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Detención de Milagro Sala

El Estado es responsable

La mirada de la especialista Verónica Heredia sobre la medida cautelar de la CIDH que ordena que Milagro Sala no siga en prisión.

Imagen : Espacio Iniciativa

En los últimos diez años, la CIDH adoptó 14 medidas cautelares a favor de personas en Argentina a fin de proteger sus derechos. Siete lo fueron a favor de personas privadas de su libertad en las provincias de Buenos Aires, Mendoza.  La última fue la adoptada el 28 de julio de 2017 a favor de Milagro Sala, privada de su libertad en Jujuy.
La CIDH recuerda una y otra vez la excepcionalidad de la prisión preventiva. Sin embargo vemos una y otra vez como jueces y juezas dictan prisión preventiva día tras día. Mientras no se encuentre firme la sentencia que condena a una persona a la pena privativa de la libertad, todo tiempo que permanezca presa es prisión preventiva. La Corte Suprema de Justicia establece que una sentencia adquiere firmeza recién cuando ella rechaza la queja por recurso extraordinario federal denegado. 

En el caso de Milagro Sala, la CIDH advierte que ya el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitrarias, que calificó su detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y recomendó su liberación inmediata. 

Hasta la fecha el Estado no adoptó ninguna medida al respecto. No puede escudarse en que se trata de una decisión autónoma de una provincia. El carácter de Estado federal no sustrae de sus obligaciones a un Estado, según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El sistema federal que estatuye la Constitución Nacional, en el cual el respeto por las autonomías locales determina que cada provincia dictará para sí una Constitución que asegure, entre otras cosas, su administración de justicia (artículo 5), no resulta incompatible con los deberes que recaen en la cabeza del Estado, por cuyo incumplimiento deberá responder ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

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