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Alika Kinan

Juicio del Fin del Mundo: de la hipocresía a la reparación

La sentencia por trata de personas en Tierra del Fuego, cuya demanda fue sostenida por una de las víctimas, explotada en el local Sheik de Ushuaia, hace historia en un dictamen que reconoce el delito y la responsabilidad del municipio.

Imagen : Notas
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En la tarde del miércoles 30 de noviembre de 2016, en Ushuaia, la doctora Ana María D`Alessio leyó, en nombre del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, el dictamen por el que se resolvió condenar a Pedro Eduardo Montoya como autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 7 años de prisión más multa, y a Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca, como partícipes secundarias del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso.

La originalidad de esta sentencia -además de establecerse la culpabilidad de las tres personas demandadas por Alika Kinan por ser propietarias y administrar respectivamente el local Sheik donde fue víctima de explotación sexual- es que se dispone el pago solidario de $780.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios a García y Montoya y a la Municipalidad de Ushuaia.

También se falló el decomiso de la moneda y de los bienes secuestrados para la devolución  a las víctimas según lo que se disponga de acuerdo a lo reclamado por ellas y  que el dinero que no esté afectado a devolución se transfiera a la Oficina de Rescate y Acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los otros dos jueces integrantes del tribunal fueron Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, quien firmó en disidencia parcial y cuyas especificaciones podrán conocerse el 7 de diciembre cuando se den a conocer los fundamentos

Vamos a seguir

Luego de conocerse el veredicto, Alika Kinan manifestó: “Vamos a seguir porque son miles las víctimas y son miles las demandas que vienen de aquí en adelante, esta es la primera”. Con respecto a las expresiones que desde Ushuaia pretendieron amedrentar su participación, Alika agregó que “cada cual sabe de qué lado está” y que “hay mucho desconocimiento”. En referencia a la sentencia, dijo: “Esto no me repara a mí, no repara a mi familia, yo creo que hay que continuar por muchas otras mujeres que todavía están en esta situación”.

El fiscal de distrito, Adrián García Lois, se manifestó conforme con las condenas en líneas generales: “se logró el decomiso del local y de la camioneta además de la multa que hemos pedido, estamos conformes, esperábamos una pena un poco más alta, al cambiar la participación de dos personas, las penas se redujeron sensiblemente”. Afirmó también que la sentencia marca un hito en el sentido en que  responsabiliza a un municipio y lo condena a una indemnización civil y eso abre las puertas a otras víctimas. “Nosotros estamos conformes en líneas generales, habíamos pedido la co-autoría a los tres imputados. Lo más importante para nosotros es que acá había que dar un paso más allá con respecto a lo que es el concepto de trata”.

Por su parte, Marcela Rodríguez, abogada de la querella, sentenció que “el Estado debe pagar los daños que ha contribuido a ocasionar” y habló sobre los indicios para que otras víctimas puedan llegar a una reparación, que es lo que los instrumentos internacionales reconocen. “Lo más importante en este juicio ha sido la valentía tanto de Alika como de la otra testigo que en estos cuatro años es la primera vez que se animó a declarar, no lo había hecho en el momento del allanamiento ni posteriormente”, expresó.

Según Rodríguez, las demandantes contaron experiencias desgarradoras de sus vidas mientras el resto se refería con eufemismos: “Se hablaba  del lugar donde había citas, la confitería, el lugar de encuentros, el local ese al que yo no iba,  mientras las mujeres nos hablaban de violaciones, de violencia sexual, cómo eran compradas como mercancías, cómo eran pasadas de un prostíbulo a otro, el propio abogado de la defensa lo dijo que las pasaban de un prostíbulo a otro en un estado proxeneta”.

