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Informe 2011 sobre Trata de Personas

ARGENTINA (Categoría 2)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país. La zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas de la trata con fines de explotación sexual y una zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes de Paraguay. Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú y en menor grado, de Brasil y República Dominicana son forzados a ejercer la prostitución en Argentina. Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte del país son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios. Funcionarios informaron que en la Capital Federal podrían existir víctimas de la trata con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Durante el período que abarca el presente informe, el gobierno argentino identificó una cantidad significativa de ciudadanos argentinos y bolivianos sometidos a trabajo forzoso en áreas rurales. El turismo sexual infantil ocurre en la zona de la triple frontera y en Buenos Aires. Argentina es un país de tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile, Brasil, México y Europa Occidental. Asimismo, algunas mujeres y niñas son encontradas ejerciendo la prostitución forzada en Europa Occidental. Las extensas fronteras de Argentina dificultan el monitoreo y convierten al país en lugar de tránsito para los tratantes y sus víctimas.

El gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido. Durante el año pasado, el gobierno de Argentina identificó un número récord de víctimas de la trata que incluyeron una importante cantidad de víctimas del trabajo forzado. Se incrementaron las acciones judiciales y condenas de los tratantes y subvencionó diversos refugios para las víctimas de la trata, algunos de los cuales fueron inaugurados durante el período en cuestión. No obstante ello, la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas; los servicios especializados continúan siendo dispares en todo el país y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata.

Recomendaciones para Argentina:

Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, persecución penal y condenas a los tratantes y personas vinculadas al delito de trata, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito; considerar la modificación de leyes para asegurar que las causas no sean desestimadas sobre la base del consentimiento inicial de las víctimas a su explotación y fortalecer las garantías para las víctimas; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los activos relacionados con este delito; continuar aumentando la cantidad de investigaciones sobre los delitos de trabajo forzoso y los relacionados con la servidumbre doméstica en zonas rurales y urbanas y hacer judicialmente responsables a las empresas cuyas cadenas de abastecimiento se benefician del trabajo forzado; destinar más recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel nacional y provincial junto a las ONG; continuar con las capacitaciones en materia de trata para agentes de seguridad, fiscales, jueces y demás funcionarios públicos; desarrollar e implementar protocolos para funcionarios a nivel provincial/municipal a fin de identificar y asistir a las víctimas de la trata; fortalecer la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los provinciales, y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente mediante el desarrollo de un plan nacional contra la trata de personas e implementar esfuerzos a nivel nacional para concientizar sobre todas las formas de trata.

Persecución penal

El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley de combate a la trata de personas y también incrementó en forma significativa los esfuerzos para investigar el trabajo forzado en áreas rurales, si bien la Relatora Especial de la ONU sobre Trata de Personas, citando a las ONG y a los medios como fuente, informó sobre niveles significativos de complicidad oficial en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales y de miembros de las fuerzas de seguridad de esos distritos. Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prescribe penas privativas de la libertad que van de tres a quince años, según los agravantes. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y equivalentes o superiores a las estipuladas para otros delitos graves como la violación. La actual ley de combate a la trata permite que los fiscales o jueces pongan en duda la validez del consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad, aún cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción. Distintas comisiones parlamentarias debatieron modificaciones al respecto en la actual ley, entre otras cuestiones. En febrero de 2011, las autoridades argentinas anunciaron que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en todas las causas de trabajo forzado, un notable avance que puede disminuir la presión sobre las víctimas de trata por iniciar acciones legales mediante la presentación formal de una denuncia contra las personas que las sometieron a la trata. En un esfuerzo interministerial, las autoridades aumentaron significativamente la cantidad de investigaciones de delitos relacionados con el trabajo forzado durante el período que abarca el presente informe. No obstante, las acciones penales por delitos relacionados con el trabajo forzado fueron pocas en relación con la cantidad de causas judiciales por prostitución forzada. El único caso de delito relacionado con trabajo forzado que la Justicia concluyó desde la aprobación de la ley de combate a la trata de personas en 2008 resultó en absolución. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas durante los allanamientos llevados a cabo en investigaciones de trata. En 2010, las autoridades realizaron 107 investigaciones preliminares y a fines de 2010, existían 78 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país. Durante el período que cubre el presente informe, la Justicia logró condenar a 15 personas relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con penas privativas de la libertad que fueron de 2 a 15 años. Esto representa un aumento significativo en la cantidad de condenas con respecto al año anterior en el que las autoridades informaron sobre tres condenas por trata de personas con fines de explotación sexual, con sentencias que variaron entre cuatro años de arresto domiciliario a 10 años de cárcel.

Además de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, que también interviene en casos de secuestros, al menos diez provincias mantuvieron sus propias unidades especializadas de aplicación de la ley para investigar casos de trata. Según algunas organizaciones no gubernamentales, existió una débil coordinación entre los funcionarios de las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales. Como la trata es un delito federal, algunos casos pueden ser investigados o perseguidos penalmente a nivel local al igual que otros delitos como promover o facilitar la prostitución, y no ser transferidos a las autoridades apropiadas. Las autoridades argentinas buscaron asociarse con gobiernos extranjeros como el de Paraguay para investigar varios casos de trata. El gobierno continuó la capacitación en temas de trata de personas y asistencia a la víctima para funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios. Sin embargo, se necesita intensificar la capacitación de funcionarios en temas relacionados con la investigación y el procesamiento adecuados de los delitos de trata así como también con la manera de identificar y asistir a las víctimas. Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios
provinciales, municipales e inclusive, en menor medida, nacionales participan directa o indirectamente en la trata de personas. Según lo informado, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes. Las ONG manifestaron que en algunos casos, funcionarios provinciales o nacionales a cargo de investigar casos de trata o de asistir a las víctimas estaban denunciados en el fuero penal, eran corruptos o ineficientes. En 2010, el jefe de la unidad anti-trata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la UFASE realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la policía de Buenos Aires en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de estos burdeles se explotaban niños. En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.

