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Chile: Mujeres por la memoria

Santiago de Chile, septiembre.- Septiembre es el mes de la memoria en Chile. Cada día 11, aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, salen a la calle chilenos y chilenas recordando a quienes fueron víctimas de asesinatos y desapariciones. Rememoran los dolores de la cárcel, la tortura y el exilio. Exigen verdad y justicia.

Para la mayoría, la urgencia de las demandas merma al día siguiente, cuando en la televisión y el comercio la fiesta de la independencia nacional se toma el trono al ritmo de la cueca y las empanadas. Para otras, como Alicia Lira, la lucha por la verdad y la justicia es algo cotidiano y urgente. Ella es parte de las muchas mujeres que han mantenido la memoria en el país.

Esposas o parejas, madres, abuelas, hijas, hermanas. Desde los primeros años de la dictadura (1973-1990) comenzaron a buscar a sus seres queridos, o acudieron a tribunales para exigir protección y justicia. Son quienes fundaron y han mantenido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en las Agrupaciones de Derechos Humanos.

Alicia, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, es pequeña, de rostro duro y ojos que, al sonreír, se pierden en el gesto. Y tiene su propia historia personal en esta disputa: comunista de toda la vida, en septiembre de 1986 detuvieron a su hermano más cercano y días después asesinaron a su esposo, Felipe Rivera, en represalia tras el atentado al ex dictador.

Irrumpieron en su casa mientras dormían y sacaron a Felipe descalzo. Cuando volvió a verlo, estaba baleado y tirado en la calle. Desde entonces se abocó a la lucha por los derechos humanos, primero en la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, y en 1994 integrando la de Ejecutados Políticos.

“Yo me incorporé como viuda de Felipe Rivera, pero lo que una aprende en este trabajo es que empieza a querer a todo el mundo y que, cuando una está metida aquí, por una situación personal, eso se va al tacho de la basura. Porque lo que nosotros queremos es el amor a las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la memoria. Y que no haya impunidad”, cuenta a SEMlac Alicia Lira sobre sus motivaciones para realizar este trabajo no remunerado y que le ocupa todo el día.

En el caso del asesinato de su marido y otros tres militantes de izquierda, la Corte Suprema recientemente rebajó las condenas dejando libres a 11 ejecutores y autores intelectuales.

“Todos se fueron para la casa. Lo que me revuelve el estómago, la conciencia y me da indignación, es que esas 11 personas se fueron libremente a la calle a dormir tranquilos, sin tener pesadillas, van a compartir con su familia, a comprar al mall o viajar a la playa, con todos los asesinatos que cometieron”, señala.

Situaciones así “violentan la conciencia de los chilenos”, afirma.

Mujeres en la memoria

Alicia no es la única. Como ella, han sido principalmente mujeres quienes se han encargado de mantener la memoria de las víctimas de la dictadura. Un poco porque fueron las que quedaron, otro porque, histórica y culturalmente, mantener los recuerdos individuales y de un colectivo familiar ha sido tarea femenina.

Como señala la investigadora Raquel Olea en su escrito “Yolanda; abrir la memoria a otros relatos”, publicado en 2000: “en el mundo público las Agrupaciones de Derechos Humanos han sido las que han conservado rituales y prácticas de duelo, desde siempre asignadas a lo femenino. Prácticas sostenidas por la relación con los cuerpos en la historia de las mujeres, cuerpos vivos, cuerpos muertos”.

Y nadie podría decir que la tarea ha sido fácil. En Chile, las comisiones Rettig y Valech han ratificado la existencia de 1.185 detenidos desaparecidos, 2.008 ejecutados políticos y 28.000 personas sometidas a torturas y/o prisión política.

Esas son las cifras reconocidas, pero quedan quienes no se han atrevido aún a denunciar sus casos; quienes debieron protegerse con el exilio; las familias que tocaron el dolor y nunca volvieron a ser las mismas; los hijos e hijas que crecieron normalizando la brutalidad.

La memoria ha sido un terreno de disputa, y las mujeres de las Agrupaciones de Derechos Humanos han tomado la batuta en estas tres décadas de resistencia ante la impunidad y la amnesia, transgrediendo la promesa de “justicia en la medida de lo posible” que realizara el primer gobernante de la concertación tras la dictadura, Patricio Aylwin, en 1990.

