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El sexo fuerte en la criminalización de la protesta social

En mayo de este año, Orán, una ciudad convulsionada por la desocupación, la demanda habitacional y la pobreza, fue nuevamente escenario de persecuciones políticas y violentos desalojos

Esta vez como en tantas otras ocasiones, el reclamo por una pronta solución al déficit habitacional fue sancionada con pedidos de captura, detenciones y golpes que dejarían al descubierto la brutalidad del accionar de las fuerzas policiales y el entramado de acuerdos entre los núcleos del poder para evitar que las demandas de la sociedad se tornen aún más visibles.

REPRESION_Y_VIOLENCIA_017En este contexto, la jueza de Instrucción de 2º Nominación, Norma Beatriz Vera, ordena la detención de militantes de distintas organizaciones, entre ellos el matrimonio conformado por Josefa Cardozo, ex concejal del Partido Obrero y docente y su esposo, Rubén Tolay, quien se desempeña como trabajador municipal, manteniendo un activo papel entre los autoconvocados del sector.

Cardozo relata que por aquellos días los vecinos de los distintos asentamientos de esa localidad que suman unas 1.500 personas habían marchado hasta la municipalidad solicitando la inclusión de estos precarios barrios que en muchos casos no gozan de ningún servicio, en el presupuesto 2008, recordando además que el último asentamiento se había conformado el 10 de mayo de este año. En este sentido, precisa que además de las personas asentadas en las 20 manzanas hay 14.000 hogares hacinados que necesitan una urgente solución, información a la que se suma un relevamiento que da muestra de que el 60% de los barrios de Orán están conformados por asentamientos, que en su mayoría carecen de todos o de algunos servicios, que el 90% de las familias no poseen titularidad de la tierra, que la propiedad de las zonas urbanas está concentrada por la Provincia, el Municipio y algunos particulares y que a esta agudización de la crisis habitacional se agregan las altas tasas de desocupación que alcanzan al 50% de la población, de la cual alrededor del 45% corresponde a mujeres y que del total de la población activa, un 75% trabaja en negro. También destaca que en la finca del Ingenio San Martín de El Tabacal, al menos entrarían tres pueblos y que muchas de las tierras privadas que se venden carecen de luz y agua corriente.

Sobre esto y retomando su situación judicial por aquellos días, explica que la jueza solicita su detención imputándole los delitos de instigación y usurpación, rememorando la acción judicial emitida en su contra como un modo de evitar que la demanda habitacional alcance una solución: ?Se nos acusa de usurpación de tierras privadas. Las detenciones son ordenadas por una jueza que convive con el poder político y las multinacionales, como el Ingenio San Martín del Tabacal?, declara en un comunicado emitido por el PO.

La mujer nacida en Apolinario Saravia, reconoce que la causa, aún abierta en su contra, en la que es patrocinada por el abogado David Leiva, carece de sentido y que la orden de detención librada contra ella fue totalmente ?arbitraria?. Refiere además que esta misma imputación recayó sobre Dolores Cachari, una activa mujer dentro del movimiento indígena.

Al producirse las detenciones de su marido y de la dirigente barrial María Olmos en la vía pública, la ex concejal, quien tiene siete hijos, menciona que debe permanecer un par de días en su domicilio sin poder transitar por la ciudad, subrayando que fue buscada en la institución escolar en la que se desempeña como docente y que para la obtención de la liberación de Tolay se presentó un recurso de ilegalidad sobre la medida adoptada por Vera, quien más tarde debió apartarse de la causa al ser recusada por su vinculación con sectores del poder.

?En Orán no hay planificación urbana?, reflexiona, rememorando que su inquietud por los reclamos de la gente nace a raíz de la solicitud de viviendas en el año 1994, cuando a través del IPDUV, junto a otras mujeres y hombres, consiguen la adjudicación de más de sesenta casas. También comenta que fue en torno a estas problemáticas que anteriormente se desempeñó como presidenta del Barrio 20 de Febrero de esa localidad, para el cual obtuvo la reducción en las cuotas de las viviendas. Asimismo, relata que a raíz de esta militancia se abrieron en su contra otras causas judiciales, además de la de usurpación.

De todo esto, la docente y militante de Tribuna Docente concluye que además de las huellas del dolor en el cuerpo y en el alma, a raíz de estos últimos incidentes se abrieron un sinnúmero de causas en contra de los vecinos, muchos de los cuales fueron detenidos en aquel momento, mientras otros debieron ser hospitalizados a raíz de los golpes, entre ellos el periodista Samuel Huerga que por aquellas horas realizaba la cobertura de estos acontecimientos. Sobre estas personas, Cardozo agrega que fueron procesados por usurpación, diferencia palpable entre la gestión de Eliseo Barberá -en la que Tolay además de ser detenido es brutalmente golpeado- y la del ex diputado y actual intendente, Marcelo Lara Gross.

