Violencia sexual, una constante en República Dominicana

Este año se han documentado 145 casos de feminicidio

Santo Domingo, 25 nov 09 .- El elevado número de hechos de violencia sexual contra mujeres, incluyendo el incremento de violaciones a menores de edad, sobresale en el panorama que afronta por estos días la sociedad dominicana.

Entretanto, la cifra global de feminicidio parece haber decrecido, pese a que diversas fuentes dijeron a SEMlac no compartir ese juicio.

Lo cierto es que, pese a la falta de datos confiables y al posible ocultamiento de estos hechos por parte de personas e instituciones, incluidas las mujeres y las jóvenes maltratadas, la conciencia pública ha sido testigo este año de acciones morbosas tales como violaciones múltiples, agresiones físicas y heridas previas al acto de penetración.

También, de la justificación que, con frecuencia, ofrecen los agresores al ser juzgados: “ella estuvo de acuerdo”. Una idea que luego, en nombre de la ley, se convierte en atenuante porque hubo consentimiento, con lo cual las sanciones son leves.

Sin embargo, la magistrada Gloriana Montás, directora nacional de Atención a las Víctimas de la Procuraduría General de la República, sostiene que no hay tal consentimiento, porque una adolescente no tiene una idea clara del acto que, supuestamente, consiente.

En entrevista con SEMlac, una joven pragmática e incisiva dijo que la reducción del feminicidio en 32 por ciento este año, con respecto a 2008, no la impresiona mucho.

“Yo prefiero mirar que éste es un problema muy grave que tiene nuestra sociedad. Si hay más mecanismos de combate a la violencia y más formas para proteger a las mujeres, es lógico entonces que la cifra global de asesinadas disminuya”.

Tampoco la convencen las formas en que se clasifica el feminicidio: es íntimo cuando ocurre dentro de la pareja, y los demás casos son no íntimos.

De acuerdo con esa clasificación, las estadísticas compiladas por la Procuraduría General de la República indican que este año, hasta septiembre, habían ocurrido 145 asesinatos de mujeres; 70 fueron infligidos por hombres conocidos de la víctima y 75 por otros hombres o mujeres con quienes las víctimas no tenían ninguna relación pasional. En esta categoría caen robos, riñas, asaltos y violaciones sexuales.

Visto así, habrían tenido lugar 50 asesinatos menos de mujeres que en 2008, en la categoría general, y 29 menos de los calificados como feminicidio íntimo.

Ante este panorama de violencia de género, una voz autorizada y crítica es la del doctor Héctor Montero, quien después de ocupar numerosos cargos en regiones y provincias dominicanas labora hoy como gerente de programas comunitarios para adultos en Profamilia, una institución de mucho prestigio entre las ONG.

En diálogo con SEMlac, Montero opinó que las comparaciones con 2008 no son demasiado útiles, porque ese año las mujeres asesinadas sumaron la cifra más alta del quinquenio: 204. Para el trimestre final de 2009, el profesor pronostica un posible incremento de la cifra, que podría sumar otras 60 mujeres ultimadas.

El médico considera que estas estadísticas no toman en cuenta a las mujeres que no mueren de inmediato, sino después, a consecuencia de los daños recibidos en el intento de asesinato, algo que probablemente ocurre también en otros países de la región.

“¿Quién está recogiendo esto?”, acota. Se sabe, por demás, que las partidas de defunción evaden o enmascaran el feminicidio al consignar como primarias las complicaciones resultantes.

Para María Ramos, la abogada que encabeza la Dirección de Políticas de Igualdad de Género en la Secretaría de Estado de la Mujer, si la sociedad percibe que hay más morbo en los crímenes y abusos es porque hay más denuncias. Ramos aseguró a SEMlac que ahora es frecuente ver a madres acompañar a sus hijas a hacer denuncias de situaciones que antes se quedaban en casa, en particular los incestos.

“Pienso que lo que nos está pasando ocurrió siempre, pero al no haber ni los mecanismos ni los registros que tenemos, muy poca gente se enteraba. Ahora se hace público y la cifra de denunciantes es, afortunadamente, mucho mayor porque es imprescindible que la sociedad tenga conciencia de que no puede seguir tolerando la violencia contra las mujeres”, dijo.

VERGÜENZAS INOCULTABLES PARA UNA SOCIEDAD

Las sensaciones de horror y vergüenza que muchos dominicanos y dominicanas experimentan ahora sobre el tema abarcan tres áreas: las violaciones y el escapismo de los padres; la perversidad y el abuso superlativo que padecen niñas, niños y adolescentes, incluso si padecen discapacidades mentales o físicas; y lo que parece ser una escasa toma de conciencia por parte de los órganos de justicia, que son benevolentes al sancionar a feminicidas y otros agresores.

Aunque el tema fue muy amplificado por los medios, quien dio la voz de alarma, a finales de octubre, fue Yakaira Figari, del ?Semanario Clave?, ante el caso de una adolescente con síndrome de Down que quedó embarazada y parió una bebita a quien no reconoce ni puede amamantar. La bebé nació sin lo más elemental para vivir. La abuela, Ana Ramona Mezquita, tuvo que rogar a personas para reunir algunas ropitas usadas.

