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Instituto Nacional de las Mujeres

INAM: ¿descentralización o más poder a Stanley?

Este miércoles el gobierno nacional creó por decreto el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que reemplazará al Consejo Nacional de las Mujeres existente. Aunque se plantea como un organismo descentralizado y con presupuesto propio, estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley y dependerá -“hasta tanto la estructura cuente con plena operatividad”- del presupuesto de esa cartera. Al frente continuará Fabiana Túñez.

Imagen : Notas – Periodismo Popular

Existe un relativo consenso en que efectivamente se trata de una jerarquización de la dependencia en el plano formal. Hasta el momento el Consejo Nacional de las Mujeres dependía del Consejo Coordinador de Políticas Sociales (creado en 2002), que a su vez está bajo la órbita directa de Presidencia de la Nación. Tanto en el último gobierno de Cristina Fernández como en la actual gestión, la presidencia honoraria de ese organismo estuvo en manos de la ministra de Desarrollo Social: antes Alicia Kirchner, ahora Carolina Stanley. La secretaria ejecutiva desde diciembre de 2015 de este Consejo Coordinador es Gabriela Agosto.

A partir de la firma del decreto 698/2017, el flamante INAM pasará a ser un “organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social” y tendrá rango de Secretaría de Estado, según explicó su titular Fabiana Túñez. “Este cambio nos brinda un presupuesto de manejo directo que hasta el momento no teníamos”, afirmó al respecto y destacó que con la decisión “ganamos autonomía, manejo de presupuesto y la posibilidad de ampliar el marco de acción; es en definitiva la jerarquización del organismo que rige las políticas públicas de género”.

Pero la decisión, que desde el arco feminista efectivamente se ve como una jerarquización, por el momento se queda en el plano de lo formal. Una trabajadora del organismo, cuya identidad preservamos, puso en duda que efectivamente se alcance una mayor autonomía presupuestaria como se indica en el texto del decreto. Es que advierten que la solución temporal “hasta tanto la estructura cuente con plena operatividad”, se puede “eternizar” y, conjeturan, “puede quedar en manos de Desarrollo Social para siempre”. “Pareciera ser una pantalla lo de la jerarquía y la autarquía cuando vamos a depender de Desarrollo”, afirmo esta trabajadora en diálogo con Notas.

Lo cierto es que el organismo específico que trabaja cuestiones de género y vinculadas a las mujeres ha tenido un largo recorrido en el organigrama del Estado Nacional y su estructura y funciones han sido históricamente desjerarquizadas. En 1984 se creó la Subsecretaría de la Mujer dentro del Ministerio de Salud y Acción Social, a cargo de Zita Montes de Oca que fue discontinuada cuando asumió el gobierno Carlos Menem. Luego, en 1991 se fundó el Consejo Coordinador de Políticas de la Mujer, dependiente de Presidencia de la Nación y al año siguiente se convirtió en el Consejo Nacional de la Mujer. A partir de 2002, se llegó a la estructura que continuó vigente hasta esta semana y luego su nombre fue cambiado a Consejo Nacional de las Mujeres (en plural).

“La mayor jerarquización del organismo encargado de las políticas para la igualdad de género es uno de los reclamos históricos del feminismo y el movimiento de mujeres”, indicaron desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Además, advierten como “desafío” que “por un lado, el organismo se crea en la esfera del Ministerio de Desarrollo Social, lo que indica que se conciben las políticas para la igualdad de las mujeres como políticas sociales”, lo que “podría restringir el tipo de abordaje que tendrá en la lucha por la erradicación de la desigualdad por motivos de género, que requiere una articulación con las políticas sectoriales propias de áreas como el empleo, la participación política, el acceso a la salud y la educación, por nombrar algunas”.

Además, desde ELA también subrayaron “la diferencia de jerarquía entre dos organismos creados por una misma norma, dentro de la estructura del Poder Ejecutivo”. Se refieren a la Agencia Nacional de Discapacidad, incluida en el mismo decreto. En relación al INAM, afirman que “también podría haberse creado en el ámbito de la Presidencia, tal como fue recomendado por distintos organismos internacionales”.

La trabajadora entrevistada destacó por otro lado la continuidad del personal del Consejo en el nuevo Instituto, ya que se “mantienen las condiciones de trabajo”. Aunque, por decreto del Ministerio de Modernización, no se puede incorporar nuevas trabajadoras o trabajadores a la planta, por lo que lo harán “a través de un organismo internacional que son contratos precarizados por Monotributo”.

La decisión del gobierno hasta el momento es administrativa. La realidad sobre su efectiva jerarquización y autarquía se verá con el tratamiento del Presupuesto 2018: el Ejecutivo tiene como plazo máximo fijado por ley hasta el 15 de septiembre para enviar al Congreso ese proyecto de ley. Allí se verá si los buenos augurios se cumplen o si, como advierten las trabajadoras, no es más que una pantalla y el organismo quedará, en los hechos, bajo la dirección de Stanley.

Pero sobre todo, y más allá de las decisiones administrativas o pertenencias ministeriales, lo realmente importante será analizar el presupuesto para el Instituto y las características de las políticas públicas allí desarrolladas.