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Salta

En el nombre de los hijos

Una joven fue acusada de matar a su hijo en estado puerperal. Ella afirma que nació muerto. Fue detenida, juzgada y condenada. Durante todo ese tiempo no se le permitió ver a sus otros dos hijos.

Imagen : timmyevansonline.com

En el Tribunal de Impugnación está a estudio una casación presentada por el Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados, que pide la revisión de la condena a 15 años de prisión que le impuso en agosto pasado la Sala IV del Tribunal de Juicio a la joven Yanina, a quien los jueces declararon culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

La Sala IV ya rechazó otorgarle la prisión domiciliaria prevista por ley para las condenadas con hijos menores de 5 años de edad. En cambio y tras meses sin que pudiera ver a sus hijos, autorizó a que una vez por mes la lleven a Cafayate, para visitarlos por dos horas.

En el juicio oral la fiscala Verónica Simensen había pedido prisión perpetua, y una de las juezas votó así. Pero los otros dos jueces impusieron la pena de 15 años, por considerar que hubo atenuantes.

El hecho ocurrió en Cafayate, en julio de 2016. El cuerpo del bebe fue encontrado dentro de una mochila, en un cañaveral. El parto se produjo en la casa de la joven madre, que tiene otros dos hijos de 2 y 4 años de edad. Desde que fue detenida la joven asegura que el niño nació muerto.

Yanina cuenta con la sola ayuda de su tío, el cuidador de sus hijos y quien pidió ayuda a la vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra la Mujer, Tania Kiriaco, cuando estaba haciendo un relevamiento. Fue así que el caso llegó al Instituto Jurídico de Género. Pero para entonces la joven, que contaba con defensa oficial provista por el Estado, ya había sido condenada.

La abogada Daniela Córdoba, a cargo del caso en el Instituto de Género, sostuvo que más allá de que la joven actuó bajo estado puerperal (una etapa crítica para la parturienta con cambios hormonales que alteran su estado físico y psíquico), se trata de una persona que ha sufrido “una violencia estructural (…) toda su vida, pobre, muy pobre, humilde. Toda su vida vivió con muchas necesidades, la madre también, ella no tuvo padre. Una historia triste”.

Y criticó que en su sentencia las juezas Ana Silvia Acosta, Norma Beatriz Vera y el juez Roberto Faustino Lezcano, “jamás consideraron el tema de la violencia” en la que se encontraba la joven. “Ella, con 20 años, iba a tener su tercer hijo, al cual no podía mantener y del cual su pareja se había desentendido totalmente (…). Ella subsistía únicamente con la asignación universal por hijo. Ella no trabajaba, vivía con este tío que la ayudaba. Eso no se consideró ni siquiera como un atenuante, porque en la escala penal tenés atenuantes que tienen que ver con todas las condiciones de vida en las que se desarrolló esta chica”, sostuvo la letrada.

Córdoba criticó además, que “no se creyó en su palabra, ella todo el tiempo afirmó que el bebé nació muerto y los jueces no le creyeron. Entonces eso es una estigmatización (…) porque no se cree en la palabra de una mujer, se duda”.

El Instituto presentó un recurso de casación contra la sentencia condenatoria. El Observatorio también hizo una presentación, en su caso como “amigo del tribunal”, dando argumentos para rever la sentencia.

Mientras se espera la decisión del Tribunal de Impugnación, el Instituto pidió la prisión domiciliaria, que le fue denegada: “También entendemos que es una cuestión discriminatoria porque ellos (los jueces) se basan en un supuesto interés superior del niño y lo ven como una amenaza a que ella esté (con sus hijos)” a pesar de que “durante toda la vida fue una excelente madre, los hijos (están) bien de salud, nunca tuvieron ningún problema”. Y la asesora de incapaces dictaminó que “no es un peligro”. Lo mismo afirman los peritajes sicológicos y siquiátricos que se le hicieron en la causa, “ella no representa una peligrosidad ni para sí ni para terceros”, afirmó la abogada.

Durante todo el trámite de esta causa, Yanina había pedido que le permitieran visitar a sus hijos, porque por su propia condición de humildes, su tío no podía costear el costo del viaje hasta Salta capital y está prevista la posibilidad de llevar a las madres del interior para ver a pequeños. Nunca le otorgaron esta posibilidad mientras estuvo con defensor oficial pero sí una vez que contó con defensa privada.

La joven volvió a ver a sus hijos 9 meses después de su detención, cuando su tío pudo visitarla con los niños en el penal. El reencuentro fue intenso: alegre, pero también “horrible”, porque el más grande le pedía “mamá, vení, por qué te quedás acá” y ella tuvo que mentirles que estaba estudiando (en la cárcel está terminando el secundario) para que vivan mejor. “Le pedí a mi tío que no los traiga más porque la verdad es que no veo que les haga bien”, le contó entonces Yanina a la abogada.

Ahora, al rechazar la prisión domiciliaria, la Justicia concedió trasladarla una vez al mes a Cafayate para visitar a sus hijos, por dos horas. Eso pasó por primera vez hace días nada más.

Córdoba indicó que también apelaron este rechazo, porque “le tendrían que conceder la prisión domiciliaria, porque no reviste peligrosidad” y “también por los chicos”, “ellos tienen el derecho de compartir la vida con su madre” y porque este derecho “está previsto en la ley, no estamos inventando nada tampoco”, aunque “es a discrecionalidad del juez”.