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DECIDIR NO es un DELITO ¡DECIDIR es un DERECHO!

Desde hace 18 años, el 28 de septiembre es el Día por la Despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, elegido durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe (Argentina, 1990), como una manera de impulsar acciones para que las mujeres de la región tengan acceso a abortos legales y seguros.

En México, en agosto del 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como constitucionales las reformas que legalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.

Ante esto, los grupos conservadores liderados por la jerarquía conservadora de la iglesia católica, y con el apoyo de partidos políticos, principalmente PAN y PRI, se dieron a la tarea de impulsar reformas constitucionales en los Estados de la República, con el objetivo de impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, basándose en valoraciones subjetivas y en conceptos morales y religiosos, sin tomar en cuenta la información científica ni la opinión de la sociedad civil.

Estas modificaciones que dicen proteger la vida desde el momento de la concepción, estigmatizan, violentan, restringen derechos y condenan a las mujeres por atreverse a tomar decisiones sobre cuándo y en qué condiciones desean tener hijos.

ABORTO-2

A un año de la resolución de la Suprema Corte, son ya 16 estados en donde se han aprobado estas reformas, pese a la intensa lucha de parte de organizaciones de mujeres y las recomendaciones de organismos internacionales de salud y de derechos humanos: Yucatán, Querétaro, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Oaxaca.

Las constituciones de estos estados ahora consideran al óvulo fecundado como persona y prohíben todo tipo de aborto, además pretenden:

Convertir en delincuentes a las mujeres que usan Dispositivo Intrauterino (DIU)

Criminalizar los servicios de reproducción asistida (fecundación in Vitro, conservación de óvulos fecundados)

Negar servicios médicos a las mujeres con embarazo ectópico (el óvulo se implantó fuera del útero)

Negar alternativas a las mujeres cuyos embarazos las ponen en riesgo o son producto de una violación

Esto contraviene algunos lineamientos tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como de la NOM 046 Sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e incluso del Artículo 4º Constitucional, que protegen en todo el país el derecho a decidir de las mujeres, al igual que las causales referidas en todos los códigos penales estatales.

El derecho de las mujeres a decidir en materia de reproducción es una garantía estipulada en nuestra Constitución Nacional (Art. 4º), su criminalización es un atentado al derecho de las mujeres a proteger su salud, y al ejercicio de este derecho constitucional.

DECIDIR NO es un DELITO
¡DECIDIR es un DERECHO!