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Violencia institucional

Cifras negras: “Cada 23 horas el Estado asesina una persona”

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, presentó hacia fines de diciembre el Archivo Antirrepresivo 2017[1] que elabora anualmente, y  que es categórico: “Cada 23 horas el Estado asesina una persona, en los 721 días de gobierno de la alianza Cambiemos se asesinaron 725 personas”. La represión del estado en la gestión de gobierno actual es la mayor desde el retorno a la democracia. Las principales víctimas: los y las jóvenes de los sectores populares.

Imagen : Indymedia Argentina

Preliminares

Desde hace más de 20 años la Correpi elabora un Informe anual de la represión estatal que surge como una necesidad frente a la ausencia de datos oficiales y en respuesta a las afirmaciones arbitrarias del poder de turno que deslegitima e invisibiliza la represión estatal que ejerce contra las y los habitantes. El objetivo de este archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado.

Definiciones

El Archivo elaborado por la Correpi incluye “todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima”.

En relación a los victimarios, están incluidos “todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas”.

Las categorías enumeradas son: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión selectiva a sectores organizados de la clase); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el Estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones y de femicidios.

Cifras negras

Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por torturas. Así se afirma en el informe, donde además se dice que: “muchos homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos”.

Los fríos números hablan por sí mismos. En el actual período del gobierno nacional de Cambiemos,  que va desde diciembre de 2015 hasta la fecha, se anota el mayor pico represivo desde la recuperación de la democracia en el año 1983. En menos de dos años, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados ya son responsables del 13,27% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983 a manos del Estado. La progresión indica que el gobierno de Macri va en camino de batir todos los récords en materia represiva. El gráfico del muestreo represivo por gobiernos señala que, del total de casos que se contabilizan desde el retorno de la democracia, el 40% de las muertes corresponde a los dos períodos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Se señala que sobre un total de 5462 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, las policías provinciales son las responsables de la mayoría de los asesinatos: 3031 personas. Un gran responsable es el Servicio Penitenciario, por las muertes ocurridas en penales y lugares de detención, excluyendo a las comisarías.

Es necesario destacar que, tal como se señala en el informe, uno de los elementos novedosos del 2017 fue que desde el 1º de enero comenzó a operar la Policía de la Ciudad en la C.A.B.A., creada por Macri en el 2008, y que quedó constituida como una mega fuerza de 27.000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes, ubicándola como líder mundial en presencia policial en las calles.

Gendarmería y Prefectura Nacional este año incrementaron su participación en los casos de gatillo fácil, tortura y represión en las movilizaciones y con protagonismo excluyente en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Los dos primeros muertos del gobierno Cambiemos suceden en una situación de represión del Estado legitimada y respaldada por las políticas oficiales.

Causas: caminar por el barrio y ser joven

La primera causa de muerte a manos del Estado se produce por caminar por el barrio o estar detenido. Del total de casos, el 39% corresponde a personas detenidas en comisarías por averiguación de antecedentes, contravenciones o faltas menores y no por acusaciones penales.

Una precisión abrumadora constituye la edad de las víctimas de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, donde el 50% de víctimas son las y los jóvenes de hasta 25 años. Este dato está lejos de ser una casualidad y se suma a las políticas represivas sobre las y los más jóvenes de nuestra sociedad, principalmente de los sectores populares. No podemos olvidar que este año se  impulsó con mayor fuerza y se hicieron grandes intentos por la instalación mediática de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, sin otras políticas de estado destinadas a ese segmento de la población.  Tal como se afirma en el archivo: “la selectividad de la represión apunta a la edad además de la clase. Así como son casuales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, es también poco frecuente que sean personas mayores de 35 años los destinatario de las políticas represivas que sirven para implementar el control social”.

Femicidios de Uniforme

Mujeres y mujeres trans asesinadas por el Estado constituye otro renglón destacado en el informe. En  cuanto a las muertes en relación al género, en el informe se consigna que si bien la población carcelaria es mayoritaria de hombres, “en un porcentaje importante los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal”. Los números indican 329 casos sobre un total de 541 víctimas mujeres y mujeres trans (desde 1992 en que se empiezan a contabilizar). El 20% del total de femicidios son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal y agregan que esto pone en evidencia que el cruce entre violencia represiva estatal y violencia machista y patriarcal produce un incremento en estos casos.

El archivo que elabora la Correpi  es hoy la única fuente confiable para tener precisiones acerca de los casos de represión por parte del aparato del Estado. La caracterización de la represión y su interpretación es un valioso aporte,  con el esfuerzo de las y los trabajadores de esta organización,  que vienen haciendo una elaboración que hoy se vuelve necesaria. La coordinadora Correpi hoy es reconocida por su presencia en cada situación de vulneración de derechos por parte del Estado. Un informe que es necesario leer en detalle para tomar contacto con la cantidad de datos que aporta, que muestran que los casos son personas de carne y hueso que cotidianamente caminan por las calles de las barriadas, se hallan en situaciones de encierro, en su mayoría preventivo y sin causa que lo justifique, y que las principales víctimas del monopolio de la fuerza que detenta el Estado son jóvenes.

Podes ver el informe completo acá:

[1]  https://drive.google.com/file/d/1_c7czONI-4I1vcbF9QLZVKv3LP9ZeT1R/view

 

 

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