Noticias Destacadas

“De exclusión y de marginamiento, esa es la política que está llevando a cabo el Gobernador”

DENUNCIAN CONTRADICCIONES EN LA CAUSA Y EL ABANDONO DE LAS FAMILIAS DESALOJADAS EN LOS PINOS

La abogada de la Multisectorial de Mujeres de Salta y coordinadora del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogadxs, Gloria Cruz, advirtió sobre las contradicciones en el pedido de desalojo y la causa iniciada contra quienes se encontraban asentadas en Los Pinos, en la localidad de San Lorenzo. Se trata de 8 mujeres, 3 de ellas embarazadas, con 23 niñxs, 2 de ellxs con discapacidad. Además, denunció el desamparo del que siguen siendo víctimas ante la inacción de los efectores del Estado. “De exclusión y de marginamiento, esa es la política que está llevando a cabo el Gobernador”, denunció. El delegado en Salta de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Félix González Bonorino, por su parte, aseguró que se intervino en su momento, sin respuestas, y confirmó que el lugar en cuestión es un terreno público.

Imagen: Violeta Gil

La abogada hizo referencia a una “ambigüedad” en la causa ya que “si bien en la carátula aparece un particular, vemos que las primeras denuncias son realizadas por efectivos policiales”. Precisamente, señaló que se trata de un efectivo policial de San Lorenzo, e indicó: “Es la primera intervención que se hace en septiembre del 2019. Nos llamó muchísimo la atención que sea un policía el que haga esta primera denuncia. Después hay una sucesión de denuncias que también fueron llevadas a cabo por efectivos policiales, entonces también ahí tenemos una controversia”.

Asimismo, remarcó: “Si bien pudimos tener acceso a la sentencia, no tuvimos acceso al expediente. Se dice que es un espacio público, pero después se encuentra en la carátula a un particular, entonces hay contradicciones más que evidentes”.

En la misma línea, destacó que, pese a que también había hombres ocupando los terrenos en aquel entonces, las imputadas son solo mujeres, por lo que aseveró: “Hay una serie de irregularidades que, más allá de quién sea el titular del terreno en sí, nos llama poderosamente la atención la preminencia que está teniendo, y que no es casual, la perspectiva que se está teniendo respecto a la preminencia de lo económico patrimonial en desmedro de derechos humanos fundamentales que el Estado argentino, el Estado provincial, están obligados a observar”.

Lamentó así que “los fallos recientes van dando cuenta que lo económico es lo que prima”, recordando que “le corresponde al gobierno provincial elaborar las políticas públicas necesarias para que estas personas que son altamente vulnerables puedan tener acceso a la propiedad privada”.

“También estamos viendo una doble vara”, continuó la abogada en referencia a que “hay asentamientos que resultan ser ilícitos, pero hay otros ‘asentamientos’ que no lo son y no se actúa de la misma manera”. “Es lamentable todo este desprecio que se tiene con respecto a la gente más vulnerable, a mujeres que están atravesadas por todo tipo de violencias, hasta institucional, desgraciadamente. Y estos niños que, lamentablemente, quedaron en la calle”, expresó Cruz.

Además, cuestionó que “desde el gobierno, desde ninguno de los poderes que pudiera hacerse cargo, del Estado, tampoco intervinieron para poder prevenir esta situación”, y añadió: “No es algo que se está dilucidando en pocos días, es algo que ya se viene arrastrando y de lo cual se tenía conocimiento”. Y es que las familias desalojadas llevaban más de un año en el lugar.

Imagen: Dra.Gloria Cruz- Facebook

Cuestionó así que aún, a días del desalojo, no haya una respuesta de parte de las autoridades, y enfatizó: “Se están vulnerando derechos, no estamos hablando de una cuestión coyuntural. No se los están respetando. Hay una serie de tratados internacionales donde el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal están obligados a implementar las medidas necesarias para no llegar a este punto”.

La abogada recordó, además, que fue el fiscal penal N° 3, Pablo Paz, quien solicitó a la jueza de Garantías N° 1, Ada Zunino, que efectivizase el desalojo en un terreno público. Advirtió así “cuánto más grave es la medida tomada y cuán expeditivo, porque estamos hablando de una denuncia del 2019”.

