Quita de pensiones por invalidez

El ajuste macrista golpea sobre las personas con discapacidad

En Argentina, según el último Censo Nacional, hay 5 millones de personas con discapacidad, es decir, el 12,9% de la población. El año pasado, el macrismo dispuso una rebaja en las pensiones, medida que debió suspender por el reclamo social. Sin embargo, muchas familias dejaron de acceder a ese derecho. 

Imagen : Página12

A  cuatro meses de la segunda tanda de quita de pensiones por discapacidad el Gobierno de Mauricio Macri no deja de cercenar derechos. El año pasado, en noviembre, la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio de baja 170 mil pensiones a personas con discapacidad. Esta primera tanda que arrasó con ese derecho desató la reacción de organizaciones de defensa por los derechos de este colectivo, y la autoconvocatoria de varios afectados, familiares o representantes de estos últimos quienes se pronunciaron en contra de la medida con una manifestación en el Obelisco, invitando a participar  a los mismos medios de comunicación que suelen  invisibilizarlos. La voz en alza de los vulnerables fue escuchada y el Estado tuvo que salir a hablar.

En ese contexto, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dijo: “Una persona con síndrome de down, por ejemplo, no es sujeto de derecho de esta pensión porque puede trabajar si lo deseara”. En cuanto a Stanley, anunció la restitución gradual de las pensiones, sin embargo, se estima que aún para muchos perjudicados esto no ocurrió. Además, estas pensiones pasaron a un nuevo organismo ejecutivo: la Agencia Nacional de Discapacidad. La mega agencia ahora realiza las funciones de la ex- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, el ex- Profe, hoy Incluir Salud y el Servicio Nacional de Rehabilitación. La nueva agencia no cuenta con una página web que otorgue alguna transparencia al accionar del organismo. Además, no está claro el desempeño de sus funcionarios: trascendió que el Director Ejecutivo nombrado recientemente ya gozaría de una licencia para ir de viaje de estudios a California.

Muchas personas con discapacidad siguen peleando por recibir su derecho inalienable a una pensión.  Muchos otros exigen el cumplimento del cupo laboral previsto en la Ley 25.689, que dista mucho de ser satisfactorio. Otros exigen que se den las condiciones para poder ingresar al sistema educativo y ser incluidos en él o piden que se les otorguen los medicamentos que requieren o la rehabilitación necesaria para tener una mejor calidad de vida y los apoyos para procurar una vida autónoma.

La igualdad de oportunidades que requiere este grupo de personas se ve soslayada por la invisibilidad a la que están sometidos. De hecho no hay datos actualizados sobre las personas con discapacidad que, actualmente, perciben pensiones ¿Cuántas las perciben? ¿Cuántas tienen un acceso al trabajo igualitario? ¿Cuántas pueden gozar de una buena atención en el sistema de salud? ¿Cuántos niños, niñas, mujeres, y hombres con discapacidad hay en nuestro país? No hay cifras oficiales. Y las que hay son de, exactamente, catorce años atrás (ENDI, 2004) con algunos aportes recogidos de las preguntas contenidas en el último Censo Nacional (2010). Habrá que esperar, pues, algunas cifras del trabajo encarado, recientemente, por el INDEC, “Perfil de las Personas con Discapacidad” y siempre y cuando tenga un alcance importante en el territorio nacional. La ausencia de datos es contundente. ¿Cómo se gestan políticas públicas, cómo se estiman los presupuestos destinados a ellas?

Hace algunos meses el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, se refirió a esta situación y declaró en una nota con Futurock que “estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene”. Como dice el titular de Ufises, hay mucho desconocimiento sobre lo qué implica vivir con discapacidad o a estar a cargo de una persona con discapacidad con alto grado de dependencia. Y es que este grupo social, junto con los jubilados son los más afectados y golpeados por la política de Cambiemos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que -a nivel mundial- hay más de mil millones de personas con discapacidad. Nos estamos refiriendo al 15 % de la población, de las cuales más del 50% no cuenta con los recursos necesarios como para pagar una cobertura de salud adecuada a sus necesidades y son quienes tienen los índices de pobreza más altos por no acceder a una vivienda, servicios públicos,  salud y educación adecuados.

En tanto, en Argentina,  según el último Censo Nacional, hay 5 millones de personas con discapacidad, esto quiere decir que en una de cada cinco familias hay una persona con discapacidad, nos referimos a un 12,9 % de la población. De ese total, el 39,5% tiene discapacidad motora, el 22%, visual, el 18% auditiva. El 15,1% restante tiene discapacidad mental y/o intelectual. A eso hay que agregarle la percepción de discriminación, que alcanza al 52,3%. Pero estos números deben ser más altos, porque los niños nacidos con discapacidad luego del 2010 no están contemplados por este sondeo.

Por otra parte la consultora Adecco Argentina realizó un informe en agosto del 2017 que arroja que el 75 % de las personas con discapacidad están imposibilitadas de trabajar y el 44 % de esas personas son “cabeza de hogar”. Claro que cualquier persona diría que para esto existen las pensiones por discapacidad de $ 6.377 (la mínima), monto con el que es imposible subsistir.

A esta coyuntura se suma que el oficialismo impuso una serie de “condiciones” para acceder a la pensión por discapacidad, a modo de ejemplo: No poseer ningún bien (ni auto, ni casa), y no tener algún familiar responsable o curador, cuyo ingreso sea superior a los $ 19.000.

Esto es, si una persona con discapacidad, tiene la magra suerte de contar con el dinero suficiente como para comprarse un auto para facilitar su movilidad y mejorar su calidad de vida no le corresponde una pensión no contributiva.

Este colectivo social históricamente relegado y vulnerado, es arrastrado por las políticas del gobierno neoliberal “por fuera” del Estado sin permitirles el ejercicio pleno de los derechos mencionados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y que fue ratificada por el Estado Argentino en el año 2008 (Ley 26378); pero parece ser que en tiempos de recortes ninguna Convención es respetada. Esta tampoco.