiene que esta dinámica “abusiva” que se ha venido dando desde la asunción del gobierno de Cambiemos ha abierto un debate en los propios organismos de derechos humanos, que tiene que ver con la diferencia entre legalidad y legitimidad.genocidas

En la página web de la Liga puede consultarse el documento publicado hace unos días como solicitada en Página/12, titulado “Domiciliaria para los genocidas = Más Impunidad”. Allí los firmantes (personalidades del campo de los derechos humanos y organismos como Madres Línea Fundadora, SERPAJ, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras) exigen que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan “cárcel común y efectiva” ya que “cualquier otra variante es una burla al proceso de Memoria Verdad y Justicia”.

Por eso denuncian que el hecho de que estos hechos se dan en el contexto de “una estrategia de impunidad a la que suman toda demora posible para que víctimas  y victimarios perezcan con el paso del tiempo, de modo tal que unos pocos sean condenados”. “También preservan la impunidad de los grandes empresarios y sus cómplices civiles”, añade el documento.

Schulman opina que este debate es muy interesante porque tiene que ver con la discusión “acerca de si las personas que cometieron delitos incalificables, de terrorismo de Estado, que torturaron, masacraron, violaron, robaron niños, asesinaron a miles y miles de personas indefensas y luego fueron protegidas por el Estado durante 25 o 30 años deben ser equiparables a cualquier otra persona que comete un delito y que al cumplir 70 años, si se dan una serie de condiciones podría pedir el beneficio de la prisión domiciliaria”. La solicitada afirma que “la naturaleza de sus delitos no se corresponde con la modalidad de detención domiciliaria”.

En este sentido, aclara que, más allá de que el beneficio se encuentra legalmente contemplado para todo tipo de delitos, en general las personas están privadas de libertad por delitos comunes no lo piden “porque no tienen abogados, a veces ni saben que existe tal posibilidad o, si lo piden, los jueces no le dan cauce”. Como ejemplo de esto último, Schulman cuenta que “es casi una costumbre” que los enfermos de SIDA “salgan dos o tres días antes de la cárcel para morir”: “O sea, ni siquiera en los casos extremos el Estado se apiada de las personas privadas de la libertad por delitos comunes”.

Sin embargo, gracias a la campaña del diario La Nación “y otros operadores” se ha reabierto un debate al respecto y hay un sector de los organismos de derechos humanos que sostiene que “para que el proceso de juicio y castigo a los genocidas sea confiable, legítimo y respetado se debe cumplir a rajatablas, dogmáticamente, cada uno de los puntos de todos los códigos, incluyendo el hecho de que todos los represores condenados se vayan a la casa”.

Schulman sostiene que esto “ya está ocurriendo de una manera muy abusiva”: “Para fines de 2015 casi el 40% de los condenados estaban en la casa y en lo que va del gobierno de Macri esto está creciendo de manera muy acelerada. Incluso con algunas cosas muy provocadoras, como que un represor se tome un avión en Paraná para venir al médico y vuelva a su supuesta prisión en la casa”. “Con Avruj, Garavano, Lorenzetti y Macri, esa tendencia no sólo se acentúa sino que pretende sacar a todos los genocidas de las cárceles, incluidos personajes tan perversos que siguieron atentando contra la democracia como Echecolatz y sus cómplices desde Marcos Paz”, se denunciaba en la solicitada.

“Lo que está detrás de esta discusión -explica el referente de la Liga- es la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo: Supongamos que después de toda esta discusión en la Cámara de La Plata, que llegue a la Corte, si finalmente la corte dice que los aumentos del gas son legales y cada uno de nosotros tiene que pagar 3.500 pesos de gas ¿eso le dará legitimidad al tema?”, se pregunta. “Para nada”, concluye. Y agrega que “la legalidad no siempre va cercana a la legitimidad” y que incluso “en los períodos normales la legalidad va en contra de la legitimidad”.

Imagen : laizquierdaadiario