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El acceso a la salud de las mujeres: un tema pendiente

Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación ?La violencia de género en Salta? a cargo de la Lic. Violeta Carrique. Y es la continuidad de un camino iniciado por miles de mujeres que luchan por sus derechos. Es necesario plantear la idea de continuidad porque estamos en medio de un proceso de lucha y todavía no hay respuestas a las reivindicaciones que se sostienen.

Entiendo que los diferentes procesos de lucha se dan desde diferentes ámbitos: académicos y/o teóricos, cotidianos, organizados, espontáneos, etc.

Existen argumentos legales que embanderan las mujeres para sostener y argumentar sus derechos a través del tiempo; también hay hechos y realidades que demuestran como los derechos humanos de las mujeres son violados día a día.

Es así que quiero iniciar una serie de ideas que giran en torno al cumplimiento efectivo de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

¿Pueden, las mujeres, decidir si tener hijos o no, abortar o parir? El deseo y decisión de ser madre es también un mandato social, cultural e ideológico, como consecuencia se realiza como mujer, se siente plena y completa. La elección de ser madre es bienvenida, la de abortar o interrumpir un embarazo es cuestionada y rechazada por la sociedad, que a su vez está conformada por mujeres y hombres, por diversas voces que pertenecen a su vez a clases sociales, que acusa, juzga, atropella y encarcela.

Esto ha sucedido con las miles de mujeres que han abortado en la clandestinidad, las que han sobrevivido, las miles que han muerto, las que han sido judicializadas aún cuando estaban amparadas por el art. 86 del Código Penal, las que fueron violadas, abusadas e invisibilizadas por este Estado.

Un caso ejemplar es el de Ana María Acevedo que este año cumpliría 22 años junto a sus tres hijo/as y a su familia, a ella le negaron un aborto terapéutico y la dejaron morir sin asistencia médica. No sólo fueron las/os efectores del sistema de salud a donde ella acudió los que violaron sus derechos humanos, sino el sistema de salud, la justicia y todas las instituciones del estado, que no respondieron a sus demandas.

En el cuerpo de Romina Tejerina también ?falló? la justicia con una sentencia a 14 años de cárcel mientras que el violador aún sigue libre; en este caso el estado tampoco ha protegido los derechos que tiene como ciudadana.

En estos cuerpos hubo violencia y violación. ?La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”(1), la definición comprende todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres en el ámbito privado y público, se refiere a la violación, maltrato, abuso sexual, acoso sexual, etc. La violencia de género se convierte en una de las más graves violaciones a los derechos de las mujeres y debe ser reconocida como una violación a los derechos humanos.

En el primero se violaron los derechos humanos básicos, como lo es el derecho a la salud, a ser asistida como sujeta de derecho. Respetar un derecho significa que el Estado no puede violarlo por acción u omisión, por ej., negar la asistencia médica y negar un aborto terapéutico amparado en el código penal. Y proteger un derecho significa que el Estado debe habilitar los mecanismos necesarios para prevenir su violación por parte de terceros. Nada de esto sucedió con Ana María Acevedo.

En el segundo hubo además abuso y violencia sexual, ?la violación sexual es pues fundamentalmente un ejercicio de poder de sometimiento de una persona sobre otra sin su consentimiento, es un ejercicio sexista y sexuado?.(2) Ambas terminaron siendo las responsables de las agresiones recibidas, fueron señaladas, sospechadas, culpabilizadas y revictimizadas por el entorno social.

Por otro lado, en relación a los derechos sexuales y reproductivos, al acceso por parte de las mujeres a los MAC, y a los abortos clandestinos que se practican miles de mujeres en condiciones de riesgo para su salud y su vida se ha realizado un relevamiento de los egresos por aborto durante el año 2007 en toda la provincia de Salta, y se han registrado 2292 egresos por aborto en los hospitales públicos.

Estos datos visibilizan una problemática y a su vez demandan la necesidad de la reglamentación de la Ley sobre Sexualidad Responsable que tiene la provincia, para que se destine un presupuesto, ya que el Programa Nacional de Salud Sexual no funciona. No hay disponibles métodos anticonceptivos inyectables y es difícil el acceso a los otros MAC, lo cual significa que cientos de mujeres ya no están bajo programa.

Y en la Argentina ?Cada año se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. A lo largo de su vida fértil, en promedio, cada mujer argentina tendría dos abortos inducidos. Por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no la requerirían.” (3)

Estos ejemplos muestran que una mujer decide y acude a un aborto cuando no pudo evitar un embarazo que no quería, y los anticonceptivos son la única forma para prevenir un embarazo no deseado, pero existe problemas en el acceso a los insumos. Los datos revelan con claridad la desigualdad en relación a la anticoncepción. Para el gobierno, nacional y provincial, la salud sexual de las mujeres, no es un tema prioritario, y no forma parte de la agenda pública, los derechos que como ciudadanas tenemos, son plenamente avasallados.

Cuando la capacidad de decisión y elección, acerca de la cantidad de hijos/as que queremos tener, del método que podemos usar, de la propia sexualidad, del embarazo y el parto en condiciones dignas, de la prevención de ITS, está mediada por la falta de poder que tienen las mujeres y la falta de recursos para sostener esas decisiones en condiciones seguras, es el Estado el que debe garantizar la información, el presupuesto, el acceso, y que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos para todas y todos.

