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Entrevista a Daniel Tort

La democracia no desarmó toda la estructura del terrorismo de estado

“La democracia no ha desarmado toda la estructura del terrorismo de estado”, fue una de las declaraciones de Daniel Tort, abogado y conductor del programa radial “La Madre que las Parió” que se transmite a través de la 88.1 FM Noticias, en una entrevista brindada a La Otra Voz Digital.

Avances y retrocesos en las condenas a los represores y genocidas de la última dictadura militar, la repercusión social de la desaparición de Julio López, los privilegios de los que gozan los imputados en los crímenes de lesa humanidad, las deudas con la efectivización de los derechos humanos en el país y Salta, la lucha de los movimientos de mujeres por el acceso y avance en los derechos de las mismas y la despenalización y legalización del aborto son algunos de los temas que recorren esta entrevista.

– En Argentina, la identificación de la violación a los derechos humanos se da básicamente con los crímenes de lesa humanidad, pero aún así y pese a ese reconocimiento, a la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la imprescriptibilidad de estos delitos y a 27 de años del retorno de la democracia, la mayor parte de los represores sigue libre o goza de privilegios como la prisión domiciliaria. ¿A qué se debe esta laxitud de la Justicia aún hoy? ¿Cuánto han obstaculizado y cooperado las leyes de la impunidad y los indultos otorgados por Carlos Menem a esta situación?

Las leyes del perdón impidieron que durante muchos años no se pudieran investigar los hechos. Cabe destacar que fue la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la primera que declaró la nulidad de esas normas, mucho antes de la derogación por el Congreso Nacional. Pero no fueron los jueces de carrera, sino abogados designados Ad hoc, lo que es un mérito para la abogacía de Salta. Evidentemente las leyes de obediencia debida y punto final demoraron todo, sumado a que la Justicia Federal no se compromete como es debido. Hay intereses de clase y vínculos familiares, de amistad, en fin es un círculo en muchos aspecto afín a la ideología de los imputados, y eso influye.

– Una condena ejemplar fue la del genocida Miguel Etchecolatz en 2006, quien fuera Director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, responsable directo del operativo de la Noche de los lápices, supresión de identidad de una menor, de la privación ilegal de la libertad, torturas y numerosos homicidios, además de haber estado al frente de 21 centros de detención clandestina. Jorge Julio López fue querellante y testigo clave en esa causa ¿Cuánto afecta la desaparición de López, pocos días después de la condena, al esclarecimiento y avance de las causas que siguen impunes y al aporte mismo que pueden llegar a brindar los testigos de esos hechos?

La desaparición de Julio López tuvo un claro mensaje para todos los que estamos involucrados en las causas de DD HH. Y el gobierno nacional es directamente responsable del hecho, porque debió aportar seguridad concreta. La causa no se vio afectada porque él ya había declarado antes, pero si logró que muchos otros testigos dejaran de concurrir a los otros juicios. En cierto aspecto la democracia no ha desarmado toda la estructura del terrorismo de estado; ni creo que sea la política de fondo de la Nación; porque eso se observa claramente cuando se trae a declarar a los imputados al Juzgado, que vienen rodeados de personal de inteligencia del ejército, y no como presos comunes. Tienen privilegios inexplicables.

– Teniendo en cuenta esto, el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley, ¿son derechos que aún deben efectivizarse y generalizarse en sentido amplio en Argentina?

Claramente, hay imputados que son más iguales que otros, y el trato que se les dispensa es a veces ridículo. En Salta por ejemplo se permitía a los abogados querellantes estar presentes en las audiencias pero no podíamos hablar, sólo estar. Por eso, para no convalidar esa farsa no fuimos. En cambio a Menéndez por ejemplo, a pesar de haberse abstenido de declarar, se le permitía después que se explayara sobre su ridículo relato de la guerra, de que los jueces eran marxistas ?incluido el que lo escuchaba- y no se lo hizo callar. Una cosa es la garantía del proceso, y otra los privilegios de los asesinos seriales para un acto como ese.

