Violencia de género

Golpeadas, abusadas y revictimizadas por la Justicia

Un relevamiento sobre casos testigo donde se evidencia el incumplimiento de la ley de Protección Integral de Mujeres. Algunas no pueden acceder a un tribunal y otras son obligadas a negociar con el agresor.revictimización

No tuvo la misma trascendencia ni la misma concurrencia, pero el pasado 3 de junio, el día de la concentración frente al Congreso bajo la consigna Ni una menos, algunas columnas de manifestantes continuaron su marcha hacia el Palacio de los Tribunales de la calle Talcahuano para visibilizar que ahí, en el ámbito judicial, se concentraba gran parte del nudo que queda pendiente desatar. “Jueces, fiscales y peritos revictimizan a la víctima”, se leía en algunas pancartas, en alusión al reiterado incumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.

Según consignó Tiempo Argentino, esa “revictimización” refiere a obstáculos o padecimientos con los que las denunciantes suelen encontrarse en esos pasillos, como las mediaciones con el agresor -a pesar de estar prohibidas-; el tratamiento del caso como un “conflicto” y no como delito; la ausencia de una defensa gratuita; o peritos que hablan de la “responsabilidad” de esas víctimas de violencia.

Las autoridades judiciales se muestran reticentes a hablar del tema, pero se interesan en detallar que impulsan actividades de concientización.

“La volvería a matar”, declaró en una nota Marcelo Tomaselli, el hombre que asesinó a Carla Figueroa. Él era su marido cuando ella tenía 19 años y la acuchilló, el sábado 10 de diciembre de 2011, en la casa que compartían en General Pico, La Pampa. Primero la había violado, y por eso estuvo preso, pero luego ella decidió casarse con él y el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia le concedió a Tomaselli una probation. A la semana, la mató. Todavía existía la posibilidad de “avenimiento”, que permitía que la víctima perdonara a su agresor en el ámbito judicial. Esa figura fue derogada en 2012 y sin embargo hay quienes la siguen usando.

En un consultorio médico de la calle Piedras al 900, en territorio porteño, una mujer fue abusada. En agosto de 2013, el acusado pidió un juicio a prueba y ofreció reparación. Esto fue aceptado por la víctima y el fiscal, y la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió darle el beneficio, sin tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había dejado jurisprudencia en el fallo Góngora, donde resolvió que no deben admitirse probations para casos de abuso sexual.

La causa de la calle Piedras había llegado a esa instancia después de que la probation fuera rechazada por el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de la Capital. En su argumentación, la jueza de Casación Ángela Ledesma escribe que “la víctima (…) no sólo expresó su aceptación respecto de la reparación ofrecida, sino también manifestó conformidad por definir el conflicto a través de la suspensión del juicio a prueba”.

Susana Orsino, asesora letrada del Consejo Nacional de las Mujeres, se enoja por el uso de la palabra “conflicto” -porque “no se trata de un conflicto sino de un delito”-, y explica que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) también indica que “la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”. De eso habló también en su fallo la jueza Liliana Catucci, que votó en disidencia de lo resuelto por Casación y recordó que “el suceso imputado implica una violencia, especialmente dirigida contra la mujer, y esta circunstancia impide la aplicación de la probation”.

Pueden encontrarse en distintas resoluciones judiciales: el poco valor del testimonio de la víctima y la intención de hacer mediaciones entre ella y su agresor.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral N° 3 de San Martín absolvió a Carlos Marcelo Cuello, oficial de la Policía Bonaerense. Había sido denunciado por Iara Carmona, la hija de su esposa, que lo acusaba de haberla violado en reiteradas ocasiones durante su adolescencia. La denuncia formal, en realidad, la hizo la mamá de Iara, porque la víctima todavía era menor cuando se animó a revelar lo ocurrido. Al dar el nombre del acusado en la comisaría de San Martín, no les querían tomar la denuncia, porque todos los oficiales lo conocían. Cuando se acercaron a la fiscalía (UFI 14), pasó algo similar: los peritos encargados de revisar a la joven eran compañeros de Cuello. Ahí empezaron tres años de escapar, recorrer, pedir ayuda. Nadie les garantizaba acceso a la justicia ni contención de ningún tipo y, cuando la solicitaban, la respuesta era el rechazo. Los abogados que tomaban la causa, enseguida se bajaban o la estancaban. “Nos sacaban un montón de plata pero después no se querían meter con él porque era policía”, cuenta Iara (ver aparte), que ahora espera junto a su madre la fecha de una nueva audiencia en la cual apelar.

Además de no haber conseguido asesoría legal gratuita -algo que el imputado sí tiene porque así lo indica la ley–, Iara tuvo que escuchar que fue absuelto porque ella habló tarde. El fallo dice también que hubo discrepancias entre los testimonios y que la joven, que hoy tiene 21 años, “se revictimizó” al declarar. El tribunal está integrado por los jueces Aníbal Bellagio, Julián Descalzo y Miguel Ángel Bacalhau, pero este último había pedido 18 años de prisión para el acusado.

