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María Elena Naddeo*

EL SISTEMA PENAL NO ES LA SOLUCIÓN PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES

El Gobierno Nacional irrumpió nuevamente con un Proyecto de Ley Penal Juvenil que despierta oposición en el ámbito especializado y en las organizaciones de la sociedad civil que militan y trabajan con la infancia.

Imagen : Sobre la hora

Ya el verano pasado el Ministerio de Justicia se vio obligado -por las fuertes críticas recibidas – a convocar a Audiencias Públicas. En las mismas una gran mayoría de expositores planteamos profundas disidencias con la idea de bajar la edad de punibilidad en la adolescencia.

Organismos especializados en infancia y adolescencia manifestaron que niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de las situaciones de violencia que atraviesan la vida intrafamiliar, la violencia social, el gatillo fácil, las adicciones y los circuitos de venta ilegal de sustancias.

Las iniciativas tendientes a endurecer el Código Penal y a encontrar “chivos expiatorios” del delito son vistas en el marketing político como favorables para congraciar al gobierno con una opinión pública que reclama mayores niveles de tranquilidad y bienestar.

Los organismos internacionales estudiosos de esta temática han señalado una y otra vez que el aumento de la edad de punibilidad no ha incidido en la baja del crimen. Podemos aportar, además, que la participación de adolescentes en delitos de gravedad tiene una incidencia ínfima, casi inexistente en lo que hace a homicidios y violaciones. Aun considerando una mayor presencia relativa de adolescentes y jóvenes en los delitos contra la propiedad reiteramos que es preciso priorizar en las decisiones, el eje de la prevención y no de la punición.

El sistema penal, en cualquiera de sus expresiones, ha demostrado no ser una herramienta eficaz para la rehabilitación o resocialización de quienes ingresan a sus dispositivos. Por ello, es preciso centrar el esfuerzo de las instituciones del Estado, de los ámbitos parlamentarios, de los ministerios, en repensar las políticas públicas existentes y proponer en reemplazo de las viejas recetas punitivistas y represivas nuevos y mejores programas de afirmación de derechos para los y las adolescentes, con inclusión social, educativa y laboral de alcance pleno en las barriadas populares y en general en toda la población juvenil

Derogar el Decreto-Ley 22.278 –Régimen Penal de Menores– es un desafío necesario, pero solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca reales alternativas de socialización. El nuevo sistema deberá ofrecer, además del debido proceso, un sistema de penalidades mínimas con la privación de libertad como última ratio y dispositivos o programas alternativos de responsabilización, en la misma franja etaria de 16 a 18 años.

Consideramos que el proyecto promovido por los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano, además de aumentar fuertemente la penalidad y bajar la edad de su concreción, está inmerso en un contexto y en una orientación general de decisiones políticas tendientes a reforzar el paradigma represivo y violatorio de los derechos humanos de la población.

A su vez, habrá que revisar cuales son las acciones que se están realizando para que los jóvenes mayores de 18 años que hoy ingresan al sistema penal de adultos cuenten con programas de egreso que les permitan desarrollar un proyecto de vida autónoma, y prevenir nuevas situaciones de violencia.

El esfuerzo de las acciones gubernamentales debe estar al servicio de una mayor inversión en el nivel educativo, en los programas sociales de inclusión y participación ciudadana para los y las jóvenes de los sectores populares.  Más escuelas, más programas culturales y deportivos, menos cárceles y menos dispositivos represivos.

*(*) Especialista en infancia y género, Directora del Programa de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo – CABA, Co Presidenta de APDH