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Comienza el juicio contra la médica procesada por garantizar el derecho al aborto de una joven en Chubut

En diciembre de 2015, Maira*, una joven de 17 años de El Maitén, Chubut, se acercó al centro de salud de la ciudad a solicitar la interrupción legal de su embarazo. Allí, se encontró con Abril*, otra joven pero médica residente, quien la acompañó y garantizó el acceso a la información y su derecho a la salud.

Imagen : Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito

Maira conoció a una médica que la escuchó y dio lugar a su decisión y derecho a la autonomía y brindó las condiciones materiales para que acceda a un aborto seguro con medicamentos dentro de la institución, algo que debería ser política de Estado en todo el territorio nacional. Pero a pesar de esto, y por causas cuya investigación aún exigimos, Maira vuelve a internarse días después y fallece en otro hospital. A pesar de esto, Abril es la única persona criminalizada y su delito parece ser haber garantizado un derecho.

Perseguida por un juez machista y un fiscal que acusa y que desde su lugar de poder busca disciplinar a las y los médicos y al conjunto de las mujeres que ejerciendo su autonomía solicitan el acceso a un derecho, la práctica médica de Abril cumplió no sólo con los protocolos vigentes según estándares internacionales sino también con las leyes nacional y provincial. En este sentido, Maira accedió a un aborto legal por la justificación de no punibilidad según la causal salud que le corresponde según el Artículo 86 del Código Penal, práctica adecuada a la interpretación del “Fallo F, A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el procedimiento que se llevó adelante según el “Protocolo de actuación” del Chubut, el “Protocolo para la atención de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación y “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistema de salud” de la Organización Mundial de la Salud.

El lunes 31 de julio comienza en Esquel el juicio oral y público en contra de Abril y desde la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir allí estaremos para acompañarla. Según las pruebas que existen en la causa no es posible afirmar que haya una línea que conecte la interrupción del embarazo con la muerte de Maira, y por lo tanto, con la práctica médica de Abril, enjuiciada además por  representar el eslabón más débil, al ser una mujer joven y residente en una institución de salud. Está acusada de “aborto punible” según el artículo 85 del CP, no casualmente, uno de los que propone derogar el Proyecto de Ley redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Por otro lado, la causa presenta irregularidades en la investigación, tales como pericias mal hechas y otras desestimadas porque no concuerdan con lo que el fiscal sostiene, como pericias toxicológicas no realizadas, tendientes a culpar a una médica que garantiza derechos en lugar de intentar esclarecer la muerte de Maira. Sin embargo en esta historia van juntas, y al lado de ellas también las que no queremos “ni muertas ni presas”. Ni por abortar ni por garantizar derechos.

La mayoría de las jurisdicciones del país aún no cuentan con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio del derecho al aborto que las mujeres tienen desde 1921. Chubut es una de las que sí y en defensa de políticas públicas que favorecen el acceso a las mujeres a sus derechos es que se vuelve importante repudiar desde todos los sectores la judicialización y el intento de condena de Abril. Por eso, exigimos al Tribunal el desprocesamiento y absolución de Abril, la médica procesada por garantizar un derecho, e instamos al poder judicial de Chubut a investigar las causas de la muerte de Maira, la joven de 17 años que ejerció la soberanía sobre su cuerpo- territorio.

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