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Cuatro intendentes pampeanos son investigados

La Pampa, provincia de los prostíbulos fantasmas

Las rutas que llevan ganado y conectan la industria agrícola local fueron testigos del tráfico de mujeres que eran trasladadas hasta los prostíbulos ruteros aprovechando los pocos controles policiales. Tras la implementación de la ley de trata, La Pampa es un cementerio de ex cabarets. Infojus Noticias recorrió Santa Rosa y otras localidades en búsqueda de estos locales.

La bienvenida a los pueblos a la vera de la ruta 5, 35 y 151 en La Pampa la daban, hasta hace poco,  los prostíbulos que estaban en las entradas. Entre bosques de caldenes y llanura pampeana, lo primero que cualquier viajero veía eran las luces de los locales que se anunciaban como “whiskerías”. Tras la implementación de la ley de trata y la caída de las resoluciones municipales que los habilitaban, hoy sólo quedan las ruinas: La Pampa es un cementerio de ex cabarets. Cuatro intendentes pampeanos son investigados por la Justiciapor haber tolerado y protegido locales sospechados de explotar mujeres.

Sobre Avenida Circunvalación, en la entrada de la capital pampeana, se ven los restos de cinco lupanares. Los locales están abandonados. Algunos vecinos dictaron su propia sentencia sobre ellos y los incendiaron, como Jarana, cerca de la rotonda del avión. Otros están en alquiler pero nadie se anima a levantar un nuevo negocio donde habitó el horror. Sólo uno, antes conocido como “El rancho” se reconvirtió en una iglesia evangélica.

Los prostíbulos están prohibidos desde 1937 por la ley de profilaxis. Los municipios históricamente han resuelto maniobras para habilitarlos bajo eufemismos: night club, burdeles, whiskerías, clubes nocturnos, saunas, casa de tolerancia. Para 2008 había 35 “whiskerías” habilitadas en La Pampa, una provincia que apenas supera los 300.000 habitantes. El lugar es paso obligado para los camioneros que recorren las rutas argentinas. La estampa campestre se completaba en cada paraje con una gomería, una  estación de servicio y un prostíbulo. “Tenemos dos rutas nacionales importantes que van de sur a norte, la 35 y la 5. Y es una provincia que tiene conexión con el sur. El petróleo que tiene mucha mano de obra masculina trabajando. Además, alrededor de Pico con la instalación del Ejército en el siglo pasado se pusieron prostíbulos” contó a Infojus Noticias Mónica Molina, la ex subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa.

Los vecinos de los pueblos conocían la existencia de los burdeles. Pero tienen miedo de hablar. En Lonquimay, una localidad que no supera los 2.000 habitantes, cuando aparece alguien ajeno al pueblo, enseguida empieza a merodear la policía. “Ya no hay más de esos lugares”, dice un hombre que trabaja en una gomería en El Sauzal, un paraje de la ruta 151, en el lejano oeste pampeano. “Los boliches de las chicas ya no se ven”, cuenta una panadera de Victorica, al norte de la provincia. Estaban a la vista de todos. Lo que no sabían los lugareños era que hasta allí llegaban mujeres de República Dominicana, Paraguay, Bolivia y otras provincias. Lo empezaron a notar cuando fueron rescatadas y algunas decidieron quedarse a vivir en los pueblos.

Así, las rutas que llevan ganado y conectan la industria agrícola local fueron testigos del tráfico de las mujeres que eran trasladadas hasta los prostíbulos ruteros aprovechando los pocos controles policiales. La mayoría no sabía dónde estaban y si tenían la oportunidad de salir lo único que veían era un camino recto y campo, mucho campo.

Los jefes comunales de la trata

“Good Night” en Lonquimay, “La Chicha Show” en Macachín; “El Rancho” en Colonia 25 de Mayo y “El delfín” en General Acha son los más paradigmáticos de la provincia. Detrás de cada uno de ellos están las firmas de los intendentes investigados: Luis Rogers, Jorge Cabak, Elena García y David “Sapito” Bravo. García renunció antes de terminar su mandato pero el resto continúa en sus cargos. El paisaje de los cuatro pueblos es idéntico. La trama detrás de la trata también: los funcionariosfirmaban las habilitaciones con la complicidad del juez de paz local y la convivencia policial.

El jefe comunal más comprometido es David “Sapito” Bravo, intendente de Colonia 25 de Mayo, un pueblo a 415 km de la capital provincial y cerca del límite con Río Negro y Neuquén. Iara Silvestre, la jueza federal-subrogante- de Santa Rosa, confirmó a Infojus Noticias que firmó el viernes su llamado a indagatoria en la segunda causa por trata en la que se lo investiga. Bajito y regordete, “Sapito” alardea haber sido el intendente más joven del país. Ahora puede batir otro récord: ser el primero en estar condenado en dos causas por trata. El año pasado fue sentenciado a 7 meses de prisión e inhabilitación por 14 meses por haber habilitado el prostíbulo rutero “El Rancho”. Sigue en su cargo porque el veredicto todavía no está firme. El segundo expediente es por el burdel Venus. “Sapito” lo habilitó en enero de 2011, cuatro meses después de que el Concejo Deliberante de su ciudad votara la ordenanza para prohibir whiskerías y clubes nocturnos.

