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Salta-Segùn establece la Ley Micaela

EL MINISTERIO PÙBLICO DEFINE DETALLES PARA CAPACITACIÒN CON PERSPECTIVA DE GÈNERO

Fue una de las novedades surgidas de la reunión extraordinaria del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, que definió parámetros para el dictado de la capacitación obligatoria que establece la Ley Micaela. La falta de formación en perspectiva de género de los agentes del Ministerio Público Fiscal, condicionará el avance en la carrera administrativa de quienes no la cumplan.

Imagen : Ministerio Pùblico Fiscal Salta

La decisión fue analizada con los integrantes del Comité, -que preside el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo-, quienes destacaron la necesidad de que todos y cada uno de los agentes del Ministerio Público Fiscal, incorporen la perspectiva de género como una herramienta que permitirá disminuir efectivamente los índices de violencia de género en la Provincia. Es decir, que la capacitación genere sensibilización y concientización sobre la problemática. El objetivo es que una mujer que debe transitar todo el sistema, -desde que denuncia hechos de violencia y hasta que se llega a la sentencia-, no abandone su pedido de justicia debido a la revictimización que puede sufrir cuando intenta acceder a la administración de justicia. “Aspiramos a que una mujer que viene a las fiscalías a denunciar, sea recibida por personal que trabaja con perspectiva de género y que conoce todos los derechos que asisten a las víctimas”, analizaron los presentes.

El análisis también incluyó sentencias anacrónicas y sin perspectiva de género, ya que según conocieron los integrantes del Comité, este año se produjeron fallos en la Provincia en los que todavía se consideró el denominado “débito conyugal” como una forma de justificar las absoluciones de parejas o exparejas acusadas de violación por parte de las víctimas. El débito conyugal es un concepto de origen bíblico, cuya falta es establecida como pecado por el Derecho Canónico cuando no existan causas graves que impidan su prestación. Se concibe como una obligación recíproca de prestarse a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, como extensión del deber de cohabitación, y para servir al fin primordial del matrimonio que es la procreación. En el ámbito jurídico no hay legislación específica sobre el tema.

Por otra parte, cada integrante del Comité recibió copia de la sentencia contra el femicida de Jessica González. El pedido al Tribunal interviniente fue hecho por la fiscal del caso, María Luján Sodero Calvet, quien sugirió que las sentencias sean remitidas al Comité para su debate y definición sobre posibles mejoras en la investigación y abordaje de los casos de muertes violentas de mujeres.

Este jueves se sumaron al Comité la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso y la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Gabriela Rodríguez, entidad a la que la abogada representa dentro del Comité. Rodríguez también es asesora legal de la Fundación Cintia Fernández.

También participaron en la reunión extraordinaria la presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Laura Postiglione y la antropóloga Julieta Rivera, responsable del Área de Equidad de las Mujeres en la Subsecretaría de Políticas de Género. Ambas presentaron propuestas para hacer efectiva la capacitación de Ley Micaela en esta primera etapa, hasta que en breve, se incluya en el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal.

Otros temas discutidos fueron la violencia estatal ejercida en un festival desarrollado en el centro Cultural Pata Pila y la necesidad de eliminar los certámenes de belleza que según las estudiantes, “establecen estereotipos de belleza irreales” entre las adolescentes y se convierten en una práctica discriminatoria, sexista y de violencia simbólica e institucional contra las mujeres. Se sumaron discusiones sobre la escasa participación de mujeres en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales y nacionales, y la necesidad de que el Consejo de la Magistratura incluya casos teóricos y prácticos con perspectiva de género en todos sus exámenes.

Asistieron la coordinadora del Comité, Ana Cecilia Carraro, la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria; Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos, las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq y la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna.