Aborto legal seguro y gratuito

Conferencia regional en Uruguay llama a modificar leyes sobre aborto

La I reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina instó el jueves en Montevideo a los Estados a “considerar” modificar las leyes y las políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo con el fin de “salvaguardar” la vida de las mujeres. aborto-legal“Instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”, señala uno de los artículos del denominado “Consenso de Población y Desarrollo de Montevideo”. 

El acuerdo -alcanzado por 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)- contiene 120 medidas prioritarias para dar seguimiento a las acordadas en 1994 en El Cairo (ICPD), con especial atención en materia de derechos sexuales y reproductivos, pobreza y promoción de salud.

Además se llama a “asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados”.

El consenso se alcanzó luego de atravesar un proceso “muy intenso y muy desafiante”, dijo en el cierre de la conferencia Leonel Briozzo, presidente de la reunión y viceministro de Salud del Uruguay, país que despenalizó el aborto a fines de 2012 en las primeras 12 semanas de embarazo.

Actualmente el aborto es legal sin restricciones en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay, además de Ciudad de México.

Según la OMS, ese año en 2008 el 12% de todas las muertes maternas en América Latina se debieron a abortos inseguros.

El documento insta a “asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo”, “garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida” y “el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia”.

La declaración final también incluyó medidas en relación al envejecimiento y la protección social, igualdad de género, protección a personas migrantes, vulnerabilidad ambiental y derechos de los pueblos indígenas. 

Invertir en Juventud, una prioridad para la región

El documento final señala como prioritario “invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas … especialmente en la educación”, además busca “invertir en políticas de trabajo” para los jóvenes en una región que en la actualidad tiene cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de edad.

En la actualidad, se estima que sólo el 20% de la inversión se utiliza en menores de 30 años.

En relación a la sexualidad de los jóvenes, se pide “dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro”, mediante una educación “integral” en sexualidad en la que se incluye el asesoramiento y el acceso “oportuno y confidencial” a la “anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones”.

La maternidad adolescente -mujeres entre 15 y 19 años- en Latinoamérica es sólo superada por África y es significativamente mayor al promedio mundial, ya que el 20% de los nacimientos en la región corresponden a menores de 20 años. 

Además se llamó a “brindar asistencia y protección a las personas migrantes” y a “garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos”, sin desconocer su tradición, así como también a “respetar y garantizar los derechos territoriales” de dichas poblaciones.

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