Complicidad del Estado

Alika se refirió a la hipocresía en torno al delito de trata: “hoy no solamente estamos llevando a juicio a los proxenetas sino al Municipio que creó un terreno fértil, como también lo creó la provincia, y no es la actual gestión ni las anteriores, fueron muchísimas otras gestiones por las cuales pasaron muchísimas otras mujeres, acá no apuntamos a una persona, estamos apuntando a la sociedad”.  Manifestó que cree que todavía hay casos de trata y explotación sexual en Tierra del Fuego y que no están siendo visibilizados. “Yo no llevo a juicio a la sociedad yo le pido ayuda a la sociedad, para que todos participen activamente en la reparación”, subrayó.

Marcela Rodríguez se pronunció a raíz de la pena que se juzgó para las mujeres imputadas y que según su parecer no fue acorde a lo que declararon las víctimas, con respecto a sus comportamientos y acciones, “se trataba de tres personas y cada una tenía su rol, se distribuyeron funciones, definitivamente Montoya tenía un rol protagónico, pero considero que han sido penas bajas”.

Al respecto, Alika dijo: “todos sabemos que la justicia es garantista, yo esperaba que fuera prisión inmediata y efectiva…una manera de reparar era verlos salir presos de acá” y en relación a las posibles demandas de otras víctimas subrayó que incluso las mujeres que hoy no reconocen su explotación, pueden llegar a este proceso y se refirió a los 20 años que pasaron desde que ella comenzó a ser prostituida. “La respuesta no está en el hoy está en la historia de cada una de nosotras”, enfatizó.

García Lois se refirió a que la propia Corte Suprema ha establecido que hasta que no quede firme la sentencia condenatoria no es posible la detención preventiva en el momento del fallo. Y destacó el esfuerzo compartido por todo el Ministerio Público para el logro de este dictamen, en especial destacó la participación de Marcelo Colombo, a cargo de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).

El futuro

Con respecto a la incidencia de este fallo en el proceso a próximas demandas, Rodríguez afirmó que hay mujeres que quizás en este momento no puedan llegar a plantearse estar en frente de los tribunales pero que tal vez hayan empezado a transitar el camino y subrayó que hay otras víctimas que en este momento están siendo querellantes en el país. Manifestó que  escuchar las voces de las sobrevivientes de la trata fue fundamental para lograr que los jueces adoptaran esa decisión y que lo que ocurre en Ushuaia se replica en otros lugares del país: “acá lo que sucede es que hubo ordenanzas que han permitido, facilitado, habilitado la actividad, que convirtieron a la provincia en una especie de co-socio de la explotación”.

Kinán dijo que hay provincias que mantienen las habilitaciones e incluso las libretas sanitarias. “Eso es lo que se tienen que replantear, gracias a los funcionarios cómplices  que nos administraban como si fuéramos ganado, muchas se han suicidado y se han arruinado miles vidas. A ellos hay que hacerles juicio”.

Aún no se sabe si se presentarán apelaciones al fallo, pero mientras se espera la lectura de los fundamentos, Alika agradece el apoyo de las organizaciones que no solo lo expresaron a viva voz sino que pusieron su presencia para sostenerla.

Viviana Caminos, presidenta de Ratt Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), ONG que trabaja en la concientización y prevención de este delito, expresó que “solo los Estados violan los Derechos Humanos”, y se refirió a que “todo atentado contra la vida, la integridad, la dignidad y la libertad esencial de un ser humano, es una transgresión de normas éticas fundamentales”.

Según sus expresiones era claro que en Ushuaia el gobierno municipal violaba sistemáticamente los derechos humanos de aquellas personas a quienes exigía libretas sanitarias con controles de salud diferentes a la de otras personas empleadas (por ejemplo, exámenes ginecológicos) y habilitaba locales nocturnos a sabiendas de que allí se explotaban mujeres. “Estas libretas se pedían para proteger la salud de los clientes.prostituyentes y no de las personas allí explotadas. Era todo un sistema que toleraba y alentaba el negocio de la prostitución por parte de los mercaderes del sexo ajeno. Alika nunca se enriqueció, Alika es pobre. Esa es la diferencia”.

*Doctora en Ciencias de la comunicación Social