“Había una naturalización del funcionamiento de estos lugares como si fuera un trabajo lícito. Los funcionarios sabían lo que habilitaban porque las mujeres estaban inscriptas como alternadores. Decían que servían copas y charlaban con los clientes. ¿Pero para qué les pedían libretas sanitarias con exámenes ginecológicos si sólo hacían eso?”, contó a Infojus Noticias la jueza Silvestre que tiene a su cargo la resolución de los cuatro expedientes.

Las cuatro causas demuestran que la provincia mediterránea fue un lugar de explotación pero también pone de relieve las conexiones federales del sistema prostibulario argentino. Tal es el caso de Macachin, donde se investiga la responsabilidad política del actual intendente Jorge Cabak. Al fondo del pueblo, en una manzana de viviendas rurales y silos con granos funcionaba el ex cabaret “La chicho show”. El lugar era un predio que ocupaba gran parte de la manzana: al frente estaba el salón donde las mujeres hacían las “copas” en un cubículo precario y pequeño con ventanas enrejadas con cemento. Nadie podía salir de ahí. El lugar tenía la barra y los espejos típicos de los lupanares. Y en el fondo había piezas donde los “clientes” accedían a los “pases”. Hoy sólo quedan escombros. Hace poco rompieron la puerta de entrada y desde afuera puede verse la marginalidad en la que eran explotadas las mujeres. La Municipalidad lo sabía porque tenían libretas sanitarias que eran autorizadas por la intendencia. Por este caso, Cabak declaró ante la jueza el mes pasado.

“La chicho show” fue allanado en 2011 por una denuncia de una pareja de tucumanos que habían llegado para trabajar en mantenimiento y tareas domésticas pero la mujer terminó obligada a ejercer la prostitución. Al hombre lo echaron y él denunció a los dueños. Este nexo con la provincia del norte sumado a otro dato llevaron a Susana Trimarco a buscar a su hija desaparecida desde 2002 en ese prostíbulo.

“Contención espiritual para los camioneros”

La conexión con otras provincias no termina ahí. El proxeneta del lugar era Daniel De Luca quien, según distintas fuentes consultadas por esta agencia, hoy regentea una playa de estacionamiento en Mar del Plata. El hombre administraba varios lupanares. Además del pampeano, tenía a su cargo otros en la provincia de Buenos Aires en Saliquelló y Pelegrini. Las víctimas relataron que eran obligadas a rotar por los distintos prostíbulos del dueño. El caso revela, también, los lazos políticos con el delito. El socio de De Luca era Edmundo “Dito” Blas, un exconcejal local, que también está procesado.

El caso más mediatizado fue el de Rogers quien en 2009 defendió públicamente el funcionamiento de los prostíbulos. Dijo que no iba a cerrarlos porque eran lugares de “contención espiritual para los camioneros”. El jefe comunal de Lonquimay desde 2007 está procesado como partícipe necesario desde abril de este año. Fue responsable del funcionamiento de “Good night” un prostíbulo rutero, activo por 8 años, en el que se encontraron víctimas de trata. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca será la que resuelva su situación, la del jefe policial y los proxenetas involucrados. Este caso también revela los lazos que unen al sistema prostíbulario nacional: en la causa se menciona que un camionero dijo haber visto a Fernanda Aguirre, la chica de Entre Rios desaparecida.

De los intendentes involucrados, la única mujer del grupo parece ser la menos complicada en el plano judicial: la jueza sobreseyóa García, de Acha, aunque el fiscal federal, Juan Baric, apeló a esa decisión.

Por ahora son cuatro los jefes comunales involucrados pero podrían ser muchos más. Los prostíbulos funcionaban a lo largo y a lo ancho de la extensión pampeana: Victorica, Telén, Bernasconi, Guatraché, por sólo nombrar algunos. A la vista de todos y con la venia del estado local. Hoy en el fuero Federal de Santa Rosa hay 19 causas judicializadas por trata. Mientras que en la fiscalía son 16 los expedientes en trámite. Los operadores de la justicia y quienes siguen de cerca la temática creen que la explotación sexual continúa en menor escala pero que los proxenetas cambiaron su modus operandi. Los investigadores ahora deben desplegar más tareas de inteligencia para poder dar con ellos.

 

Fotos : Sol Vázquez