Condenado a 12 años

Deniegan la excarcelación de un ex sacerdote condenado por abuso

La Justicia Nacional denegó el pedido de excarcelación al ex religioso del Colegio Marianista Fernando Enrique Picciochi, condenado a 12 años de prisión por abusos sexuales sobre dos niños, por considerar que no complimentó aún los años para recibir el beneficio del “2 por 1”.pedofilia igleia

Picciochi, quien se fugó del país en el año 2000 tras haber sido procesado con prision preventiva por el delito de “corrupción de menores calificada, reiterada”, estuvo detenido en Estados Unidos entre 2007 y 2010.

No obstante, el Tribunal Oral en lo Criminal 8 (TOC 8) determinó que, a la  hora de contabilizar el inicio de la prisión preventiva  se debe computar desde su ingreso al país pues “no puede incluirse el tiempo de detención preventiva” en el extranjero por “el tiempo que insumió el trámite de extradición”.

El 30 de septiembre de 2010 el ex religioso fue extraditado a la Argentina. Antes de que cumpliera dos años de prisión preventiva, el 25 de septiembre de 2012, Picciochi fue condenado a 12 años de por “corrupción de menores calificada y reiterada”.

La ley 24.390, dictada en 1994 y derogada en 2001, permitía a las personas contabilizar los años que estuvieron privadas de su libertad como dobles, en el caso de que se cumplieran los dos años de prisión preventiva sin sentencia.

“Si bien estamos contentos porque no lo liberaron, discrepamos con un aspecto de la resolución del tribunal referido al cómputo de los años de prisión debido a que el TOC 8 soslayó de alguna manera su propia sentencia de septiembre de 2012, al tomar el tiempo transcurrido desde ese momento hasta hoy para contabilizarlo como `2 por 1`”, explicó a Télam Sebastián Cuattromo, una de las víctimas de Picciochi.

Esta resolución sería consecuencia de que, al haber apelado la defensa el fallo, podría considerarse que no tiene “sentencia firme” porque, en efecto, próximamente definirá la situación el tribunal de Casación Penal.

Aunque Sebastián celebra que su agresor no haya quedado en libertad, anticipó que intentarán apelar en base a “algunos de los argumentos que brinda” la medida.

“No obstante, desde que comenzamos con esta lucha, que fue llevar a nuestro abusador a la justicia, lo que siempre me importó fue que se dieran por probados los hechos, que se lo condenara, los años que estuviera en prisión no eran centrales para mi”, afirmó.

Sebastián, que hoy tiene 37 años, fue abusado por el ex religioso cuando transitaba su séptimo grado en el Colegio Marianista, ubicado en el barrio porteño de Caballito . Y después de 23 años logró que se lo juzgara y condenara.

“El valor que tuvo esta condena fue muy simbólico en la lucha contra el abuso infantil, un delito que en la mayoría de los casos queda impune y del cual se dice todo el tiempo que es difícil de probar penalmente”, sostuvo el joven, que hoy conforma el colectivo “Adultxs por los derechos de la infancia”.

La organización, que conformó Sebastián junto a otras víctimas y madres de chicos abusados, trabaja no sólo en la contención de los participantes, sino en la visibilización de la problemática.

Desde el punto de vista penal, el juez platense Carlos Rozanski, ha reiterado que “el abuso sexual infantil es el delito más impune de la tierra” ya que de mil casos, se estima que sólo uno será condenado. El resto, aún si fue denunciado, quedará impune.

“Además de la problemática penal, en el fuero civil las madres protectoras sufren en general un gran maltrato por parte del sistema judicial, hasta llegar al extremo de que algunos tribunales de familia ordenan revinculaciones de las víctimas con el abusador, lo cual es una aberración”, sostuvo Sebastián.

Los abusos de los que el joven fue víctima sucedieron en 1989 y 1990, pero Sebastián pudo ponerlo en palabras recién en el año 2000, cuando realizó la denuncia junto a otro ex alumno del Marianista que también había sido abusado por Picciochi.

“En ese momento nuestro abusador estaba todavía dando clases en colegios públicos y privados. Uno de los temas que nos preocupa a los “Adultxs..” es justamente cómo hacer para que el Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional de proteger a las niñas, niños y adolescentes de este delito, inhabilite a personas que tienen este tipo de denuncias, y en este caso condena, a tener contacto con niños y jóvenes”, concluyó.

Imagen :  inemegf.blogspot.com