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Comisión del Senado analizó marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad

Junto a expertos del ámbito de Ministerio Público y de la UBA, la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado ?que conduce la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal)- comenzó esta tarde a estudiar el proyecto presentado por el radical Ernesto Sanz, que propone distintas pautas con el objetivo de agilizar los procesos judiciales que investigan delitos de lesa humanidad. Los legisladores aprovecharon para consultar sobre el estado de las causas en todo el país.

La representante salteña explicó que la intención del encuentro era ?intercambiar opiniones con diversos sectores a fin de buscar herramientas legislativas que permitan acelerar los procesos judiciales en marcha?.

Cabe destacar que el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó entre los principales motivos de preocupación ?la lentitud en el avance de la tramitación de las causas?, en las distintas etapas, incluida la casación, ?especialmente en algunos provincias como Mendoza?. En tal sentido sostuvo que el Estado ?debe continuar desplegando un esfuerzo riguroso en la tramitación de las mismas, a fin de garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, incluidas aquellas con contenido sexual y las relativas a la apropiación de niños, no queden impunes?.

Los integrantes de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Pablo Parenti (coordinador) y Jorge Auat criticaron el proyecto argumentando que las demoras existentes en los procesos no tenían que ver con un problema de ?códigos (procesales) sino de falta de voluntad del Poder Judicial. Estas iniciativas sirven como atajo cuando el problema está adentro y no afuera?, señaló Auat.

En la misma línea, el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, reforzó las palabras de su colega diciendo que ?no hacen falta normas especiales? ya que con las herramientas vigentes ?es posible hacer los juicios en poco tiempo, es decir en dos o tres años?. En definitiva, dijo que se trata de un problema de ?gestión judicial? que bien podría subsanarse, a su entender, mediante el dictado de acordadas por parte de la Suprema Corte.

Señaló, además, que ?impulsar una reforma en esos momentos sería perjudicial para los procesos en trámite?, provocando mayores dilaciones, e implicaría cuestionamientos en relación con la legitimidad de los mismos; sin perjuicio de que consideró ?saludable? que otros Poderes se preocupen por la temática. Pidió, en cambio, avances en los trámites para la designación de magistrados y funcionarios para cubrir las vacantes existentes.

El académico Carlos Beraldi, especialista en Derecho Penal y Criminología de la UBA no descartó la búsqueda de una solución de tipo legal. ?Si no utilizamos algún mecanismo legal vamos a terminar los procesos en el 2030, como ya dicen algunos?, sostuvo el especialista. En ese sentido, planteó la necesidad de ?concentrar la tarea de investigación en manos de los fiscales, generar criterios de acumulación de las causas, y de poner en funcionamiento la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, creada por ley 26.371, para descomprimir los recursos que debe atender en la actualidad la Cámara Federal de Casación Penal?.

Varios procesos, pocas condenas

Ante la pregunta de la senadora Escudero sobre el estado de los procesos en marcha, los representantes de la Procuración informaron que poco más de un 10% de los procesados ?unos 650 en total en todo el país- recibieron condena hasta el momento. De esos 80 condenados, sólo 2 tienen sentencia firme. Del total de procesados, unos 400 están detenidos; ya no queda ninguno alojado en unidades militares.

Siguiendo con las cifras, son más de dos mil las víctimas de delitos de lesa humanidad, que se investigan en distintos juzgados del país, que ya cuentan con procesamiento.

Siempre según Parenti y Auat, las jurisdicciones que mayores demoras registran en la tramitación de las causas son Mendoza y Jujuy. En la primera el promedio es de 2 víctimas por causa. En este caso el juez interviniente rechazó el pedido de acumulación interpuesto por el fiscal. En Jujuy, en tanto, el promedio es de 1,3 víctimas por causa. Sobre esta última, Escudero aclaró que sin duda influye la limitada infraestructura judicial existente, los escasos recursos humanos disponibles, y el hecho de que se trata de ?jueces con competencias múltiple?.

Las estadísticas en Salta y Jujuy

Invitado por la comisión para exponer, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Luis Villada, se disculpó mediante una nota que hizo llegar a la presidenta de la comisión. En la misiva, el magistrado describió el estado de situación de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad que se investigan en Salta y Jujuy:

En el Juzgado Federal Nº 1 de Salta se encuentran en trámite 26 causas.

En el Juzgado Federal Nº 2 de Salta hay 31 causas.

En el Juzgado Federal de Orán 10.

En el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy se encuentran en trámite más de 130 casos de desaparecidos, distribuidos en: 7 causas con sus acumulados donde se investigan la desaparición de 62 personas y la detención de otras 73, haciendo un total de 135 hechos; 2 causas que se hallan en una etapa más avanzada (al borde de su juzgamiento), y otras 9 causas pendientes del pedido de instrucción por parte del Fiscal Federal.

Mientras que en la Cámara Federal de Apelaciones Salta, se encuentra en trámite (resueltas y en trámite de notificación) 17 causas.

En los Tribunales Orales (para juicio) hay 1 causa radicada en Jujuy y 3 en Salta (de las cuales una fue fallada esta semana).

En cuanto a la infraestructura existente para el llevar adelante la tarea, Villada detalló que ?cada juzgado de instrucción está investigando con un secretario y dos empleados en la mayoría de los casos y la Cámara cuenta con un a secretaria y dos empleadas. La infraestructura y dotación de personal es ínfima si se la compara con la magnitud del trabajo y ha originado diversas quejas (y a veces denuncias) por la demora en el trámite de las mismas?.