“El desamparo existe y no hay vías de solución”, insistió la abogada con preocupación resaltando que “cuando se trata de un desalojo hay consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de dictar este tipo de medidas”, y dijo: “Hubo una ocupación, desde el punto de vista legal una usurpación, puede ser. Pero, le cabe al Estado brindar las herramientas necesarias para que esta gente no quede al aire, para que las mujeres y los niños no sufran el desamparo y la violencia que sufrieron estos días”.

En la misma línea, recordó que la propia Defensoría de Menores debió haber tomado acciones, no solo a partir del desalojo, sino desde un primer momento en pos de garantizar el acceso a la vivienda, la educación y la salud de todos los menores. “Ninguno de los efectores que tendría que haber intervenido tuvo una intervención efectiva. Y, en estos días últimos, creo que a raíz de la presión empezaron a activar de alguna manera, pero sin una solución efectiva. Lo concreto y real es que las mujeres y los niños siguen en la calle”, enfatizó.

En este contexto, aseguró que se trata de un caso de abandono de persona por parte del Estado y reiteró: “No es que no haya normativa al respecto. La hay, pero no se la observa”. Puntualmente, indicó que “la observación número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que en caso de tener que hacer un desalojo forzoso se debe ofrecer a las personas los medios para brindarle protección legal, por un lado, y para poder acceder efectivamente a salvaguardar sus derechos”.

“Esto no se está cumpliendo, desde ningún punto de vista”, sostuvo denunciando, ante las advertencias del propio Gustavo Sáenz de no inscribir en el IPV a quienes participen de tomas de terrenos: “De exclusión y de marginamiento, esa es la política que está llevando a cabo el Gobernador”.

Intervención de la Defensoría

González Bonorino intervino para aclarar que, desde la Delegación Salta de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se intervino realizando presentaciones en diferentes organismos estatales. “Los terrenos son provinciales, es un espacio verde y, claramente, hubo una ocupación que fue variando el grupo de personas. Siempre fueron mujeres, a pesar de que al principio fueron hombres. Al principio había como 18 familias enteras, era un montón de gente. Con el tiempo se cansan, cuando ven que no hay soluciones”, dijo reconociendo que la denuncia fue realizada desde los propios poderes del Estado contra ocupantes de terrenos públicos.

Asimismo, aseguró que dialogaron con el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, quien afirmó sobre las familias: “Lo que tiene que quedarles claro a ellos es que este es un espacio verde que queremos recuperar”. “La Defensoría fue muy clara y les dijo ‘miren, ustedes pueden necesitar un espacio verde, pero ellos necesitan un techo donde vivir. A ver si podemos combinar las necesidades para resolver el problema de 8 (en ese momento era un poco más), 12 familias’”, subrayó el funcionario.

Pese a ello, lamentó: “Siempre hay alguna excusa, siempre hay un argumento”, y continuó: “Desde el gobierno anterior, el planteo era ‘nosotros no le vamos a hacer nada a estas personas’. Ahora, parece que han cambiado”.

Imagen: Anred

De esta manera, ratificó que el espacio ocupado es terreno público e insistió sobre la falta de respuestas al pedido de la Defensoría. “Lo único que logramos fue que no las hostigaran más, de golpe me encontré con el desalojo. Era muy desesperante, a las cosas las estaba cargando la misma policía, al desalojo lo estaban haciendo físicamente. Les expropiaron los bienes que tenían ellos. Además, a ellas les decían que se los iban a tirar, o sea que hubo un hostigamiento. Es un requerimiento del Estado municipal y provincial erradicar a las familias que estaban asentadas ahí, sobre un terreno público. Es el propio Estado el que está conformando lo que dijo Gustavo Sáenz”, denunció.

“Lamentablemente, esto se está transformando en una constante. Yo le tengo mucho miedo al tema de Parque La Vega”, continuó el funcionario cuestionando a las autoridades. “A la falta de compromiso, con una medida largan el plan Mi Lote, que nadie sabe dónde está. Lo mismo que este viaje a Pichanal corriendo para que no lleguen los caciques a Salta, que les terminó saliendo mal porque los caciques pidieron un colectivo para ir a Salta. Manejan muy mal las cosas porque lo hacen desde la maldad”, cerró.

Imagen: La Izquierda Diario