En el caso de Daiana Fernández la juzgada es ella. Fue condenada a tres años y medio por el homicidio preterintencional de su agresor y, tras cumplir con su sentencia, la Cámara de Casación pidió elevar la pena a ocho años por homicidio simple. “No es posible hablar de víctima de maltrato, en tanto cada uno es responsable de sus actos. Ella ha sido parte activa del vínculo”, escribió en su informe pericial la psicóloga María Fernanda Collins. El subsecretario de la Corte provincial, Gustavo Capelli, director general de los peritos, explicó que Collins no atendió a Tiempo porque el Código Procesal impide hablar al personal de las causas en las que intervienen, y agregó: “Un dictamen pericial perjudica a una de las partes. Cada profesional se hace cargo de eso.” Ahora la causa está en trámite en el máximo tribunal bonaerense. Desde esa instancia judicial, no quieren hacer declaraciones al respecto pero sí subrayar y dar detalles de las “actividades académicas de capacitación sobre violencia de género en los últimos años”.

Otro caso reciente es el de Reina Maraz Bejarano, una mujer boliviana, cuya lengua es el quechua y además es indígena, pobre y analfabeta. Fue condenada por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez, del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes, por homicidio doblemente calificado, premeditado y por alevosía de su marido. Reina no tiene claro por qué está en prisión –donde tuvo que parir a su beba-, ya que no le proveyeron un intérprete y apenas puede hacerse entender en castellano. Cuando la escuchan, ella defiende su inocencia. El Consejo Nacional de las Mujeres entiende que se trata de un fallo “plagado de discriminaciones, donde las cuestiones de género quedan expuestas de manera más que contundente”.

Hay otros dos elementos que pueden encontrarse en distintas resoluciones judiciales: el poco valor del testimonio de la víctima y la intención de hacer mediaciones entre ella y su agresor, lo cual está prohibido por ley.

“Los testimonios de la víctima son desacreditados y se desestiman las amenazas que ellas reciben”, advierte Orsino, y habla de “un patrón sistemático de impunidad”.

Uno de los casos, por ejemplo, cayó en la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, cuyos jueces Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Marta Paz consideraron que no había prueba suficiente para condenar a un hombre cuya ex mujer y madre de su hija denuncia por haberle dicho “Ya vienen a encargarse de vos” o “Te voy a hacer boleta”. Los magistrados consideraron insuficiente también el testimonio de los familiares de la mujer y hablaron de una “subjetividad evidente”.

Consultada por este diario, la jueza Paz, que además es vicepresidenta de la Cámara, aseguró: “Yo trabajo mucho el tema de género. Pero comparto en mis fallos el análisis del contexto. Eso es lo que dice si estamos en casos de violencia. El testimonio de la víctima no es a priori insuficiente pero depende cada caso puntual.”

Sobre las mediaciones, Orsino dice que “el Consejo ha recibido denuncias al respecto y se las transmitió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema”.

En el Senado

El pasado 26 de junio, el Senado de la Nación fue el escenario de un debate sobre los avances en la implementación de la Ley 26.485. Ahí se mencionó de la necesidad de “un cambio en la justicia patriarcal”.

“La única es dar la pelea en la calle”

Cuando Iara Carmona se animó a denunciar a su padrastro por abuso sexual, había cumplido 17 años. El padecimiento del que hablaba se había repetido en numerosas ocasiones entre los 11 y 15 años pero no se animó a contarlo antes porque sabía que, si se iban de la casa, la mamá no tendría cómo mantenerlas a ella y a la hermana menor, hija de ese segundo matrimonio. Nahuel, quien entonces era su novio, la convenció de decir todo, para explicarle a la madre por qué le costaba regresar al hogar.

El panorama era complicado: el marido de la mamá era policía bonaerense. “Me violaba después de poner su arma reglamentaria en la mesita de luz”, describe Iara, con ojos vidriosos pero sin llorar, con la convicción de militar una causa, “porque esto les pasa a muchas mujeres, que no lo pueden contar”. Aunque el drama de esta joven, hoy de 21 años, empezó en la casa, la justicia no se la hizo fácil.

Primero, las tres mujeres recorrieron casas de familiares para refugiarse del acusado. Cuando consiguieron instalarse, pocas horas después del escape, comenzaron a averiguar cómo presentarse ante la justicia. “No sabíamos ni para qué servía un abogado”, resume la joven. Reclamaban asesoría gratuita ya que la mamá no tenía trabajo, y hasta hicieron el pedido con cartas a la Casa Rosada, pero sólo obtuvieron el nombre de un letrado. A fines del año pasado, Carlos Marcelo Cuello fue absuelto en primera instancia y fue entonces cuando Iara se animó a hacer público su dolor: “Decidí levantar la voz contra la impunidad. La policía encubre a los violadores, los jueces lo amparan. Es un problema político, no cultural”, sostiene y reivindica la difusión: “La única alternativa que nos queda a las mujeres es dar la pelea en la calle.”

Cuello fue pasado a disponibilidad y hoy está detenido con prisión preventiva por abuso de arma y lesiones graves por otra causa en la que le pegó un tiro a un vecino.

 

Imagen : INFOnews