En Argentina se practican anualmente 500 mil abortos clandestinos

“La Presidenta no pidió debatir sobre aborto, pero el Congreso puede hacerlo”

La jefa de bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Juliana Di Tullio, apoyó las declaraciones del ministro de Salud, Daniel Gollán, sobre el aborto. La legisladora recordó que es autora de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. También cuestionó la lectura que hicieron algunos medios y aseguró que Aníbal Fernández no desautorizó a Gollán.ditullio 28 enero_200_200

El tema aborto entró en la agenda de los medios por una hendija y pudieron escucharse las opiniones de distintos funcionarios. A pesar de que la cobertura mediática puso el eje en la posibilidad de una ley de despenalización, los dichos se centraron en que el aborto es la principal causa de mortalidad materna y que un instrumento para enfrentar esta realidad son las consejerías para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a toda la información posible cuando atraviesan un embarazo no deseado.

El camino de la discusión lo abrió el flamante ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán que reclamó un debate serio y maduro con todos los sectores de la sociedad en una entrevista en Nacional Rock. Por la tarde el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, opinó: “No está en agenda la discusión por el tema del aborto”. Muchos creyeron clausurada la discusión. Sin embargo, ayer por la mañana la jefa de bloque del Frente para la Victoria (FpV) en Diputados, Juliana Di Tullio, apoyó las declaraciones de Gollán y dijo que el debate tiene que darse en el Congreso.

“La Presidenta no me pidió debatir sobre el aborto, pero el Congreso por sí mismo puede hacerlo”, aportó la legisladora en diálogo con radio América. Y se refirió al nuevo ministro: “Me pareció valioso lo de Gollán, entiendo que es una posición personal y coincido con él. Todos saben que soy autora del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. También cuestionó la lectura que hicieron algunos periodistas sobre las palabras de los funcionarios: “El jefe de Gabinete no desautorizó al ministro”.

En la extensa entrevista que brindó Gollán pidió “no ponerse en los extremos ideológicos y religiosos”. Y expresó su preocupación por los 500 mil abortos que cada año se practican en la clandestinidad en la Argentina. El funcionario destacó a las consejerías como instrumentos para que desde el Estado se impidan esas muertes evitables. En ese sentido, el Ministro de Salud contó la experiencia de Uruguay antes de la ley de despenalización del aborto. “Las consejerías le da a la mujer toda la información necesaria para que pueda decidir con plenitud de conciencia una situación tan dramática como un aborto. En Uruguay tuvo excelentes resultados y el 30% de esas mujeres que fueron a las consejerías decididas a hacerse un aborto, decidieron no hacérselo”, dijo.

El modelo de las consejerías comenzó en Uruguay en 2001 como una estrategia de reducción de daños y riesgos. La dinámica se basa en brindarle a una mujer que enfrenta un embarazo no deseado toda la información sobre los métodos más seguros para interrumpirlo, como el uso de Misoprostol, el fármaco que permite la interrupción hasta la semana 12 de gestación.

En Argentina, el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires replica la herramienta uruguaya desde 2004. La modalidad también funciona en muchos centros de atención primaria de la salud que tienen la voluntad de abrir estos espacios. Las consejerías se activan como parte de la ley de nacional de salud sexual y procreación responsable, sancionada en 2003, y que incluyó el criterio de máxima divulgación posible, así como también la provisión de anticonceptivos y la píldora del día después.

El aborto legal, el no punible

En Argentina la interrupción de un embarazo sólo es legal cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro o en casos de violación. Sin embargo, esta normativa que está en el Código Penal hace 93 años no se cumple como debería. En 2012 la Corte Suprema de Justicia reafirmó ese derecho que tienen las mujeres, las adolescentes y las niñas en un fallo histórico conocido con las siglas F.A.L. El máximo tribunal del país pidió a todas las provincias que elaboraran protocolos hospitalarios para actuar en estos casos.

A más de dos años del dictamen sólo ocho provincias se ajustaron totalmente a lo que dispuso la Corte: Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz.  Otras ocho jurisdicciones obedecieron en forma parcial: Salta, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Todas incorporan requisitos que limitan el acceso al aborto. Y aún hay ocho provincias que ni tienen protocolos. Se trata de: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Consultado sobre esto Gollán dijo que había que cumplir la ley. “Lo primero que tiene que hacer Argentina es que todas las provincias cumplan con el protocolo de aborto no punible. Porque la ley es la ley, porque hay un fallo de la Corte y el Ministerio de Salud lo pidió en este gobierno”, sumó Di Tullio.

Los especialistas y las militantes que acompañan la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito opinan que la legislación actual es ineficiente: no desalienta a las mujeres que toman la decisión de abortar. Según estimaciones del Ministerio de Salud que datan de 2004 el 37 % de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto. De ellos, cerca del 15 % corresponde a adolescentes menores de 20 años.

Unas 50.000 mujeres, adolescentes y niñas se van de los hospitales públicos por complicaciones por aborto. Muchas de ellas después sufren secuelas, como por ejemplo la esterilidad. En 2010, 52817 mujeres estuvieron internadas en hospitales públicos por complicaciones en interrupciones de sus embarazos. Para el período 2007-2011, el aborto fue la primera causa individual de muerte materna (23%).

 

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