– En otro caso puntual, que no deja de tener similitudes con la actuación general de la Justicia ¿A qué cree que se debe la lentitud en la causa sobre la desaparición del Dr. Luis Arédez en la provincia de Jujuy y en particular a que el juez federal de esa jurisdicción, Carlos Olivera Pastor no avanzara en el pedido de detención de Juan de la Cruz Kairuz, solicitado en septiembre de 2009 por el fiscal Domingo Batule?

El Juez Olivera Pastor es el ejemplo claro de lo que dije, es un hombre sin convicción, que tiene el pedido del fiscal Batule sin resolver, para no tener que detener a Kairuz porque el delito no es excarcelable, y si lo llama a indagatoria debe detenerlo. Son los privilegios que no se entienden, si alguien que roba una bicicleta es requerido por el fiscal, ya estaría preso. En Jujuy se hicieron escraches de los organismos de DD HH, al juez, pero todo sigue igual. En Salta, este juez se ha dado a sí mismo noventa días para resolver Palomitas I, que vence en Marzo. Mientras le ha dado la eximición de detención a Espeche. Un absurdo.

– Esta causa lo toca de cerca, porque Ud. debió enfrentar un juicio por calumnias e injurias que le iniciara Kairuz por la presentación de una serie de artículos periodísticos a la Comisión Directiva del Club Gimnasia y Tiro de Salta, cuando éste iba a ser designado como DT de dicha institución. ¿Por qué a pesar de haber prescripto la causa decidió continuar con el proceso, aún con el riesgo de ser condenado? ¿Cuál fue el aporte de ese juicio a la causa de la desaparición del Dr. Arédez?

La querella de este sujeto fue un acto de cobardía, porque en vida de Olga Márquez de Arédez, no hizo absolutamente nada. Una vez que ella falleció, se hizo el ofendido, cuando ya había publicaciones de Clarín, Página 12, La Voz del Interior, y varios libros que lo imputaban. La estrategia fue dejar que el juicio se hiciera, para recabar pruebas que ahora se acumularán en Jujuy, y todas esas pruebas son adversas al sujeto. Los testigos fueron claves, y han aportado valiosos testimonios, como por ejemplo que estando detenido Arédez, en Marzo de 1976, le contó a otros presos que quien manejaba la camioneta del Ingenio Ledesma que lo detuvo, era Kairuz. Está todo dicho.

– ¿La Corte de Justicia de Salta debe resolver todavía una presentación sobre esto?

La Corte tiene para resolver un Recurso de Casación planteado por Kairuz para que se revoque mi absolución y se me condene a prisión y pago de indemnizaciones, pero su abogado dejó vencer el plazo para presentar memoriales, y además se derogó parcialmente la figura de la injuria en el Código Penal. Es previsible que la Corte confirme la absolución, pero de todos modos hay que esperar. Lo claro es que aún cuando la justicia me sancione, toda la prueba del juicio lo incrimina a Kairuz y eso es lo verdaderamente importante.

– Fuera de los crímenes de lesa humanidad en Argentina, ¿cuáles son las deudas más evidentes en términos de derechos humanos en nuestro país?

Claramente la existencia de una política de gatillo fácil, que en las clases marginadas de la economía, hace estragos. El último informe de la CORREPI lo confirma. Pero como esas muertes no salen en TN, no se la considera como un perfil de la inseguridad. Esta visión es sólo para las clases pudientes; si matan en un asalto en un barrio acomodado, hay inseguridad, si ocurre en una villa contra un pobre no, y esa es política de estado que hay que corregir. Y por supuesto el cambio en serio en la distribución de la renta, para que se respete el derecho a alimentarse y vestirse, y tener salud y educación. La asignación universal es un paso importante, digan lo que digan los que siempre se oponen a todo, pero no alcanza. En los comedores de los barrios carenciados se nota que ha mermado la concurrencia, ahora hay chicos que comen en su casa, pero sigue siendo poca cosa.

