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Chile: Mujeres denuncian mercantilismo de la salud

Santiago de Chile, junio.- La mercantilización y privatización de la salud y la discriminación por motivo de género afectan la calidad de vida y salud de las mujeres en Chile, denunció la organización Articulación Feminista por el Derecho a Decidir a propósito de la celebración por el Día Internacional de acción por la salud de las mujeres, el 28 de mayo.

Entre los principales problemas de salud de las chilenas están las enfermedades y malestares relacionados con la doble y triple jornada que realizan, comentó a SEMlac Adriana Gómez, de la Articulación Feminista, colectivo de discusión y acción política que busca aportar a la autonomía de decisión sobre los cuerpos de las mujeres.

Pero también inciden sobre su salud “el tipo de trabajo precario e informal al que acceden frecuentemente, la pobreza, las violencias que las afectan y la discriminación social”, agregó Gómez.

“Esto se refleja en problemas de salud mental, depresión, problemas músculo esqueléticos, fatiga, alteraciones del sueño y alimentarias, intoxicaciones en el caso de trabajadoras agrícolas, enfermedades crónicas diversas”, precisó.

Tal como ocurre en otros países, las chilenas tienen mayor expectativa de vida que los hombres, pero esto no significa que vivan mejor. Por ello la activista insiste en la necesidad de observar las inequidades de género que están favoreciendo la presencia de ciertas patologías.

Respecto a la salud privada, en Chile las instituciones de salud previsional (ISAPRES) cobran más a las mujeres en determinados momentos de su ciclo biológico, por ejemplo durante la época reproductiva y la vejez.

Para no asumir este costo, ellas deben firmar los llamados “planes sin útero”, en los cuales esas entidades quedan desligadas de toda responsabilidad en salud originada en un embarazo, lo que a todas luces resulta discriminatorio.

Otro de los problemas observados es la falta de derechos sexuales y reproductivos, según indicó Gómez a SEMlac: “En salud sexual y reproductiva, constatamos la dificultad para avanzar en temas tales como acceso garantizado de la anticoncepción de emergencia, pese a que existe una ley que asegura dicha entrega”.

Uno de los problemas sociales y de salud que demandan atención es el embarazo adolescente. “La población adolescente tiene dificultades de acceso a métodos tales como la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y los condones”, refirió.

Por otra parte, “no hay una política de salud diferenciada para las mujeres lesbianas, quienes son invisibilizadas en la provisión de servicios, y el aborto continúa siendo totalmente criminalizado”, sostuvo la integrante de Articulación Feminista por el Derecho a Decidir.

Este último tema tiene más de una arista perjudicial para las mujeres, la autonomía sobres sus cuerpos y su derecho a decidir. Tampoco se ha eliminado la obligación que tienen los profesionales de la salud de denunciar a mujeres que abortan y llegan a los hospitales públicos, “pese a la existencia de instructivos que llaman a garantizar la confidencialidad, lo que es un contrasentido”, puntualizó la entrevistada.

Gómez añadió que “ha habido dificultades para el acceso regular a medicamentos para personas VIH+, no hay una política de fomento a la prevención y diagnóstico temprano de cánceres reproductivos, hay sectores como mujeres indígenas y mujeres migrantes que a menudo tienen escaso acceso a servicios”.

Para Gómez, el principal problema tiene que ver con la transformación desde un Estado de Bienestar a uno mercantilista, en el que la salud dejó de ser un derecho social de la ciudadanía, y en el que el sistema de seguridad social solidario fue transformado en uno individualista, representado por las ISAPRES.

Desde gobiernos anteriores al de Sebastián Piñera existe el sistema público llamado GES (Garantías Explícitas de Salud), que determina cuáles son las enfermedades que dicho sistema incorpora y cuya atención debe estar garantizada.

Sin embargo, en dicho sistema no ha habido un estudio que analice las condicionantes de género en los problemas de salud, que dé cuenta de las particularidades de la salud femenina.

En esta misma fecha se conmemoró en Chile tres años del Fono Aborto, organización que entrega información sobre la utilización de Misotrol o Misoprostrol en interrupciones de embarazo.

Su objetivo es que las mujeres chilenas -que deben convivir con una prohibición total de esta práctica- tengan más información de cómo utilizar este medicamento que evita los abortos quirúrgicos, más caros y complejos; y que puedan realizarse el procedimiento lo más seguro posible en medio de la ilegalidad en la que se encuentra.

Zicri Orellana, líder de la organización feminista, indicó a SEMlac que en tres años se han recibido más de 10.000 llamadas y que no han tenido problemas legales porque sólo entregan información, lo que no es ilegal.

La línea Fono Aborto es parte de REAAS (Red de Experiencias autónomas de aborto seguro), coordinación del Cono Sur que tiene proyectos similares en Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador.

El fin último de esta iniciativa es “lograr mayor impacto político a nivel de organizaciones sociales y partidos políticos, de manera que la problemática en cuestión pueda ser integrada dentro de los movimientos sociales como una demanda social urgente. Así esperamos alcanzar la despenalización social y legal del aborto”, contó Zicri.