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Fiscal reclama que abusos sexuales cometidos en la dictadura sean considerados delitos autónomos

Las violaciones y abusos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar deberían ser considerados delitos autónomos, es decir, delitos de lesa humanidad independientemente de los delitos de privación ilegal de la libertad y de las torturas.presa

Así lo reclama el fiscal federal Federico Delgado quien presentó hace unos días un dictamen en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas para que los delitos sexuales sean investigados por la justicia de manera autónoma.

La presentación a la que tuvo acceso NA se basa en 14 casos ocurridos en el centro de detención clandestino “Vesubio” que funcionó en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en el partido bonaerense de La Matanza, y que se encontraba bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino y funcionó entre abril de 1976 y septiembre de 1978. “Nos llamó la atención que una gran cantidad de mujeres denunciaban abusos sexuales de todo tipo. En consecuencia, planteamos el deber visibilizar en el marco de un proceso la violencia sistemática que se ejerce sobre las mujeres, porque a pesar de ser un fenómeno poco novedoso en términos históricos, aquí nos enfrentamos a una particularidad decisiva: los hechos ocurrieron en un centro de detención clandestino durante el período 1976/83”, se explica en el dictamen.

El pedido para que los delitos sexuales sean considerados independientes de las torturas y de las privaciones ilegítimas de la libertad, ya se había presentado hace siete años en un requerimiento de elevación a juicio.

“En aquel momento postulamos la autonomía de esas agresiones. No obstante, perdimos la discusión, privilegiamos lo posible a lo perfecto y seguimos adelante. Hoy asistimos a condiciones de enunciación diferentes que permiten renovar la petición”, se relata en el escrito que da cuenta de los 14 casos de mujeres que fueron abusadas sexualmente y violadas en el centro de detención clandestina “Vesubio”.

El fiscal Delgado reclama en el escrito que el juez Rafecas se expida sobre esos casos, que le reciba declaración indagatoria a los autores de esos delitos en los 14 casos denunciados y argumenta que la violencia sexual es reconocida por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (implementado mediante ley 26.200) como constitutiva de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad.

Las agresiones sexuales cometidas fundamentalmente contra las mujeres detenidas en los CDC implicaron un ataque generalizado y sistemático en la medida en la que fueron replicadas en todos y cada uno de los niveles de mando y ejecución del plan, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por eso es que en el dictamen se sostiene, “que no se trató de algún hecho aislado o acción individual y excepcional producto lascivo de una persona -o siquiera de una práctica local-, sino que fue una modalidad sistemática, uniforme, continua, reiterada y masiva establecida verticalmente, y que formaba parte del conjunto de prácticas criminales que integraron el dispositivo represivo”.

En el escrito también se deja en claro que “la suerte de esta petición está ligada a la resignificación y, por lo tanto, su suerte va a depender en gran medida de la decisión de los operadores judiciales”.

“Nuestro límite es acotado. Se ciñe a la chance de visibilizar las prácticas ocurridas en los CDC contra las mujeres, a enfatizar que aún en una situación degradante para el género humano las mujeres sufrían un “plus” de violencia, signada por la discriminación y el uso de sus cuerpos como un instrumento de los “amos y señores” de esas vidas que regenteaban los CDC”, se indica también.

La meta de la presentación, es explicar por qué las violaciones y abusos sexuales padecidos por mujeres en el centro clandestino de detención “Vesubio” deben ser considerados delitos de lesa humanidad independientemente de las privaciones ilegales de la libertad y torturas; asignarles un significado jurídico a los hechos, y atribuir responsabilidad penal a quienes participaron de tales sucesos .

Y el dictamen termina reflexionando: “Como dijimos allá por el año 2007, seguir colocándolos dentro del rótulo genérico de tormentos implica continuar velando una parte de la historia que de ese modo se deja de contar”.

 

Imagen : casapueblos.blogspot