Son diversas las razones por las cuales una mujer asiste a un centro de salud u hospital a solicitar un método anticonceptivo y/o la ligadura de trompas, algunas de ellas son: no pueden tener un hijo más porque significaría un riesgo para su vida, sufren violencia conyugal, los maltratos de sus parejas les pueden provocar un embarazo por la violencia sexual ejercida sobre ellas, solamente quieren cuidarse y cuidar a los hijos que ya tienen o ya pasaron por la experiencia de un aborto clandestino y no quieren repetirla.

Desde esas razones se plantean las dificultades a las que se enfrentan las mujeres cuando demandan el derecho a la salud sexual en los servicios de salud. ¿Desde qué lugar las mujeres pueden y/o deben ejercer su derecho a informarse y a decidir que método anticonceptivo elegir? Las condiciones de elección, decisión y de acceso a la salud no son las mismas en todas las mujeres; porque la desigual distribución de la riqueza permite que las mujeres más pobres usen métodos precarios de interrupción del embarazo y son las que mueren por abortos realizados en la clandestinidad.

Las mujeres que asisten a los efectores de salud público se encuentran por debajo de la línea de pobreza, tienen sus necesidades básicas insatisfechas, no tienen los medios necesarios para criar a sus hijos y no gozan de los derechos a una vivienda digna, a educación, trabajo ni salud, son las que dependen totalmente de la cobertura de salud pública, ya sea en la salita del barrio o villa y/o del hospital.

Así los cuerpos de las mujeres, se han convertido en un espacio de lucha y de debate, en el que todos/as opinan, escriben, deciden de acuerdo a las necesidades de la natalidad, de la reproducción, de la imagen, de la oferta y de la demanda. Pero ¿quién pregunta a las mujeres sobre sus cuerpos, sus deseos, fantasías, su sexualidad, y sus placeres?

Nuestros cuerpos han sido expropiados, a través de la expropiación del derecho a decidir sobre ellos, esto ha sido así desde nuestra socialización primaria, desde normas, reglas, modelos culturales y de control social que nos decían como vestir, hablar, jugar, reír, etc.

Son varias las formas de expropiación del cuerpo de las mujeres en manos del patriarcado, una de ellas es la transformación del cuerpo en objeto, en cosa intercambiable para uso sexual, comercial, laboral, etc., al ser un cuerpo para los/as otros/as, las mujeres pierden su protagonismo y quedan sujetas a los poderes de los hombres y de las instituciones. Otra forma es postulando al cuerpo de las mujeres sólo por su capacidad reproductiva, aquí también se presenta otro mandato social, la maternidad como un legado que la sociedad le ha depositado a la mujer.

Además las mujeres sufren una doble opresión, de género por ser mujeres y de clase por ser parte del pueblo, son víctimas de acoso, abuso sexual, violaciones y violencia, cada vez más avanza la prostitución, la trata de mujeres y niñas/os, y la pornografía. Las trabajadoras no tienen igual salario por igual trabajo, ni las mismas oportunidades que los varones y cumplen una doble jornada, fuera y dentro del hogar; consiguieron a lo largo de la historia los derechos civiles, el voto, el divorcio, la igualdad de los hijos/as ante la ley, la patria potestad, las leyes de salud sexual y violencia, pero aún hoy la mujer no puede decidir libremente sobre su maternidad, la interrupción del embarazo está penado por la ley y las prácticas de anticoncepción quirúrgicas no se cumplen en todos los casos.

El lugar de la salud, que debiera estar garantizado en todas sus formas desde el estado, se convierte en otro de los ámbitos donde actúa la violencia de género, ya que las mujeres acceden desigualmente a los recursos básicos de salud y experimentan limitaciones para decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Los recursos humanos que pertenecen al sector salud, así como los de la justicia y la educación, lugares concurridos por las mujeres que solicitan algún tipo de ayuda, están cargados de mitos, prejuicios, estereotipos, preconceptos acerca de las mujeres, es por ello que cuando una mujer acude desangrada al hospital es maltratada y denunciada antes de ser atendida. Lo mismo ocurre cuando una mujer denuncia una violación, antes de ser asistida se juzgan los pormenores y los detalles en que ocurrió el hecho: la edad, el vestido, el lugar, etc.

Es así que la violencia afecta directamente los cuerpos y la vida de miles de mujeres, con cifras cada vez más alarmantes, por la forma en que es ejercida sobre las mujeres, ya sea sexual, física y psicológicamente, tiene graves consecuencias en la salud de los/as hijos/as de las mujeres, en el ámbito familiar y social cercano a ellas.

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, libre de prejuicios y estereotipos que se transforman en mandatos en relación a la apropiación de los cuerpos de ellas, mandatos que determinan tipos de comportamientos, prácticas sociales y culturales.

Los cuerpos de las mujeres deberían ser territorios soberanos, espacios que no deben soportar ningún tipo de apropiación, violación, amenazas ni abusos, discriminación, mucho menos la muerte.
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(1) Belém do Pará, 1994.

(2) Diccionario de estudios de género y feminismos. 2007.

(3) El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente. Mariana Carbajal. Ed. Paidós. 2009