La Otra Voz Digital Directora Marta César
La introducción del tipo penal del femicidio es aún un tema polémico en los países iberoamericanos, declaró Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que hoy estrenó su cargo al frente de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La Cumbre, que reúne a las máximas autoridades judiciales de 23 países iberoamericanos, culmina hoy su XVIII edición en la ciudad de Asunción, donde se celebra por vez primera.
Durante esta edición, la incorporación del enfoque de igualdad de género tanto en la gestión interna de la Cumbre, como en el funcionamiento de los sistemas judiciales de los países integrantes se convirtió en eje de discusión durante las asambleas plenarias.
Además, la transversalización del enfoque de género es uno de los compromisos del programa de Uruguay en los cuatro años que durará su gestión en la Secretaría Permanente de la Cumbre.
Sin embargo, Pérez Manrique admitió que los avances en la igualdad de género son desiguales en los diferentes países latinoamericanos, y algunos temas continúan resultando polémicos.
Es el caso de la creación de la figura penal del femicidio, un crimen calificado como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, que dispone un tratamiento judicial y unas penas específicas en aquellos códigos penales que han decidido adoptarlo.
«Existe una discusión acerca de si conviene legislar acerca del femicidio, de si es un delito autónomo o un agravante del homicidio», expuso Pérez Manrique a los periodistas.
Destacó además que, mientras que hay países iberoamericanos que ya han incorporado esta figura penal, otros están avanzando en el proceso, mientras que muchos otros «aún no han iniciado la reforma».
Según ONU Mujeres, desde 2007, varios países latinoamericanos empezaron a tipificar el femicidio y lo incluyeron en leyes especiales para proteger a las mujeres, mientras que otros hicieron reformas legislativas para incluir ese delito en sus códigos penales.
Así, en Bolivia el femicidio se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto; en Panamá, las penas son de 25 hasta 30 años de cárcel; en Nicaragua y Perú, el delito está tipificado de 15 a 20 años; se castiga con entre 30 y 60 años de prisión en Guatemala, México y Colombia, y con prisión perpetua en Chile y Argentina, según datos de la ONU.
Mientras tanto, países como Paraguay aún tienen pendiente reglamentar su reciente ley de protección integral contra la violencia de género, promulgada a fines de 2015.
Chile, por su parte, tipificó el femicidio en 2010 con la Ley número 20.480, y es hoy el país de América Latina y el Caribe con menor tasa de este tipo de crímenes por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, la consideración por un tribunal chileno de la «infidelidad» como un atenuante de las penas en los casos de asesinato de mujeres por razón de género ha provocado una oleada de protestas en las últimas semanas.
De acuerdo con datos estadísticos de las entidades que administran justicia, en el mundo se registran anualmente 65.000 muertes por feminicidio, un alto porcentaje de ellos en los países latinoamericanos.
La titular de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Zarela Villanueva, pidió el miércoles, durante la primera sesión de la asamblea plenaria, que los países iberoamericanos unifiquen sus estadísticas sobre violencia machista para «comprender la magnitud real del problema».
Imagen : www.cij.gov.ar