Protección

Durante el período que abarca este informe, el gobierno incrementó los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de trata aunque varios legisladores y ONG manifestaron que los recursos que el gobierno asignó a estos esfuerzos parecieron ser insuficientes en comparación con la gran cantidad de víctimas identificadas, así como la disparidad de los servicios en todo el país. En enero de 2011, las autoridades lanzaron un programa más riguroso de inspecciones laborales dedicado a áreas rurales, que brinda a los inspectores laborales, en teoría, herramientas actualizadas para verificar la información sobre la modalidad de inscripción de los trabajadores. Anteriormente, las ONG hicieron notar que los inspectores laborales no contaban con capacitación suficiente para poder identificar a las víctimas de trata. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos proactivos similares para identificar a las víctimas de explotación sexual entre poblaciones vulnerables como es el caso de mujeres en la prostitución. El gobierno nacional mantuvo un refugio temporario en la capital para asistir a las víctimas de trata antes de declarar. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales trabajaron junto a una ONG en cuatro refugios para mujeres y niños víctimas de trata sexual en todo el país, tres de los cuales fueron inaugurados durante el período que abarca este informe. Uno de los refugios fue administrado por una ONG mientras que los otros incorporaron a profesionales pagos por el gobierno, capacitados y asistidos por la ONG antes mencionada. Casi todos estos refugios tienen un régimen ?cerrado? y no permiten que las víctimas salgan a voluntad. En áreas que no cuentan con estos refugios especiales, las víctimas de la trata pueden ser derivadas a refugios para víctimas de violencia doméstica o para niños en situación de riesgo, que son públicos y operados por el gobierno, aunque no estuvo claro si durante el período del informe estas instituciones asistieron a víctimas de trata. En otros casos, las autoridades ubicaron a las víctimas en hoteles, algo que según las ONG, hizo a las víctimas más vulnerables a la intimidación o pasibles de ser secuestradas por los tratantes. De acuerdo a estas organizaciones, la calidad y el nivel de asistencia a las víctimas varía significativamente según la provincia. El gobierno no brindó asistencia especializada ni refugios para víctimas adultas de sexo masculino.

La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas del gobierno, que cuenta en Buenos Aires con un equipo interdisciplinario compuesto por diecinueve personas brindó asistencia inmediata posterior al rescate a algunas de las víctimas rescatadas tales como acceso a servicios legales, médicos y psicológicos. En 2010, esta oficina informó haber rescatado y asistido a 569 víctimas de la trata, de las cuales, más del 80 por ciento eran adultas. Las ONG no coincidieron en sus evaluaciones sobre la efectividad de la oficina. Los gobiernos de las provincias de Salta y Chaco mantuvieron sus propias oficinas de asistencia a las víctimas. Las autoridades argentinas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes; sin embargo, algunos funcionarios informaron sobre deficiencias en la protección brindada a las víctimas que declaran en causas de trata. Si bien la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de brindar asistencia a las víctimas de trata luego de que hayan colaborado en los procesos judiciales, los esfuerzos de reintegración brindados a las víctimas fueron limitados. La Secretaría no informó sobre fondos destinados a brindar servicios a las víctimas y algunos funcionarios manifestaron que los mecanismos de asistencia a las víctimas eran con frecuencia poco claros. No hubo informes específicos sobre víctimas identificadas que fueran encarceladas o penalizadas por cometer actos ilícitos en relación directa con la trata. Durante el período cubierto por este informe,
las autoridades informaron haber dado residencia temporaria a algunas víctimas extranjeras. La política de inmigración argentina contempla la posibilidad de otorgar residencia permanente, si bien esta disposición no se aplica solamente a los casos de trata. No hubo informes de víctimas extranjeras de trata que recibieran estos permisos de residencia durante el período que abarca este informe. El gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada.

Prevención

El gobierno de Argentina sostuvo actividades de prevención limitadas: varios gobiernos provinciales organizaron campañas contra la trata, aunque el gobierno no informó sobre ninguna acción de concientización a nivel nacional. Si bien el gobierno no posee un plan nacional contra la trata, las autoridades conservan una mesa redonda para debatir sobre el tema. La UFASE publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2010 y la Oficina de Rescate publicó en varias oportunidades estadísticas a través de la agencia nacional de noticias. La Ciudad de Buenos Aires estableció un comité de lucha contra la trata. Las ONG manifestaron que la coordinación insuficiente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales seguía obstaculizando la efectividad de los esfuerzos contra la trata de personas como así también, la limitada o inexistente financiación para las iniciativas provinciales o locales contra la trata. El Código Penal Argentino no prohíbe específicamente el turismo sexual infantil, aunque sí prohíbe mantener sexo con menores y el gobierno no informó haber investigado, procesado o condenado a ningún ciudadano argentino por delitos de turismo sexual infantil en el exterior. El gobierno brindó capacitación para el combate a la trata de personas a tropas argentinas previo a su despliegue en operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos para reducir la demanda del comercio sexual.

FOTO: airedesantafe.com.ar