La Otra Voz Digital Directora Marta César
El Directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres solicitó al Poder Ejecutivo la derogación del Protocolo N° 1.170/12 Guía de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles y sus Resoluciones Ministeriales N° 215/12 y N° 797/12.
Esta solicitud tiene antecedente en las presentaciones realizadas ante la Cámara de Diputados así como en los Informes y Recomendaciones emitidas por el organismo desde el año 2016.
De acuerdo con el Informe sobre el Acceso al aborto no punible de la Asociación por los Derechos Civiles, sobre los protocolo elaborados por las provincias, Salta es la que posee el más restrictivo de todo el país, dado que se aleja de los estándares establecidos por la CSJN en el Fallo F.A.L. y del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable dependiente del Ministerio de Salud de la República.
En consideración de los últimos casos de público conocimiento en la provincia acerca de niñas y adolescentes embarazadas que no accedieron a la interrupción legal del embarazo, se pone en evidencia la urgente necesidad de derogación del mencionado Decreto provincial, con el objeto de que el mismo se adecue a los estándares normativos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y Ley Nacional N° 26.485.
Por lo antes expuesto, el Observatorio requiere que arbitren las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en nuestra provincia.
