“Hay presiones para terminar con los juicios”

El juez federal Carlos Rozanski rechaza la prisión domiciliaria automática para represores mayores de 70 años y dice que Clarín y La Nación operan para poner fin a los procesos por delitos de lesa humanidad.

Carlos Rozanski, el presidente del tribunal oral federal 1 de La Plata — que tiene a su cargo los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado — denunció que hay presiones para poner fin a los juicios y criticó a quienes consideran que los represores mayores de 70 años deben ser beneficiados automáticamente con la prisión domiciliaria.

Por haber juzgado, condenado y también denunciado penalmente a Miguel Osvaldo Etchecolatz, el magistrado evitó referirse en diálogo con Política Argentina a la situación del represor, quien se encuentra demandando ser enviado a su casa para purgar su pena de prisión perpetua. Sin embargo, dejó en claro que esta posibilidad entraña severos riesgos. “La atrocidad no tiene edad”, remarcó.

¿Percibe una tendencia por parte de los tribunales a conceder la prisión domiciliaria a los represores?

Creo que esto hay que analizarlo en el contexto del tipo de delito del que se trata y de lo que la propia ley establece. En todas las decisiones judiciales hay una influencia muy importante de la cosmovisión de la persona que va a tomar la decisión. En el caso de los delitos de lesa humanidad, claramente, a lo largo de los años los contextos históricos influenciaron desde el momento que tuvimos 25 años sin juicio y sin sanción. Cuando se toma la decisión de juzgar estos casos, que es 2003 o 2004 en adelante, el contexto social era ampliamente favorable a que se juzgara y condenara los delitos de lesa humanidad. El hecho de que no prescribieran durante 40 años por ser de lesa humanidad está marcando una diferencia importante con el resto de los delitos. Si algo como la prescripción cae por la gravedad de los hechos, esa gravedad tiene que ser tenida en cuenta en cada decisión que se tome.

Se alegan cuestiones humanitarias o el mero hecho de ser mayores de 70 años para conceder estos beneficios por parte de los jueces…

Correcto. Ambas cosas son discutibles. La ley dice que “a partir de los 70 años el juez podrá”. Entonces no es una cuestión automática para los jueces porque en tal caso usaría la palabra “deberá”. Esto también ratifica que quien toma es la decisión es el juez y no es la ley la que lo obliga. La razón humanitaria también pasa a ser relativa cuando se analiza en profundidad. Hay un ejemplo de un señor que estaba procesado o condenado por delitos de lesa humanidad que puede ayudar a entender. Este hombre estaba subido a un limonero mientras lo podaba, se cayó y se murió por los golpes. Si estaba con posibilidad física de estar subido a una escalera podando un limonero es que no tenía limitaciones de salud. Si se cae en una pileta de natación es que tenía una pileta de natación — lo es que está marcando un estándar de confort que tiene la persona. Por último, esta persona no hubiera muerto si no estaba en la casa porque no hubiera tenido una pileta de natación. La cuestión humanitaria significa tener un debido proceso, un juez que si condena, la pena se cumpla en condiciones dignas para la persona y que no se la humille, lo cual no tiene nada que ver con eliminar la sanción. El deber del Estado es cuidar a las personas — aun cuando sean condenadas por delitos gravísimos — pero cuidarlas significa darles el nivel de atención médica que necesiten. ¿Qué prisión puede haber en un piso lujoso? Yo puse por escrito en una sentencia que está firme que la atrocidad no tiene edad.

¿Entonces no correspondería otorgar la prisión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad?

Yo no puedo asegurar que en ningún caso corresponda porque tengo que decidirlo en muchos casos. No generalizo. Estamos frente a delitos atroces. El delito fue cometido a otra edad. El paso del tiempo es algo inexorable y nos toca a todos , pero cuando se está juzgando a una persona no se la juzga porque ahora sea un anciano que no sea capaz de cometer delitos sino por lo que hizo hace 40 años. Si hubo impunidad durante muchísimos años fue por condiciones políticas o históricas. No se debe caer en que se transforme en una formalidad la pena porque hacerlo en delitos de lesa humanidad es socialmente peligroso y dañino.

¿Le parece que hechos como la domiciliaria a los represores o por ejemplo la desaparición de Jorge Julio López pueden influir en los testigos de los juicios?

Su desaparición me tocó de cerca porque fue cuando estábamos finalizando el juicio. Significó no sólo una tragedia personal para la familia sino social. Todo el proceso que se inició hace años y que fue favorable para nosotros como sociedad correría riesgos.

¿Hay un contexto favorable al fin de los juicios?

Como mínimo, lo que me parece a mí que es evidente es que hay muchas presiones — y hace muchos años que hay presiones de parte de medios de comunicación muy importantes. En el caso del diario La Nación es explícita y lo hemos denunciado penalmente con dos colegas con quienes integrábamos el tribunal. En el mismo sentido, el diario Clarín hace operaciones muy graves. Eso es también es parte del contexto. A mí me consta personalmente que son presiones y que son presiones indebidas. Hay que tenerlo en cuenta porque costó  muchísimo esfuerzo y sacrificio a una parte importante de la sociedad ser el único país del mundo que no dejó sin sancionar el genocidio vivido.

¿No se toma como una presión que funcionarios del Ministerio de Justicia como Ricardo Gil Lavedra o el ministro Germán Garavano aboguen por la domiciliaria para mayores de 70?

Para que algo sea presión tiene que influenciar. Yo, en lo personal, no me siento intimidado por una presión. Cuando yo digo que sí hay y hubo presión de estos medios, no quiere decir que yo haya modificado mi opinión pero no quiere decir que no influya en todo el desarrollo de los juicios. No es lo mismo cuando hay condiciones externas favorables a los juicios y cuando no. No sólo puede repercutir ante quienes que tomar decisiones o ante quienes tienen que declarar. Cuando un editorial de uno de los diarios más importantes del país presiona a favor de uno de los imputados, hay un interés muy claro — especialmente económico, que es por lo que se generó el terrorismo de Estado. El origen del proyecto económico del terrorismo de Estado fue probado en los juicios, no es una fantasía. Si el poder económico sigue estando vigente y presionando, hay que desenmascararlo.

¿A esas presiones atribuye las versiones de que se reactivarían denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura?

Forma parte de lo que estoy diciendo. Son los mismos medios que se oponen a la continuidad de los juicios, que han presionado a favor de los acusados. No tiene ningún asidero lo que se ha dicho. Decir que yo alquilé el teatro de un pariente para hacer un juicio de lesa humanidad, en otro contexto, es una broma de mal gusto pero dicho en un programa de televisión masivo es grave. Ningún juez alquila nada, el que alquila es el Consejo de la Magistratura. Es una operación de prensa mafiosa y hay que tenerlo en cuenta porque necesitamos trabajar tranquilos.

Imagen : Política argentina