En la dictadura fueron tratadas de locas. Se dijo que eran “agentes pagadas por el marxismo internacional”, que habían sido abandonadas por sus maridos aún vivos. Las ejecuciones fueron explicadas como “enfrentamientos” entre quienes militaban en la izquierda, a modo de traiciones internas.

Son las mismas que salieron a las calles en dictadura con las fotos de sus muertos/as prendidas al pecho, bailaron “la cueca sola” con el rockero Sting en el concierto de Amnistía Internacional, y que hoy lideran ?cada 11 de septiembre? la romería al cementerio general, donde se encuentra el memorial de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Todavía hoy se pone en duda la veracidad de sus dichos cuando, a comienzos de año, la diputada de derecha Karla Rubilar realizó falsas denuncias sobre detenidos desaparecidos vistos con vida en Buenos Aires; información obtenida de un ex agente de la represión de la dictadura, Manuel Contreras, quien hoy se encuentra cumpliendo condena.

Cada tanto una denuncia como esta, o la equivocación en la entrega de restos de sus familiares, parece derrumbarlas. Pero siguen en pie.

La investigadora uruguaya Mabel Moraña plantea en su artículo “(In)pertinencia de la memoria histórica en América Latina”, publicado en 1997: “La memoria es un campo de batalla, un acto político y programático, un derecho que o se ejerce o se pierde”. Y en este campo han permanecido en pie, a pesar de los años y la falta de verdad y justicia, mujeres como Alicia Lira.

Demandas de hoy

Tras 19 años del fin de la dictadura, las demandas de derechos humanos continúan. El pasado 30 de agosto se conmemoró el día del detenido y la detenida desaparecida. Las Agrupaciones salieron a las calles para manifestarse en contra de la impunidad.

Esto, porque para el bicentenario de la independencia de Chile, en 2010, el gobierno ha prometido una amnistía general a quienes se encuentren encarcelados; amnistía que la derecha propuso se amplíe a los culpables de violaciones a los derechos humanos.

La idea fue desechada por la presidenta Michelle Bachellet; sin embargo, Alicia desconfía de este tipo de situaciones, porque, en lo concreto, quienes atentaron contra los derechos humanos no han sido castigados ejemplarmente.

“De más de 1.000, hay procesados más de 270 militares. De ellos, 53 están presos. Y como la opinión pública sabe, están en hoteles: tienen cancha de tenis, cabañas, todos los recursos. Sólo que no pueden salir a comprar. Y de esos, sube a 100 el número de agentes del Estado, CNI, militares, asesinos, que están en libertad. Y son culpables, con condenas, pero están libres. ¿Eso puede hablar bien de un país? ¿Puede hablar bien de una democracia? “, se pregunta Alicia.

La última respuesta del gobierno a las demandas de las Agrupaciones ha sido crear el Instituto de Derechos Humanos, cuya finalidad es la de ser un defensor autónomo de la sociedad civil, y concretamente apoyar las querellas de familiares que no han iniciado juicios aún.

Pero el Instituto fue estructurado sin las indicaciones que le hicieron los organismos de derechos humanos. “Cualquier organismo de derechos humanos debe ser autónomo al gobierno, que el gobierno no tenga injerencia. En este instituto, la Presidenta hace los estatutos y nombra a dos representantes. Hay dos de la Cámara de Diputados y dos del Senado. ¿A quién representa de los familiares y organismos de derechos humanos? A nadie”, puntualiza la Presidenta de la AFEP, Alicia Lira.

¿Y a Cristo hace cuánto lo mataron?

Como Lira hay muchas, incansables. “Una vez alguien me dijo “Bueno si lo mataron hace 30 años”, y yo le dije, ¿Y a Cristo hace cuántos años lo mataron y ustedes siguen clavándolo en la cruz? ¿Y nos quieren quitar a nosotros el derecho de exigir justicia?”.

Ya han pasado 36 años desde el inicio de la dictadura, 19 desde que terminó. Y no parece tener fin próximo la demanda de memoria, verdad y justicia. Al menos no mientras mujeres como Alicia sigan en pie.

“Yo no me canso de lo que hago, porque siento que hay miles de familiares que murieron sin un gramo de justicia. Y esa es mi fuerza, porque quiero a esas personas. Porque ellos estuvieron ahí cuando yo viví el sueño de nuestros proyectos. Y por amor a ellos, por el respeto, por el cariño, yo donde me pare voy a luchar por la verdad y la justicia y una mejor sociedad”, asegura.