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Se refirieron a la situación de la asociación de comunidades aborígenes Lhaka Honhat en la provincia de Salta

El Comité de Derechos Humanos de la ONU analizó la situación de los derechos civiles y políticos en la Argentina

El jueves pasado ,concluyó el diálogo entre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Estado argentino sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los expertos independientes que integran el Comité preguntaron a los representantes del Estado por cuestiones centrales que hacen a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y que figuraban en el informe alternativo presentado por el CELS. El Estado respondió sobre algunas de las preocupaciones planteadas por el Comité.ONU-31516

En relación con el proceso de memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad, los expertos del Comité expresaron preocupación en varias oportunidades por la continuidad del proceso en general y por el desmantelamiento de áreas importantes del Poder Ejecutivo que lo apoyaban en particular. Los integrantes de la delegación argentina sostuvieron que este trabajo no será afectado y ratificaron que el proceso de verdad y justicia es una política de Estado. No respondieron a las preguntas sobre la falta de conformación de la comisión bicameral que debe investigar la complicidad económica y sobre el compromiso del Estado con el avance de las causas judiciales que involucran a empresarios.

En materia de políticas de seguridad, varios expertos del Comité alertaron sobre la habilitación a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior que se podría desprender de la Declaración de Emergencia en Seguridad de enero 2016 y la autorización del derribo de aviones. El Estado reconoció que el decreto de la Emergencia en Seguridad y el derribo habían sido muy cuestionados y anunciaron que el gobierno presentará un proyecto de ley para cumplir con los estándares internacionales.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad, el Estado reconoció que incumple sus obligaciones internacionales al no implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dijo que ponerlo en marcha está entre sus prioridades. Algunos expertos del Comité preguntaron cómo el Estado aseguraba la no impunidad de hechos de tortura en las cárceles y cómo el autogobierno del servicio penitenciario sostiene prácticas violentas. Como respuesta a estos problemas, el Estado mencionó la declaración de emergencia del Sistema Penitenciario Bonaerense y se refirió a la conformación de una mesa de trabajo con participación de organizaciones sociales como una de las medidas concretas para revertir la situación.

Miembros del Comité preguntaron sobre algunos casos específicos de ejecuciones y lesiones graves cometidas por las fuerzas de seguridad: los de Alan Tapia, Lautaro Bugatto, Lucas Cabello, Gabriel Solano, Franco Casco y Gerardo Escobar. Pidieron al Estado información precisa sobre las investigaciones judiciales en estos casos para impedir la impunidad. Como no hubo una respuesta durante el diálogo, uno de los miembros solicitó que el Estado presente información por escrito.

En relación con los derechos de los pueblos indígenas y la garantía del derecho a la propiedad ancestral, los miembros del Comité se refirieron a la situación de la asociación de comunidades aborígenes Lhaka Honhat en la provincia de Salta. Preguntaron por qué no se había concluido la demarcación del territorio de las comunidades, cuándo se les va a entregar el título colectivo y cuándo se realizarán las obras para garantizar los traslados de las familias criollas que viven en esas tierras. Sobre este tema, los representantes del Estado admitieron que no se ha avanzado lo suficiente en las obras de infraestructura que hacen faltan. Por otro lado, desde el Comité plantearon su preocupación por la criminalización de los miembros de las comunidades indígenas y en particular por la situación de la Comunidad la Primavera y de Félix Díaz. Los integrantes de la delegación argentina dijeron que el Estado venía acompañando a  Díaz e hicieron referencia al decreto del mes pasado que creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas.

Varios expertos del Comité preguntaron por el acceso al aborto no punible y la adopción de los protocolos necesarios para garantizar la efectiva implementación del fallo “F.A.L.” Se refirieron específicamente al caso de Belén, una joven de 27 años privada de su libertad desde hace más de dos años por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público. Sostuvieron que era inadmisible que continuara detenida. Los representantes del Estado coincidieron en la gravedad de esa detención.

Sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, desde el Comité reconocieron el importante avance representado por la Ley Nacional de Salud Mental pero expresaron su preocupación por la falta de recursos presupuestarios para su plena aplicación y por las muertes ocurridas en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y su falta de investigación. Sobre este último punto el Estado dijo que respondería por escrito.

En materia de libertad de expresión y los cambios efectuados por el Poder Ejecutivo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), los miembros del Comité expresaron preocupación por la modificación de la ley por decreto y el riesgo de que el esquema actual genere mayor concentración de la propiedad de los medios. Los representantes del Estado trataron de justificar el uso de decretos de necesidad y urgencia para reformar la ley y reiteraron que buscarán adoptar una nueva norma para regular los servicios audiovisuales en el plazo de un año.

A mediados de julio el Comité difundirá sus observaciones finales sobre el cumplimiento de las obligaciones que surgen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La evaluación definió una agenda clara sobre algunos de los graves problemas de derechos humanos del país que requieren políticas específicas e iniciativas institucionales. Los integrantes del Comité manifestaron preocupación por varios de estos temas estructurales y también por algunas decisiones tomadas en los últimos meses. Durante la evaluación, el Estado se comprometió con algunas medidas, aunque en temas importantes no respondió con definiciones de políticas concretas. En el futuro próximo, deberá mostrar su compromiso a través del cumplimiento de las recomendaciones que fije el Comité en las observaciones finales.

Además del informe alternativo que presentamos al Comité presentamos informes temáticos en alianza con otras organizaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes y la situación del aborto.

 

Imagen : acij.org.ar