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En el día de la Marcha por el Orgullo LGBTIQ Buenos Aires

La ley antidiscriminatoria desde el activismo LGBT antirrepresivo

Qué implicancias tiene que el pedido de ley antidiscriminatoria encabece las consignas de la Marcha del Orgullo LGTB en Ciudad de Buenos Aires.

Imagen : FALGBT
Imagen : FALGBT

Como activistas notamos que en diversos frentes se intensifica un giro a la derecha, una presencia represiva del Estado que apunta contra militantes políticos y sociales (protocolo antipiquetes, flagrancia, figuras del informante y del infiltrado, aumento de penas por tenencia de drogas para consumo personal), estigmatizando migrantes (centro de detención) y atacando trabajadorxs (inflación, ajuste, proyectos de criminalización de huelgas, razzias policiales contra trabajadoras sexuales / mujeres, travestis y personas trans en situación de prostitución) y vulnerando incluso de manera específica a la comunidad LGTB, la que además de padecer los tarifazos y la precariedad laboral, ve cómo se vacían programas que garantizaban derechos sexuales, acceso a testeo de VIH, preservativos gratuitos, etc.

En momentos como este creemos que es legítimo y urgente preguntarnos de qué manera estamos construyendo nuestra agenda de demandas como comunidad. Y qué implicancias tiene que el pedido de ley antidiscriminatoria encabece las consignas de la Marcha del Orgullo LGTB en Ciudad de Buenos Aires. Que sea incluso una consigna tan poderosa y convocante como para pasar por alto el pedido de justicia por el travesticidio de Diana Sacayán o por la violencia policial impune contra Celeste en Tucumán.

Lo que sigue son preguntas abiertas, sin respuestas tajantes ni verdades incuestionables detrás. Son una invitación a que pensemos juntxs la agenda que tenemos, la que construimos. A que revisemos el modo en que se entraman distintas relaciones de poder, dinámicas de violencia y a que imaginemos formas de cuidado y responsabilidades colectivas de cara a ese entramado.

El Capítulo I del proyecto de ley “Prevención de actos discriminatorios” plantea una serie de medidas de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación. Nos preguntamos, ¿es que acaso en esa ciudadanía que se informa no hay travas, putos, tortas, migrantes, personas en silla de ruedas? ¿Qué ideal de “ciudadanía que integra” se construye en la letra de la ley? Y, por otro lado, en un contexto como el que mencionamos, en el que el vaciamiento del estado también impacta y muy fuerte sobre la posibilidad de una Educación Sexual Integral en todos los espacios de formación, ¿creemos que podrían darse verdaderas tareas de sensibilización en torno a temas urgentes para la comunidad LGTB?

En el capítulo II sobre difusión de la normativa de protección contra la discriminación se detalla que debe exhibirse en el ingreso de todos los lugares de acceso público un cartel con la leyenda “Prohibido Discriminar”. En los casos en los que se trate de un lugar privado que se reserve el derecho de admisión y permanencia, se remite al artículo 4 de la ley 26.370 (ESPECTÁCULOS PÚBLICOS “Establécense las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.”) en donde las razones de exclusión deben estar fundadas en “condiciones objetivas” y no suponer actos discriminatorios.

Y aquí se nos abren dos interrogantes, ¿qué derecho a la ciudad tienen/tenemos las personas cuyas opresiones entrecruzadas las convierten en sujetos vulnerables? Ser morochx, torta, puto, trava, ser migrante, ¿qué posibilidades acotan en el acceso a bienes comunes, al ocio en el espacio público? Por otro lado, el hacer mención a los espacios privados nos devuelve a otra reflexión sobre los espacios de sociabilidad LGTB. Es fácil observar que sobre un segmento de nuestra comunidad de clase media blanca más o menos precarizable más o menos habitando el centro de la ciudad viene desplegándose una operación política en la que las opciones sexuales-identitarias se asimilan a pautas de consumo.

Recuperamos un fragmento de un texto de Brot Bord (“Somewhere over the rainbow: mercantilización y asimilación de la disidencia sexual. en Transfeminismos, 2013) “Cuando ya no ha sido políticamente correcto discriminarnos, agredirnos o matarnos; cuando la visibilidad ha crecido y han tenido que tolerar algunas de nuestras diversidades (…) la burguesía se ha percatado de que somos un negocio, y desde esta lógica capitalista es mucho más fácil y fructífero asimilarnos al sistema, heterosexualizarnos, controlarnos y, sobre todo, ponernos a consumir”.

Entonces tal vez no nos discriminen por rarxs, nomás es que el sistema acotó nuestras opciones para ingresar al mercado laboral (por tortas, putos, por travas, por morochxs migrantes). Y por eso es que objetivamente no tenemos plata para entrar al boliche de moda.

Por último, una cuestión clave para pensar la ley es el marco de odio delimitando las maneras de abordar el tema, soslayando el entramado de violencias que pone a funcionar el heterocapitalismo. Dice Kay Whitlock -pensando específicamente en la violencia de género-, “el marco de odio, con su énfasis en la policía, el enjuiciamiento y la penalización es especialmente atractivo porque afirma una distinción clara entre quienes ejercen violencia y quienes no. Nos invita a creer que el problema de la violencia de género es aberrante. No contempla ni concibe el cambio estructural.”

El capítulo VI, las modificaciones al código penal, proponen elevar en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito que se encuadre en el marco del crimen de odio. No tenemos aún recetas infalibles para imaginar qué formas tendría la punición en un sistema emancipado de las violencias estructurales del capitalismo. Pero sí sabemos que en este sistema la punición se entrama a la perfección con esas violencias. Sabemos cuál es el perfil mayoritario de las personas que pueblan las cárceles. Sabemos quiénes tienen acceso a abogadxs sofisticadxs para eludir condenas y quiénes no. Sabemos entonces que una mayor penalidad no sólo no resulta disuasiva del delito sino que difícilmente implicará una situación de bienestar para la comunidad LGTB, por lo menos para aquella que se siente además parte de la clase trabajadora explotada, que migra a las ciudades y siente en la carne el racismo y/o la xenofobia, que sabe que la identidad es también un conjunto de opresiones entrecruzadas que organizan nuestros modos de luchar.

Sabemos que el Estado puede ser más que el monopolio de la violencia. Sabemos que podemos organizarnos y luchar por leyes que amplíen derechos. Nos parece importante no poner en pie de igualdad esas leyes con propuestas de mayor castigo. O por lo menos, darnos un espacio para pensarlo juntxs.