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José Martínez Sobrino

El juez que liberó a Etchecolatz, investigado por robo de bebés en la dictadura

José Martínez Sobrino, uno de los jueces federales que le concedió la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, había sido denunciado en 2010 por Abuelas de Plaza de Mayo por su presunta participación en la entrega irregular de un bebé apropiado durante la dictadura. En 1976, Martínez Sobrino era secretario del Juzgado de Menores del también acusado, juez Wagner Mitchell.

Imagen: La Tinta

José Martinez Sobrino es uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, que este miércoles le concedió el beneficio de prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, condenado seis veces a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En el fallo difundido, Sobrino y los jueces Julio Panelo y Fernando Canero entendieron que Etchecolatz cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Penal y en el artículo 32 de la ley 24.660 para recibir la domiciliaria.

“Ha tenido varios episodios de bastante gravedad relacionados con su salud. El beneficio lo pidió el defensor en base a su edad (tiene 88 años) y su delicado estado de salud (…) Evaluamos la edad y el estado físico delicado”, explicó el magistrado en diálogo con Romina Manguel para Radio Nacional.

Octogenario, pero con la mafia intacta

En 2015, los abogados defensores de Etchecolatz solicitaron el beneficio de prisión domiciliaria por considerar que “su cuadro de salud empeoraba con la situación de encierro”.

A pesar que en ese momento el Cuerpo Médico Forense dictaminó que el ex comisario podía ser atendido sin inconvenientes en el hospital penitenciario de Ezeiza, el TOF Nº 1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria. Debió seguir preso por la vigencia de otras condenas.

Virginia Creimer, la médica forense que le negó la prisión domiciliaria, denunció que luego de los exámenes encontró un cuchillo de carnicero ensagrentado en la puerta de su casa, que la decidió a abrirse de seguir atendiendo los casos de genocidas presuntamente enfermos.

“Salí por media hora y al volver encontré eso en la puerta. No sabía si la sangre era de mi hija adolescente que estaba durmiendo adentro. Eso realmente fue desestructurante. Fue un acto de tortura liso y llano, si lo que querían lograr era aterrorizarme lo tengo que admitir, lo lograron”, indicó en ese momento Creimer.

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¿Un juez con conflicto de intereses?

En 2010, la institución Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires denunciaron a dos jueces en actividad y a un ex magistrado por supuesta participación en el robo de un bebé a una mujer secuestrada y su adopción ilegal.

Los acusados eran José Martínez Sobrino, Wagner Gustavo Mitchell y el ex juez José Domingo Allevato, quien también habría participado en el trámite de la adopción ilegal.

La denuncia, realizada por María Isabel Chorobik viuda de Mariani -fundadora de Abuelas- y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, fue presentada ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi.


La presentación, suscripta por el abogado Alejo Ramos Padilla en representación de Abuelas, sostenía que José Martínez Sobrino y los otros dos acusados avalaron la entrega en adopción definitiva del niño Simón Riquelo, quien fue arrancado de los brazos de su madre, la ciudadana uruguaya Sara Méndez, cuando fue secuestrada el 13 de julio de 1976.


Sara Méndez fue secuestrada por parte de un grupo de unas 15 personas que se identificaron como “miembros del ejército de Argentina y Uruguay”. Fue torturada y llevada al centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Cerca de las cuatro de la mañana, la Comisaría 33ª le notificó al juzgado de Mitchell la aparición de un bebé “abandonado” en la puerta del Sanatorio Norte. En el secuestro y el robo del chico que tenía apenas 21 días de vida participaron, según se estableció, el represor Eduardo Ruffo y el subcomisario Osvaldo Parodi, de la seccional 33ª. Parodi pidió y consiguió, a través del juzgado de Mitchell y Martínez Sobrino, primero la tenencia del nene y luego su adopción definitiva.

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Sara y Aníbal Méndez en Buenos Aires. (Imagen: La Diaria)

La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y Abuelas promovieron una causa penal contra ambos jueces, pidieron su apartamiento de todos los expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos y su sometimiento al proceso de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.

“Los magistrados Mitchell y Martínez Sobrino participaron en el despojo de la identidad, de los criterios de asignación, del ocultamiento a sus verdaderas familias y de la confección de un expediente ideológicamente falso para realizar una adopción irregular”, advierte el texto, que firman varios querellantes del juicio a cargo del TOF6, representados por el abogado Alejo Ramos Padilla.

No hay constancias, dicen, de que en el expediente que derivó en la adopción de Simón se haya intentado dar “con los padres o familiares del niño”, “no hubo verificación de hábeas corpus o de nacimientos”.

“No creo que me tenga que excusar porque fui funcionario en un sumario donde la policía manifestó que había aparecido un menor en las escalinatas de un sanatorio. No me siento contaminado por haber presenciado ese hecho, soy un testigo (…) Quien dispuso la entrega fue el juez, Mitchell, que me lo informó entonces. En muchos casos así, si nadie reclamaba al niño, y alguien con condiciones económicas, sociales y morales pedía la guarda, seguramente se le concedía para evitar mandarlo a un instituto de menores (…) No tuve conocimiento de la apropiación ni intervine en una maniobra encubridora”, dijo al momento de las denuncias en su contra, Martínez Sobrino.

Sara sobrevivió al centro clandestino y 26 años después, gracias a un examen de histocompatibilidad, pudo reencontrarse con su hijo.

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