Desde hace algunas semanas, Andrea Pochak coordina la flamante Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración, creada para colaborar y asistir a fiscalías y áreas del Ministerio Público Fiscal en la temática de Derechos Humanos. “La ley orgánica del MPF le da el mandato de proteger los Derechos Humanos y la Dirección le da respuesta a ese mandato”, aseguró a este diario Pochak, quien integró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y era secretaria letrada de la Procuración hasta hace pocos días.

El lanzamiento de esta nueva área se produjo en medio de los intentos del gobierno de Mauricio Macri de que renuncie la procuradora General, Alejandra Gils Carbo. “Teniendo en cuenta la forma en que designaron a los jueces de la Corte por decreto y en comisión, estas acciones son un hostigamiento general hacia la independencia judicial”, aseguró Pochak.

Su nombramiento, en medio de esta disputa, significó un apuntalamiento de una de las políticas centrales de la gestión. La presencia en el acto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, del representante regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, y del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, representó un respaldo en ese contexto.

“La Dirección viene a consolidar, a robustecer una política que tiene la Procuración en materia de Derechos Humanos. No se empieza de cero, hay un camino recorrido y viene a fortalecer ese camino y esa política”, sostuvo la funcionaria, en referencia al trabajo realizado en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la de Violencia Institucional (Procuvin) y de Trata y Explotación de Personas (Protex), además de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres y la Unidad especializada en casos de apropiación en la última dictadura.

En ese sentido, esta nueva Dirección consolida ese camino y lo extiende al resto de la estructura del Ministerio Público. Además de articular con esas procuradurías especializadas y darles apoyo técnico, la Dirección tendrá como principal objetivo trabajar con las fiscalías federales que tratan una amplia cantidad de casos. “Vamos a colaborar y trabajar con las fiscalías en temáticas no penales que tienen mucha vinculación con los Derechos Humanos. Es contribución y apoyo técnico. Las fiscalías federales de todo el país tienen una competencia amplia, en temáticas indígenas, de derechos migratorios, derechos laborales, muchas que tienen que ver con los Derechos Humanos y que podemos prestar apoyo”, explicó.

“Ataques”

Pochak destacó la gestión de Gils Carbó en el fortalecimiento del rol del Ministerio Público. “Lo ha sacado de las sombras como una institución que rinde cuentas a la sociedad”, opinó y rechazó los intentos del nuevo gobierno para sacarla de su cargo. “Es un hostigamiento general hacia la independencia judicial”, aseguró.

“La Procuradora tiene un cargo estable que es el que garantiza la constitución. El ministerio público es un organismo autónomo y autárquico. Al igual que la Defensora, tiene un mandato por tiempo indeterminado, como los jueces y fiscales. Es un mandato que no tiene plazo y que se puede remover sólo por renuncia, por haber cumplido 75 años o por juicio político”, indicó.

Pochak leyó como un “hostigamiento por ahora verbal del gobierno nacional” los insistentes pedidos del macrismo para que renuncie y las amenazas de removerla por decreto. Consideró, además, que ese ataque se da en un contexto de “avance general hacia la independencia judicial, con las designaciones de ministros de la Corte Suprema sin acuerdo, con decretos y en comisión”.

“No se trata sólo de un atropello hacia la Procuradora o el ministerio público, sino una concepción hacia la justicia general. Hasta este momento no hay decisiones tomadas, son expresiones, un hostigamiento verbal”, manifestó, y agregó: “Dentro del Ministerio Público es una preocupación porque se advierte que se debilita la autonomía, todos los fiscales están a tiro de decreto. No es una embestida sólo contra la Procuradora sino que pone en peligro la autonomía de todos los fiscales.”
Pochak también se mostró preocupada por los rumores de que la jefe de los fiscales podría ser destituida por un decreto presidencial o que la ley orgánica del Ministerio Público podría ser modificada para restarle poder.

“En términos institucionales, es preocupante la cantidad de decretos de necesidad y urgencia en apenas una semana de gobierno. La república prevé un funcionamiento de tres poderes y, so pretexto de urgencia y necesidad, se evita el trabajo de uno de los poderes. La Constitución y la República contemplan la posibilidad de que el gobierno no tenga mayorías en el Congreso. Eso no es un obstáculo, la democracia se enriquece cuando un poder controla al otro”, concluyó.