– ¿Por qué la democracia en nuestro país y en el mundo no ha logrado subsanar la permanente violación a los derechos humanos, especialmente los de segunda y tercera generación? Para ir acotando nuestro universo, ¿qué situaciones deben saldarse con urgencia en Salta?

En Salta existe una política de Estado muy clara, se pone el acento en la seguridad, pero es igual que el panorama nacional. La seguridad es para la plaza y alrededores. La policía en los asentamientos y barrios pobres es signo de inseguridad. De allí salen todos los fines de semana los clientes fijos del sistema penal; todos morochos y pobres. Hay discriminación por cara y vestimenta. ¡Vaya si habría que cambiar! Pero el signo de gobierno es conservador. Urtubey habla de preocuparse por los pobres -que él llama ?sectores vulnerables? para disimular la pobreza- pero no hay que preocuparse; hay que OCUPARSE, y para eso debería cambiar su papel de mero administrador de los negocios de su clase, claramente oligárquica. No basta con tener una Secretaría de DD HH, que para todo este panorama está pintada. ¡Hasta depende del mismo ministerio que la Policía! El Estado no puede ser tutor de los DD HH, tiene que serlo la sociedad civil, porque las violaciones de los derechos fundamentales emanan precisamente del Estado, no se puede ser juez y parte.

– Si bien los derechos humanos se basan en el concepto de igualdad, las luchas llevadas adelante por los movimientos de mujeres dejan al descubierto un trato desigual, como la ley de trata de personas que establece penalidades ínfimas para los tratantes y exime de culpa al prostituyente (?cliente?); la puja por una participación igualitaria en la política partidaria a través de las leyes de cupo que aseguren la paridad de género, la falta de una figura legal que tipifique el feminicidio; la despenalización y legalización del aborto; la reincorporación al Código Penal de la figura del infanticidio y la contemplación aún vigente del avenimiento en el Código Penal argentino. ¿A qué cree que se deben estos ?obstáculos? en materia legislativa? ¿Considera que hubo además una falta de contemplación y de acompañamiento de estas realidades por los grupos que militan en pos de los derechos humanos?

Los poderes del Estado no hubieran dado muchas de las respuestas que se han otorgado en materia legislativa, si no hubiera habido un trabajo de base de las organizaciones, de los intelectuales y del periodismo comprometido con la cuestión. Para mí existe un amplio espectro de organizaciones que hacen un muy buen trabajo, pero a veces no se nota porque existen estructuras culturales centenarias que no son fáciles de cambiar, sobre todo las pautas culturales, que en el hombre y la mujer del norte argentino es una pauta ancestral del silencio. Cuesta convencer para desarrollar criterios de igualdad. Y los legisladores que surgen de entre esa misma población tienen las mismas características. ¡Claro que habría que penar al cliente!, y con penas más severas que las de las figuras actuales. El abuso infantil debería ser en todos grados de participación no excarcelable. Estoy a favor de la despenalización del aborto, no de la legalización lisa y llana.

– ¿A qué se refiere con legalización lisa y llana?

En Cuba existe la legalización lisa y llana. Es una prestación más de salud, y existe prácticamente un carnaval de abortos. No existe ningún requisito previo, solamente la voluntad de la madre, y nunca siquiera la opinión del padre, ni a éste se le exige ninguna obligación.
La despenalización con legalización reglamentada, es otra vía, en la que nunca se pena la decisión, y la salud pública presta atención a la persona que lo requiere, pero existen pasos previos de asistencia psicológica, social y sanitaria, y una vez cumplidos esos pasos se respeta siempre la voluntad de la madre. Pero no es un simple trámite.
Esto porque como defensor de los DD HH, y por ello de la vida, tengo una contradicción que es insalvable, porque la vida en gestación también es una vida. Y si es totalmente libre el aborto, nunca tiene derecho a decidir. Por lo tanto en esos pasos previos alguien debe representar al gestante que no puede expresarse.
Todos tenemos esa contradicción. Quienes defendemos la vida, debemos ver de tutelar el mayor espectro posible de ellas. También tengo conocimiento preciso de cómo se mueren las adolescentes pobres que llegan a los hospitales con sepsis insalvables. No podemos dejar de contemplar ambos extremos, ni que se mueran las mamás pobres, mientras las ricas no corren riesgos. Pero la decisión no debe ser lisa y llana con la sola petición de la madre. Debe ser la última etapa, descartadas todas las otras posibilidades que el Estado debe ofrecerle a la mujer. Esa es una organización correcta. Claro que es mucho más compleja y al Estado le es más barato y fácil legalizar con sentido amplio.

