A 41 años del golpe cívico militar

Día de la Memoria: una multitud marchó con consignas contra Macri

Las columnas de los organismos de DDHH y agrupaciones políticas llegaron al microcentro desde distintos puntos.

Imagen : Arg Noticias

Organizaciones de Derechos Humanos realizaron hoy una durísima crítica al gobierno de Mauricio Macri al que tildaron de “antipopular”, “negacionista” de las consecuencias de la represión y cuyo “modelo económico tiene los mismos objetivos” que el puesto en marcha en la última dictadura por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.

Durante el acto central en Plaza de Mayo por el 41 aniversario del golpe de Estado de 1976, los representantes de las organizaciones de derechos humanos rechazaron los dichos de funcionarios nacionales que señalan que los desaparecidos son 8.500 -citando al libro de la Condep “Nunca Más”- al afirmar que “nadie y menos desde el Estado pueden decir que no son 30 mil”.

En ese contexto, señalaron que “seguimos reclamando la urgente apertura y declasificación de todos los archivos para saber el nombre de los cupables y qué hicieron con los cuerpos de las víctimas” y reclamaron que “se rompa el pacto de silencio” desde el Estado.

En la multitudinaria manifestación, los organizadores calificaron al Poder Ejecutivo de “gobierno antipopular”, y en varias ocasiones, promovieron el cántico que se hizo eco en toda la plaza: “Macri, basura, vos sos la dictadura”.

“Vamos a seguir exigiendo la libertad para Milagro Sala”, indicaron los dirigentes en la lectura del documento, tras lo cual sostuvieron que “el modelo económico de este gobierno tiene los mismos objetivos desde Martínez de Hoz (ministro de Economía de la dictadura militar): pobreza planificada, menos derechos de los trabajadores, destrucción de la industria nacional, aumento indiscriminado de la deuda externa y alineamiento con Estados Unidos y el FMI”.

En otro tramo de la lectura del documento los organizadores dijeron ver “cómo Mauricio Macri retrocede y se niega a hablar de la cantidad de desaparecidos“, además de contar con “funcionarios que ejercen el negacionismo”.

“No vamos a permitir impunidad, el único lugar para un genocida es la cárcel común no lo son su casa o cárceles de lujo como Campo de Mayo”, señalaron.

Así, reclamaron al Estado saber “dónde está” Jorge Julio López, a diez años de su desaparición cuando era testigo en el juicio contra Etchecolatz, al tiempo que reclamaron investigar “crímenes de lesa humanidad” de los soldados argentinos en la guerra por las islas Malvinas en 1982.

En el acto que tuvo en el escenario a representantes de todos los organismos de derechos humanos con excepción de las madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini, quien se ubicó en el otro vértice de la Plaza cerca del Cabildo, se leyó un extenso documento.

“Que se rompan los pactos de silencio de los genocidas, que nos digan los lugares donde nacieron niños, los apropiadores, sus padres. Sin eso la deuda de la democracia sigue siendo enorme”, enfatizaron al tiempo que reclamaron también “cárcel y castigo a los cómplices civiles de la dictadura” entre ellos mencionaron a varios “empresarios”.

“Hoy a 41 años despues del golpe, han instalado un plan económico de exclusión y nuevamente los trabajadores y trabajadoras vuelven a ser los perjudicados, tanto en el sector privado como en el estatal, los despidos se repiten de a miles”, advirtieron y expresaron su apoyo “a los docentes en reclamo por la paritaria nacional”.

También denunciaron “amenazas y persecusión, como la sufrida por el dirigente Roberto Baradel y su familia” al tiempo que advirtieron: “los planes económicos de hambre tienen como condición necesaria, la represión” por lo que cuestionaron “que este gobierno trata de imponer el protocolo de represión de las protestas sociales”.

“Este gobierno reprime y persigue, como demuestra la represion a las mujeres en encuentro nacional en Rosario y en la marcha del 8 de marzo”, señalaron.

También celebraron el avance de la Justicia en la causa que involucra al ex titular del Ejército César Milani con la represión y “delitos de lesa humanidad”, al tiempo que reclamaron al gobierno nacional “que cesen los intentos de remover” a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.