La extrema miseria de la familia fue descrita. Dijo la señora que se dio cuenta del embarazo cuando iba por los tres meses, y que los médicos y médicas, en dos hospitales, temerosos por las sanciones previstas en un artículo de la Constitución recientemente reformada y en el Código Penal, no quisieron proceder al aborto.

Los perfiles dramáticos del caso provocaron varias reacciones entre los lectores, quienes escribieron sugiriendo que los congresistas que aprobaron esa Constitución y el cardenal católico Nicolás de Jesús López Rodríguez, que la inspiró y presionó para la aprobación, se hagan cargo de esta tragedia y la solventen con sus recursos.

Pero esa Carta Magna fue reformada y aprobada por un Congreso donde 36 legisladoras y legisladores votaron en contra de condenar a la muerte o al drama a las mujeres, pero donde también hay uno, Julio Romero, que reconoció públicamente, la pasada semana, que violó a una menor con quien procreó un hijo, al que se negó a mantener. Otras dos muchachas también lo acusaron del mismo delito Romero.

VIOLACIONES Y EMBARAZO ADOLESCENTE

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que, en República Dominicana, poco más de 25 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial.

Otra problema es que el porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez es de 20 por ciento, y que esa incidencia es mayor entre las adolescentes de escasos recursos económicos, residentes en las regiones más pobres del país, en zonas rurales y en las poblaciones menos educadas, según subrayó en estos días la secretaria de la Mujer, Alejandrina Germán.

La tasa de fecundidad adolescente aumentó de 86 por cada mil adolescentes a 116 por cada mil en 2002, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles con base en el Censo de Población y Vivienda y en la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) de ese año.

Una hipótesis de importancia académica es la que sostiene la doctora Desirée del Rosario: en conversación con SEMlac, la profesora en Estudios de Género de la Universidad INTEC aseveró que, para ella, “analizar el tema de la violencia trasciende el feminicidio y abarca todas las manifestaciones que hemos estado viendo en el ultimo año: se visibilizan los abusos contra niñas y se puede inferir de que por ahí se puede buscar la causa de la elevada cifra de embarazos en adolescentes”.

Aunque Del Rosario se expresa con cuidado, puesto que no ha realizado todavía un estudio científico, es indiscutible la lógica de su especulación. Se sabe de sobra que una inmensa mayoría de las chicas que se embarazan sin buscarlo han sido violadas, criterio con el cual coincide la directora del Programa de Violencia Basada en Género de Profamilia, Myrna Fores.

Los patrones culturales que imponen al macho la agresividad y a ellas “dar una prueba de amor” conducen a relaciones fortuitas nada placenteras, pero con la preñez como consecuencia.

La profesora Del Rosario fue muy aguda en su entrevista con SEMlac al reclamar que la proclamada tolerancia cero, consigna enarbolada por la Procuraduría General de la República, necesita “ser analizada en su real dimensión: ¿es una política?, ¿hasta dónde llegan los esfuerzos porque la justicia sea efectiva?”, se pregunta.

“Por eso yo no me concentraría en si hay más o menos muertes reportadas, porque la vida vivida en violencia es como la muerte, sólo que no se puede certificar. Todavía nos falta hacer efectiva la cero tolerancia en salud”, opina.

EL PEOR DE LOS DESCONSUELOS

La desolación y la tristeza que provoca la impunidad está entre las sensaciones peores para las personas dominicanas que tienen en su familia una mujer asesinada, pues es común el castigo mínimo a la mayoría de los perpetradores.

En estos días, tanto la experta Myrna Flores como la batalladora abogada feminista Susi Pola están empeñadas en que se corrija la escuálida sanción de dos años al asesino de una muchacha que estaba embarazada.

Con pancartas y reclamos acudieron a una marcha el pasado miércoles 18 demandando la aplicación de la justicia para Roberto Antonio Jiménez, asesino de Bárbara Carolina Amparo, y Edward de la Cruz, quien mató a Julisa Martínez y se encuentra en libertad.

En esa manifestación, el Procurador General Rhadamés Jiménez Peña aseguró que los expedientes serían revisados. Se lo dijo a cientos de personas, entre las cuales estaba la mamá de Bárbara.

SEMlac la entrevistó. Compungida, la señora dijo que muchas veces le pidió a su hija que no tolerara los maltratos. “Ella tenía miedo de que él pensara que ella era una cualquiera”, relató. Dos meses antes del crimen, Marisa Perdomo conminó muy fuerte a su hija para que denunciara al hombre que terminaría matándola a ella y al hijo por nacer de ambos.

La condena a cadena perpetua en casos “excepcionales”, como el narcotráfico y los delitos sexuales, fue exigida el mes pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, uno de los legisladores que votó ?no? a la inclusión del artículo de la Constitución que reza que hay que proteger la vida desde la concepción.

“Favorezco la pena a perpetuidad en casos de excepción, porque hay individuos que son tan peligrosos para la humanidad, para la sociedad, que el único lugar donde están bien, aun sea costoso para el Estado, es una cárcel bajo estrictas medidas de seguridad”, dijo al digital 7días.com.do.