– En su rol de militante y también de abogado, ¿considera que los distintos Poderes y especialmente la Justicia en Salta, perpetúan un trato dispar que termina institucionalizando la violencia de género? Ej.: invisibilizar la violencia de género, con la denominación violencia familiar, la mediación obligatoria en estos casos en alimentos, tenencia, régimen de vistas, etc.

La justicia de Salta, la sociedad toda, es sexista. El caso de Mirta Sisnero es una muestra clara de ello, y eso que en la Corte hay dos mujeres; solamente el presidente Posadas votó a favor de ella, lo que no deja de sorprender. La mediación obligatoria es un absurdo, hay detrás de ello un negocio de la educación privada, y una tardía moda traída de EE.UU., que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. ¿Qué tiene de método alternativo la mediación si ahora es obligatoria? Es de la esencia de ese método la voluntariedad de las partes, pero como de esa forma no tenían clientela, lograron hacerla obligatoria. Es una estupidez. Son pautas nacidas del Consenso de Washington en los años setenta, y nosotros copiamos. En vez de invertir en más juzgados y en políticas sociales, privatizamos el servicio de justicia.

– ¿Cuánto suma la incidencia de la Iglesia Católica y de otros credos a mantener las desigualdades en los derechos civiles, económicos y sociales y muy especialmente en los derechos de las mujeres y de las minorías, como el colectivo LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgénero e Intersex)?

La iglesia católica y las otras, son claramente socios de un mismo sistema, y por ende es coherente que se opongan a los cambios. La prostitución existió siempre y nunca tuvieron mayores reparos; por el contrario era algo medianamente aceptado. La visualización actual molesta a los cánones arcaicos; a escondidas está bien ¡pero exhibirlo no! La actividad de esos colectivos, ha generado una movida que se ha hecho inocultable. Y por eso han tenido que salir a confesar los hechos de pedofilia dentro del mismo seno de la iglesia que antes se tapaban.
Creo que en la vida privada y en particular en las preferencias sexuales, nadie, absolutamente nadie tiene derecho siquiera a opinar. Pero sólo en la vida privada. Como socialista convencido, no puedo aceptar que se legalice la prostitución, que es un negocio del capitalismo. Es el poder del dinero. Todas las personas cualquiera sea su preferencia u opción sexual deberían tener acceso al mundo del trabajo, no puede ser la prostitución la única vía. La explotación del cuerpo humano, en una fábrica o en una cama es eso, explotación y degradación por cuenta de otro, y repito, no encuadra en las bases socialistas. En Suecia por ejemplo, es delito federal.

– ¿Podría resumir las conquistas fundamentales en materia de derechos humanos en los últimos años?

En Argentina el gran avance ha sido la política de DD HH del gobierno nacional, los juicios a los genocidas, y la reivindicación de los pueblos primordiales. Pero mientras se mantenga un sistema económico liberal, la exclusión y la desigualdad irán aumentando y sobre esto no hay voluntad estatal de cambiar.

– ¿Agregaría una reflexión final?

Como reflexión final, el 10 de Diciembre sólo sirve para concientizar, pero la lucha por los DD HH debe ser permanente. De todos los días, todas las horas. Si no es así, el Estado a través de sus poderes avasalla, discrimina, y mata.