El aborto ilegal es un negocio rentable

Para la diputada nacional Cecila Merchán, “existe un rentable negocio montado en torno al aborto” que impide que aunque no pueda refutarse la cantidad de muertes que ocurren en el país y en Latinoamérica a causa de procedimientos clandestinos, los gobiernos se nieguen a dar una verdadera discusión sobre el tema. La legisladora refiere además que otras de las razones que entorpecen los avances hacia la despenalización y la legalización tienen su fundamento “en la resistencia de los sectores conservadores” que atentan contra los derechos de las mujeres.

Merchán señala que las iglesias en general y especialmente la Iglesia Católica, son parte de estos “sectores conservadores y opresores de los derechos de las mujeres”. “Salen en defensa de los niñ@s por nacer?, dice, dejando de lado que son fuertemente cuestionados por abusos y violaciones sexuales a niñ@s en el mundo, como ocurre con el caso emblemático de Grassi.

Sobre los grupos “pro vida”, la legisladora agrega que son la voz cantante de la Iglesia y que por ello “no sólo se oponen al derecho a decidir de las mujeres” sino que además se interponen al igual que los representantes del clero al derecho a la educación sexual, al uso de anticonceptivos y del preservativo, como único medio para evitar el contagio de enfermedades de trasmisión sexual”, atentando contra la salud pública a través de “su campaña de desinformación”.

También asegura que cuando l@s magistrad@s hacen una lectura restrictiva de la segunda parte del artículo 86 adonde se contemplan los casos de abortos no punibles la discusión se torna más dificil, pero resalta que esto no debe constituir una imposibilidad para plantear la realidad que vive nuestro país “cuando tenemos cientos de mujeres que se mueren por abortos clandestinos”, recordando que según las estadísticas del Ministerio de Salud, “el aborto es la segunda causa de muerte en Argentina”.

La salud pública y el derecho a decidir

Merchán avanza destacando que la mujer que decide abortar “no tuvo antes la oportunidad de elegir sobre su vida sexual, sobre su cuerpo”.

En esta misma línea, subraya que la problemática del aborto debe abordarse conjuntamente como “un problema de salud pública frente al cual el Estado debería dar respuestas”, sin olvidar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos, sobre “cuándo y en qué circunstancias ser madre o no”.

“La despenalización es el paso previo a la legalización”

La diputada nacional considera que debe avanzarse paulatinamente en este tema y que la despenalización “es el paso previo a la legalización” del aborto, el paso obligado “para que no se hable de mujeres condenadas ni de penas por este delito”, y se allane finalmente el camino “hacia la legalización como parte de una política pública”.

Si bien el objetivo es lograr la legalización, la legisladora destaca que la despenalización permitiría que cualquier mujer pueda realizar la práctica sin ser considerada autora de un delito y que al mismo tiempo pueda acudir ante alguna complicación a un hospital sin tener miedo a que el médico o el sistema de salud la denuncien.

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