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Tucumán

El martes 6 comienza juicio por femicidio de Paulina Lebbos

A semanas de cumplirse 12 años del crimen, el debate contra el supuesto autor y los posibles encubridores se iniciará el martes. La causa, a lo largo de todos estos años, tuvo varios giros y puntos polémicos que generaron todo tipo de especulaciones, teorías y debates.

Imagen : eldia.com

La desaparición

El 26 de febrero de 2006 después de haber ido a bailar al boliche “Gitana” de la ex zona del Abasto, Paulina Lebbos se subió a un remise Fiat Duna bordó con vidrios semipolarizados en la esquina de avenida Alem y José Gutiérrez junto a su amiga, la también estudiante salteña Virginia Mercado. La compañera descendió en La Rioja al 400 y ella continuó viaje hacia la casa de César Soto, la pareja y padre de su única hija. Nunca llegó al domicilio ubicado en la zona del parque 9 de Julio. Su padre, Alberto Lebbos, por ese entonces subsecretario de la Juventud, realiza la denuncia por la noche en la ex Brigada de Investigaciones.

El hallazgo

En la siesta del 11 de marzo de 2006, los hermanos Marcelo y Sergio Goitea encontraron en la vera de la ruta 341 el cuerpo de la joven. Funcionarios policiales fraguaron actas de procedimiento informando que el descubrimiento había sido realizado en un rastrillaje realizado por personal de la comisaría de Raco. Los peritos de Gendarmería Nacional determinaron que el cadáver de la estudiante había sido arrojado en ese lugar y que había sido estrangulada. Días después, en un informe presentado en la Justicia, los gendarmes pidieron que se separara de la pesquisa a la policía provincial porque se habían arruinado pruebas importantes y no se habían recolectado otras.

Las consecuencias

El crimen de Paulina se transformó en un caso con repercusión nacional y no tardó en generar consecuencias para el gobierno de José Alperovich. El 20 de marzo renunció Pablo Baillo como ministro de Seguridad Ciudadana y días después, su sucesor, Mario López Herrera, fue interrogado sobre el avance del caso en la Legislatura. El 12 abril, en una sesión secreta del Concejo Deliberante, ante las graves irregularidades detectadas en la investigación, se decidió unificar las licencias de taxis y remises a través del Sistema Único de Transporte de Pasajeros (Sutrappa). El 12 de mayo comenzó a regir la llamada Ley de las 4 AM, medida que ordena a los boliches y a los bares a cerrar a esa hora. Fue derogada ocho años más tarde, en 2014.

Cambio de fiscales

El 19 de abril, Alejandro Noguera, fiscal que dirigía la investigación del caso, concurrió a una reunión en la casa del gobernador Alperovich. Oficialmente se informó que había asistido a ese encuentro para solicitar una serie de recursos para seguir con la pesquisa. Un día después, el entonces ministro fiscal Luis de Mitri, lo separó del caso y designó a Carlos Albaca al frente de la investigación. Durante siete años este mantuvo el secreto de sumario en la causa. Sí puso en dudas de que la joven haya sido asesinada y opinó que podría haber muerto en una práctica sexual extrema.

 

Informe determinante

Bernardo Lobo Bugeau renunció a su cargo de secretario de Derechos Humanos en solidaridad con Alberto Lebbos, que había tomado la misma desición días después de la desaparición de su hija. El 13 de febrero de 2013, como integrante del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, Lobo Bugeau fue designado por la Nación para que realice una investigación del caso. En marzo de ese año, la Corte Suprema de Justicia también le pidió a Albaca que informe sobre el desarrollo de la causa. En junio, Lobo Bugeau confirmó que la investigación estaba paralizada. De Mitri volvió a cambiar de fiscal al designar a Diego López Ávila como investigador del caso. En el medio de estas idas y vueltas, Lebbos denunció la situación ante el máximo tribunal de Justicia de la provincia y ante la Nación.

Primeras detenciones

López Ávila, a meses de haber iniciado la investigación, y después de siete años, ordenó en octubre la detención de cinco personas por el hecho. Quedan tras las rejas Maximiliano Gallardo y Luis Gómez. Ambos habrían colocado el chip de sus líneas telefónicas en el aparato celular de Paulina, a horas de su desaparición, aunque el primero quedó en libertad al demostrar su inocencia. Luis Olivera, encargado de un camping de El Cadillal, fue arrestado por encubrimiento, ya que un testigo dijo que en ese lugar se había realizado la fiesta donde supuestamente había muerto la joven. También fueron detenidos el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, acusados del encubrimiento del crimen, por haber dado órdenes de adulterar las condiciones del hallazgo del cadáver. También comenzó a investigar por esos delitos al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, y al ex jefe de Policía Hugo Sánchez.

