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Caso Santiago Maldonado

Cinco mentiras de Lanata

De “la tierra es privada desde siempre” hasta “no hay desaparición forzada” en el caso Santiago Maldonado. El conductor de PPT otra vez lo hizo: mucha información falsa y mal intencionada. Acá, algunas aclaraciones.

La tierra es privada desde siempre

No hay que ser ningún experto en historia para saber que originalmente las tierras no tenían dueño. Mujeres y hombres practicaron la agricultura y la ganadería (y la pesca en los ríos) sin pedirle permiso a ningún propietario. Y en la Patagonía fue así hasta 1878 cuando a través de la Conquista del Desierto (concepto que no fue mencionado ni una sola vez a lo largo de todo el programa de Lanata) el Estado argentino se apropió de las tierras y luego las obsequió a las familias más adineradas de la población y a la corona inglesa en agradecimiento por el financiamiento de la campaña que significó el genocidio contra los pueblos originarios. Posteriormente, a fines del siglo XX, estas tierras que estaban bajo el dominio de la empresa británica “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.”, fueron vendidas al grupo Benetton, que recibe grandes montos de subsidios de parte del Estado argentino a pesar de tener apenas un empleado cada 3.100 hectáreas de campo. La tierra no es privada desde siempre, Lanata. ¿Y quiénes son los dueños de la tierra? ¿Usted, que se burla de “la poca formación de Facundo Jones Huala”, acaso no leyó los libros de David Viñas u Osvaldo Bayer?

No hay desaparición forzada

Para Lanata “no hay desaparición forzada porque no hay plan sistemático”. ¿Tiene que haber plan sistemático para que haya desaparición forzada? No.

El “periodista” no puede entender cómo los organismos de Derechos Humanos y hasta la Justicia considera el caso Santiago Maldonado como desaparición forzada. Y los juzga, los tilda de irresponsables porque cree que los organismos están diciendo que “Macri tiene un plan sistemático para desaparecer personas”. Es un “error” de comprensión de texto de Lanata. Desaparición forzada es “la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley”. Hay desapariciones forzadas dentro de planes sistemáticos y hay desapariciones forzadas que no están dentro de ningún plan sistemático.

La Nación es lo mismo que el Estado

Podríamos convocar a un profesor de Ciencias Sociales de escuela primaria para que lo explicara, pero no es necesario porque es tan fácil que lo recordamos de cuando nos lo enseñaron: la Nación hace referencia a un conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos comunes como son la lengua, la cultura, las costumbres o la espiritualidad mientras que el Estado es una organización jurídica y política de un determinado territorio en la que habita una población, que puede tener o no la misma nacionalidad. Por eso Facundo Jones Huala en la entrevista en la unidad penitenciaria de Esquel mencionó al Estado plurinacional de Bolivia; la respuesta de Lanata desde el desconocimiento, la brutalidad y la misma discriminación de cuando llamó indios a los pueblos originarios fue: “No somos Bolivia”. Como diciendo acá en Argentina “no son tantos, ustedes”. Y en el piso del estudio agregó que no quiere un Estado mapuche (aunque nadie lo pidió, sí el reconocimiento de la Nación Mapuche prexistente al Estado y a la Nación Argentina) porque quiere un Estado laico. Otra vez une dos conceptos que no tienen motivo alguno para estar vinculados. ¿Por qué no revisa el artículo 1 de la Constitución de Ecuador de 2008? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

Cuando editás no podés cambiar el sentido

¿678 y TVR no le cambiaban el sentido a nada entonces? Pero no hace falta hablar de otros programas. En Periodismo Para Todos la tergiversación no fue con la edición de la entrevista con Facundo Jones Huala sino con la edición general del programa. Primero la editorial, repleta de mentiras y la constante burla al lonko mapuche. Y después la elección de tratar el conflicto de los pueblos originarios con la tierra a través del ejemplo de una comunidad indígena falsa creada para quedarse con un territorio. En vez de mostrar uno de los miles de territorios de pueblos originarios usurpados por empresarios, eligieron difundir los pocos casos de quienes se aprovecharon de la ley. Eso también es edición.

Expliquémoslo con comparaciones como hace él: una comunidad indígena falsa no deslegitima el reclamo territorial de los pueblos originarios. Estamos acostumbrados a este juego macabro, nos pasa como cooperativistas: cada vez que se encuentra una cooperativa falsa, pretender instalar que las cooperativas son todas falsas. Como si con otro tipo de empresas no pasara. Es como si por cada empresario que no le paga a sus empleados, se deslegitimará a todos los empresarios. O si por cada político corrupto, todos los políticos fuesen corruptos.

Están por fuera de la ley

El inciso 17 del Artículo 75 de la Constitución Nacional exige: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. No es un capricho de Jones Huala, sino un conflicto internacional en el que las leyes, por suerte, no están del lado de Luciano Benetton. La Argentina adhiere además al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que afirma que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

La ley 26.160 sancionada en 2006 solicitaba realizar un relevamiento técnico sobre la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas e impedir por el lapso de tres años que duraría el relevamiento el desalojo o desocupación de las tierras en donde las comunidades viven o realizan sus tareas. Como el relevamiento no llegó a hacerse, se prorrogó el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017. Y siguen sin hacerse. Y las comunidades están pidiendo una nueva prórroga. Por eso no es nada casual el momento en que los medios de comunicación salen a demonizar a los pueblos originarios que quieren hacerse respetar y que se respeten las leyes.