Repercusiones de la situación en Orán

En aquel momento de virulencia, las organizaciones de derechos humanos de esa localidad se pronunciaron a favor del matrimonio y de la dirigente barrial, cuyo compromiso con la sociedad es más que evidente, considerando que no existían argumentos legales para la detención ni del trabajador municipal ni tampoco de Olmos puesto que no son detenidos en flagrancia.

Por aquellas horas de inseguridad jurídica y ya con Tolay preso, el Partido Obrero refiere que la detención y los pedidos de captura constituyen ?una provocación del poder político contra la lucha de 1.500 familias que viven en asentamientos ante la ausencia completa de una política de vivienda por parte del gobierno?, mientras más tarde, la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, llama a la sociedad a un ?estado de alerta y movilización? en contra de la impunidad del aparato represivo del Estado, resaltando que una vez más, la Provincia ?responde con violencia y represión a las demandas sociales como lo es la necesidad de vivienda?, al tiempo que destaca que este accionar muestra ?la continuidad de una metodología del uso de la violencia institucional con fuerzas de seguridad armada en contra de la población civil indefensa?.

El sueño de la casa propia, un problema que excede el género

Josefa Cardozo cuenta que en el norte provincial la participación de la mujer en las luchas sociales es notoria, recordando el intenso activismo durante la gestión presidencial de Fernando De la Rúa en 2001, las grandes movilizaciones docentes de 2005 y 2007, al igual que en los movimientos por la tierra.

?Nos arrastraban de los pelos. Nos insultaban. No les importó nada, ni siquiera la presencia de mujeres embarazadas. Lo mismo ocurrió cuando nos reunimos el lunes en el mismo lugar?, mencionan las mujeres que por necesidad llegaron a ocupar las tierras de Barrio El Milagro y que fueron violentadas en este sitio el jueves 22 de mayo a la madrugada, en el operativo de desalojo que culminó con varias personas hospitalizadas, situación que tuvo su correlato con la balacera abierta por las fuerzas policiales días más tardes cuando decidieron reunirse para discutir el camino a seguir.

Un hecho similar y con igual protagonismo de mujeres que afligidas por su condición social y la falta de respuesta de los gobiernos de turno se asentaron en San Expedito, el patrono de las causas urgentes, aconteció en la capital salteña el 27 de junio de 2007, cuando más de 600 efectivos policiales desmantelaron las humildes viviendas levantadas en el lugar en las que sólo se encontraban mujeres y niños. Hubo horas de enfrentamientos y pese a que el juez Marcelo Torres Gálvez había desestimado el pedido de desalojo realizado por el fiscal Facundo Ruíz de los Llanos, el entonces secretario de Seguridad y actual juez de la Corte, Gustavo Ferraris, ordenó la realización del procedimiento. En base a estos hechos, Lorena Contreras declara: ?Me uni a esta lucha en demanda de un lugar adonde vivir con mis tres hijos y mi marido. Allí estuvimos seis meses. Yo estaba durmiendo cuando sentí los gritos. Mi marido estaba por salir a trabajar y había ido hasta el Barrio Primero de Mayo para traer agua. Yo pensé que a lo sumo eran tres patrulleros pero estábamos rodeados y no les importaba nada, avanzaban contra los niños y contra las mujeres. Mi cuñada que estaba embarazada fue arrastrada de los pelos. Los policías nos insultaban y me estaban llevando detenida cuando en ese forcejeo mi familia logró apartarme?, contó.

Azucena Estrada, fue una de las más golpeadas, ella cursaba su tercer mes de embarazo y por lo mismo debió ser hospitalizada. ?Les decía mi estado. pero ellos no me creían, nos decían que para qué teníamos hijos. Parece que esperaron a que los hombres se vayan a trabajar, a que nos quedemos solas para proceder?, recuerda después de un año del hecho, por el cual no están procesados ni responsables políticos ni policías.

La misma brutalidad y maltrato sobre mujeres y niños, describe la crónica de Nuevo Diario sobre los sucesos ocurridos el 21 de septiembre en ?Divino Niño Jesús?: ?Luego de que les leyeran la orden del juez, la mayoría de los vecinos se amedrentaron y comenzaron a desmantelar sus carpas y viviendas hechas de palos y plásticos. Mientras tanto, un grupo de 10 mujeres se encadenó a un arco de fútbol, en tanto que otras familias rodearon sus carpas con el objetivo de resistir el desalojo. Cuando algunas familias se resistieron a ser desalojadas, la Policía golpeó a los vecinos sin importar si se trataba de hombres, mujeres o niños (..)