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IMPUTARON A CATORCE DIRECTIVXS DE VICENTÍN, POR DEFRAUDACIÓN Y ESTAFA

Los investigan por el delito de estafa contra productores, acopios y bancos, luego del millonario «default» de la compañía por U$S 1.500 millones. A pedido de la defensa, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves.

Imagen : FM Líder 97.7 Luján

Catorce integrantes del directorio que manejaba la firma Vicentin, cuando declaró la cesación de pagos en diciembre de 2019, fueron imputados por la confección de balances falsos y el delito de estafa por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario. A pedido de la defensa, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, donde podrá desplegar sus argumentos. La Fiscalía ya adelantó que pedirá medidas cautelares contra algunos de los acusados, entre las que se prevé que haya pedidos de prisión preventiva.

Los ex directivos que se sentaron en el banquillo de los acusados son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Miguel Valazza, Omar Scarell, Alberto Macua, Pedro Vicentin, Maximo Padoán, Agustín Boschi, Sergio Vicentin, Javier Gazze, Cristian Padoán, Martín Colombo, Yanina Colombo Boschi, Sergio Vicentin y Roberto Vicentin.

Los imputados se sentaron a las espaldas del equipo de abogados defensores, encabezados por Daniel Cuenca y Jorge Ilharrescondo. Se presentaron de sport, ninguno de saco y corbata. Ninguno aparentaba el perfil de ejecutivo que ostentaban cuando estaba al frente de la empresa.

Por la Fiscalía, la acusación está a cargo de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Las querellas representan a cinco entidades financieras internacionales que denunciaron a Vicentin por haberlos engañado con el ocultamiento del pasivo de la empresa a través de balances falsos; el corredor de cereales Comoditties SA; y el Banco Macro.

En primer lugar, el fiscal Moreno llevó adelante la acusación en relación con las maniobras engañosas contra las entidades internacionales IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).

El próximo jueves, la audiencia se retomará a las 8 con el protagonismo de la defensa que deberá contestar las imputaciones de fiscalía y querellas. Luego vendrá el plato fuerte del caso, que es el pedido, ya confirmado por el fiscal Moreno, de medidas cautelares contra algunos de los imputados, lo que supone requerimiento de prisión preventiva y nuevos embargos.

Sobre este caso, el fiscal Moreno acusó por balances falsos en concurso real con estafa a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoán, Cristian Padoán, Sergio Vicentin y Pedro y Roberto Vicentin, Martín Colombo, Yanina Colombo Boschi en calidad de coautores, y a Omar Scarell (actual presidente de la empresa) como partícipe necesario. Les atribuyó la confección de balances falsos a octubre de 2017 y octubre de 2018 con información falsa para el ocultamiento del pasivo de la empresa, generando un perjuicio de 500 millones de dólares.

Imagen : Urgente 24

Según el fiscal Moreno, una de las maniobras deliberadas del directorio fue omitir la registración del stock de semillas con proveedores granarios como pasivo. Dijo que lo evidencian las planillas “Saldo semillas” obtenidas en allanamientos, donde se observa planillas del sistema operativo que usaba la empresa. Recordó que la información que los directivos analizaban en la realidad distaba de los datos que se usaban para presentar los estados contables. Mencionó que los directivos siempre se negaron a colaborar con el acceso al sistema informático de la empresa para verificar los montos de 2017 y 2018 en relación con el stock de semillas. Y también los acusa de falsear el cumplimiento de los certificados, que indicaban índices de cumplimientos que encuadraban dentro de los establecidos en los contratos.

Moreno indicó que de 32 millones de dólares que figuraban en el balance de octubre de 2018 se saltó a 571 millones de dólares en el balance de octubre de 2019, que en realidad fue presentado un año después y que en la práctica significó un intento de blanquear la situación de la empresa que para entonces hacía nueve meses que estaba en concurso preventivo.

El fiscal también describió las maniobras por las cuales la compañía entregó a los bancos contratos en garantía, que cuando quisieron ser ejecutados ante la falta de pago en diciembre de 2019, ya habían sido cobrados por otros acreedores. El fiscal lo describió como un engaño en el que el mismo contrato garantizaba más de una operación sin que la entidad internacional que financiaba exportaciones lo supiera.

La audiencia se inició con un pedido de cuarto intermedio por parte de la defensa que adujo no haber tenido tiempo material de analizar la carga probatoria que lleva adelante la fiscalía tras haber recibido en los primeros minutos de este martes la carpeta digital, que en total contiene 36 millones de archivos electrónicos. “Es imposible realizar una defensa adecuada”, afirmó el abogado Ilharrascondo.

Cabe recordar que además de la que se tramita en Rosario, hay al menos otras dos investigaciones penales en curso en relación con Vicentin. Una en los tribunales federales de Comodoro Py que instruye el fiscal Gerardp Pollicita, causa en la que se investigan los préstamos del Banco Nación; otra en Reconquista que lleva adelante el fiscal Roberto Salum, por lavado de activos y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales (en este caso reintegros a la exportación) con la cooperación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

La idea extendida entre acreedores, gobiernos e investigadores judiciales es que el default de Vicentin fue consecuencia de una planificación iniciada desde 2014 de «despatrimonialización», sobreendeudamiento y fuga de activos a través de una compleja red de empresas creadas desde esa fecha y a tal fin.

El próximo jueves, la audiencia se retomará a las 8 con el protagonismo de la defensa que deberá contestar las imputaciones de fiscalía y querellas. Luego vendrá el plato fuerte del caso, que es el pedido, ya confirmado por el fiscal Moreno, de medidas cautelares contra algunos de los imputados, lo que supone requerimiento de prisión preventiva y nuevos embargos.