Noticias Destacadas

Este lunes la sentencia

“La Armada operó como fuerza de ocupación contra la clase trabajadora”

Por primera vez en un juicio de lesa humanidad en La Plata, se juzgó el accionar represivo de la Armada. Concentrado en la Fuerza de Tareas 5, se comprobó que el principal objetivo era aniquilar la fuerza gremial y política de los trabajadores del Polo Industrial. Este lunes, tras el alegato de las defensas, está prevista la sentencia.juicioarmadalaplata_1rr

Al bajarse de una lancha, Ana María Nieves cerró los ojos y sintió que escuchaba los mismos gritos de aquellos verdugos que la tabicaron a fines de los ´70.  La habían detenido por su militancia como delegada sindical de Astillero Río Santiago. Pero ahora, casi cuarenta años después, no se frenó: siguió caminando por el mismo lugar donde la condujeron a la tortura. Se olvidó que, junto a ella, iban fiscales, periodistas y jueces.

De repente, después de andar varios pasos hasta subir cinco escalones, los abrió y dijo: “Este es el lugar. Sé que está destruido y lo modificaron, pero es el mismo trayecto. Camino y me doy cuenta que fue acá”. Nieves, junto a otros sobrevivientes, reconocieron hace unas semanas sus lugares de cautiverio en la Escuela Naval, durante una inspección ocular previa a los alegatos por la megacausa “Armada” de La Plata. Lo hicieron con los ojos cerrados, para recrear el modo en que estuvieron presos. Con esta última prueba testimonial, se comprobaron los sitios de detención del accionar represivo de la Fuerza de Tareas 5 en el cinturón industrial de Berisso, Ensenada y La Plata. Este lunes, el caso de Nieves y de otras 40 víctimas volverán a tratarse en lo que se prevé como la última audiencia del juicio. Se espera que, después del alegato de las defensas y de las palabras finales de los imputados, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata presidido por el juez Carlos Rozanski dicte sentencia.

Cinco ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura están siendo juzgados desde el 13 de julio por secuestros, tormentos y homicidios. Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró. También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza, mientras que Osvaldo Tomás Méndez, que iba a ser también juzgado, falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso. En los alegatos, la fiscalía pidió perpetua para los jefes represivos Errecaborde, Fernández Carró y Guitian, 25 y 22 años de prisión para Schaller y Rocca, 25 para Meza, y 6 años de prisión para Vañek y Herzberg. El pedido sobre éstos últimos son potencialmente bajas porque están acusados por la privación ilegal de la libertad de una sola víctima.

Para la fiscalía, representada por Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, el proceso no dejó dudas: se montó un aparato de poder desde la Marina que secuestró y aplicó tormentos en el Polo Industrial, una zona que estaba fuertemente sindicalizada y con una fuerte actividad política. Una serie de puntos fueron destacados en  “un juicio inédito, es la primera vez que en La Plata se sabe cómo fue que actuaron la Armada y la Prefectura, porque los procesos anteriores analizaron sólo el accionar del Ejército”, según destacó Schapiro a Infojus Noticias. Como primer punto, se referenció la dimensión del raid represivo, que no estuvo centralizado en un centro clandestino de detención en particular, sino en un circuito conformado por el Batallón de Infantería de Marina 3, ex Liceo Naval, el Hospital Naval y la sede de la Prefectura en Berisso.

Casi como si fuera una “fuerza de ocupación” sobre el Polo Industrial, que concentraba una enorme cantidad de trabajadores sindicalizados y en la militancia política, la Fuerza de Tareas 5 dirigió su centro de acción e inteligencia hacia las empresas Swift, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF. En los ´70, había aproximadamente entre 15 y 20 mil trabajadores. Muchos de ellos fueron fichados por la inteligencia represiva.

En segundo lugar, la represión se focalizó en disciplinar a los trabajadores. La mayoría de las personas secuestradas fueron delegados, gremialistas y miembros de comisiones internas. En complicidad con los directivos de las empresas –en un capítulo que se abrió en este juicio y promete ser investigado en próximas instrucciones – se frenó cualquier tipo de reclamo laboral. El testimonio de Carmelo Cippolone, ex delegado de Propulsora Siderúrgica secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, evidenció el posible nivel de connivencia entre empresarios y militares. “Tengo la sospecha de que Néstor Corteletti, mi exjefe de Personal de Propulsora, fue el que me marcó”, dijo y señaló también al abogado de la empresa, de apellido Fidanza, como una de las personas que también “andaban marcando gente”.

Un alegato particular

En una exposición no habitual en juicios de lesa humanidad, los fiscales pidieron el dictado de una medida cautelar de carácter reparatorio, dirigida a ordenar a la empresa Astilleros Río Santiago y a los estados nacional y provincial para que paguen una “dispensa” para las víctimas y los familiares de los fallecidos. Calificando a los delitos como un genocidio que atentó contra el Derecho de Gentes, argumentaron a favor de la medida “hasta que se dicte una ley que contemple su debida indemnización por la pérdida de sus trabajos y las consecuencias que ello generó durante los años siguientes”. Y concluyeron: “Los tribunales penales deben tomar como propia la obligación reparatoria, además de la sancionatoria”.

El juicio, además, puso en el centro de la escena la coordinación entre la Armada y las otras fuerzas de seguridad, como la policía provincial y el Ejército. Prueba de ellos son las tres víctimas desaparecidas de este juicio, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, pleno centro de la capital bonaerense.

La Armada Argentina funcionó reorganizando sus once Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país y en la región de La Plata, Berisso y Ensenada operó a través de la denominada Fuerza de Tareas Nº 5. Los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora -grupo Techint-, el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras.

Según quedó acredito por testimonios, mientras la dictadura cívico militar benefició a algunas empresas –como Propulsora Siderdúrgica, del Grupo Techint- persiguió duramente a los trabajadores sindicalizados. La zona del puerto es uno de los enclaves fabriles clave de la región. Forma parte del cordón industrial bonaerense –incluye a Berisso, Ensenada y el río Santiago- y allí se concentran, además del tráfico de aduana, grandes industrias como YPF, Astilleros Río Santiago, IPAKO, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Mosconi.

Los investigadores descubrieron, además, que existió “un contexto de persecución contra los trabajadores previo a los militares”. En efecto, precisaron que la intervención de los marinos en el terrorismo de Estado estaba prevista en el denominado Plan de Capacidades C.O.N Nº 1 “S”/75, conocido como “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975, en el marco de las previsiones que había implementado el entonces flamante Consejo de Defensa, un organismo creado en los decretos de “aniquilamiento de la subversión” firmados durante el gobierno constitucional.

El “Placintara” estableció que la Armada Argentina “debe operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FF.AA, detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado”. Los fiscales remarcaron que, en ese contexto, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, comenzaron a funcionar en su jurisdicción cuatro dependencias como centros clandestinos de detención: la ex base naval, la sede de la Prefectura, el BIN3 y el Hospital Naval Río Santiago.

 

Imagen : Infojus Noticias