SOSPECHOSO. Gómez, acusado del homicidio.

Anticipo condenatorio

Paralelamente a la causa por el crimen, la Justicia investigó las supuestas irregularidades que habían cometido los policías de Raco cuando intervinieron en el hallazgo del cuerpo de Paulina. El 19 de diciembre de 2013, el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre condena al comisario Enrique García (jefe del destacamento) a cinco años de prisión, a Manuel Yapura a cuatro años y a Roberto Lencina a dos, por encontrarlos culpables de haber falsificado actas del procedimiento. Los jueces, además, le pidieron al fiscal López Ávila que investigue a los cuatro ex funcionarios por entender que habían participado en la maniobra de encubrimiento.

 

Sin pruebas claves

Genetistas le anunciaron a López Ávila en octubre de 2014 que no pudieron hacer pericias de un pelo entrecano y otro castaño que fueron encontrados sobre el cuerpo de la joven porque no habían sido preservados correctamente y el paso del tiempo los terminó deteriorando. El investigador pretendía comparar esas muestras con la sangre que le extrajeron a Soto, Gallardo, Gómez, Olivera, Juan Pedro y Jorge Hernán Jiménez (vecinos de Soto), Héctor Gustavo “Gordo” González (referente de la barra brava de Atlético) y su sobrino Héctor Guillermo Ramos, Gabriel Alperovich, Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto Kaleñuk), el remisero Juan Pedro Cruzado y Roberto Lorenzo Díaz (amigo de Soto).

SEÑALADO. Gabriel Alperovich cuando le extrajeron sangre.

Piden el juicio

El 15 de febrero de 2015, el fiscal López Ávila pidió que Gómez sea enjuiciado por privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. También solicitó que Di Lella, Sánchez, Barrera, Brito y el policía retirado Hugo Rodríguez enfrenten un tribunal por encubrimiento. Además solicitó el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador y de Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado del ex mandatario, por encubrimiento. Lo mismo hace con Olivera y Gallardo. La causa queda en manos del juez Víctor Manuel Pérez.

Confirman el enjuiciamiento

El 11 de septiembre de 2015, el juez Pérez dispuso la elevación a juicio en contra de todos los acusados, tal como lo había solicitado el fiscal López Ávila. Sin embargo, consideró que Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk no debían ser sobreseídos por el momento. Luego de conocer el fallo, la mayoría de los defensores de los acusados Barrera, Sánchez, Brito, Di Lella, Rodríguez y Gómez, decidieron apelarlo.

 

Albaca, entre las cuerdas

El fiscal Albaca decidió jubilarse para evitar ser sometido a un juicio político. Sin embargo, por pedido de Lebbos, se inició en 2013 una investigación por su proceder al frente de la causa. El 15 de abril de 2015, la fiscala de cámara Juana Prieto de Sólimo pide que el investigador sea enjuiciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por retardo y denegación de justicia y encubrimiento agravado. El debate está previsto que se realice este año.

Otro claro fallo

El fiscal de cámara Carlos Sale, en marzo de 2016 resolvió la diferencia que habían planteado López Ávila y el juez Pérez con respecto al sobreseimiento de Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk y lo confirmó. También estuvo de acuerdo con el sobreseimiento de Gallardo y Olivera y el enjuiciamiento de los acusados. En su fallo, Sale (que actuará de fiscal de cámara en el debate) dijo: “haciendo un mínimo análisis de lógica fáctica y jurídica, llama la atención que por Gómez, un perfecto desconocido, se encuentren policías condenados y funcionarios involucrados. El debate oral será la antorcha que quizá ilumine el camino de la verdad poniendo a los demás responsables en el lugar que efectivamente corresponde”. En septiembre, la Cámara de Apelaciones rechazó todos los planteos y confirma el enjuiciamento de los acusados.

El final, más cerca

En diciembre de 2016 se definió por sorteo que los jueces de la Sala III serán los encargados de realizar su juicio. Los camaristas Dante Ibáñez y Carlos Caramuti fueron los que condenaron a los policías de Raco por encubrimiento en 2013. El otro magistrado será Rafael Macorito. En mayo pasado, se rechazaron todos los planteos inhibitorios en contra de los miembros del tribunal. En octubre se abrió la etapa en la que todas las partes debían presentar las pruebas y en noviembre se fijó que el martes 6 de febrero se iniciará la audiencia.