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CAUSA DR.FEDERICO DIEZ :LAS INJUSTICIAS DE LA “JUSTICIA”

La Multisectorial de Mujeres de Salta, Personería Jurídica Nº768, es una organización que lleva más de dos décadas luchando contra la desigualdad de géneros y especialmente contra la violencia de género en la Provincia de Salta. Uno de sus objetivos es la de  apoyar las demandas y  brindar asistencia a las víctimas de violencia, mediante el accionar de las/os querellantes.

En  ese marco   se brindó asistencia jurídica a la  víctima A.L.G. ex pareja del presunto agresor Dr. Federico Diez realizada en julio de 2016,  causa que fue caratulada  «…LESIONES AGRAVADAS POR LA RELACION PREEXISTENTE Y POR CONSTITUIR VIOLENCIA DE GENERO art. 89 CP en función de los art. 92 C.P. y 80inc. 1° y 11° C.P. – DESOBEDIENCIA JUDICIAL art. 239 CP – AMENAZAS CON ARMA contemplado art. 149 bis párrafo 2 CP.

Uno de los problemas más acuciantes que sufrimos las mujeres en Salta son las dificultades para el acceso a  la justicia en todas las dimensiones que su concepto implica. El poder judicial sigue constituyendo uno de los poderes -a pesar de los logros conseguidos-donde es más difícil la transversalización de la perspectiva de género, propuesta por la Oficina Mujer de la Corte de Justicia de la Nación.

 La Ley N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”,  obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional y Provincial, a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres.

Sin embargo,  conociendo dicha realidad, nos encontramos ante un caso que ha sobrepasado lo predecible. En efecto,  en este proceso desde la denuncia en el año 2016, han ocurrido una serie de irregularidades en beneficio del denunciado y en perjuicio de la víctima, cuya revictimización no conoce límites. Sumado a ello, las abogadas querellantes fueron objeto de agravios y humillaciones.

La pregunta que nos hacemos se fundamenta en no encontrar razones para tanto ensañamiento: ¿Será que les jueces de Salta no pueden impartir justicia cuando el procesado es un magistrado del mismo poder?.

Desde el comienzo de este proceso, la mesa distribuidora de expedientes penales  caratuló a la causa con el nombre de la víctima como imputada. Acceder al expediente se convirtió en una “misión imposible”; pericias en horarios superpuestos o notificaciones tardías; auto de elevación a juicio de nueve meses de confección; resoluciones dadas a conocer por prensa del poder judicial sin haber notificado fehacientemente a la querella. Agregado a todo ello el ataque mediático denostando a la víctima y ensalzando la figura del juez, por mencionar algunas.

El 10 de junio pasado, la Sala III del Tribunal de Juicio dictó el AUTO DE SOBRESEIMIENTO al Dr. Diez, por prescripción de la acción penal, lo cual seguramente reforzará la contradenuncia ya en curso y que en su momento el denunciado presentara.

 Nos volvemos a preguntar: ¿cuál fue el resultado de años de proceso judicial con el consecuente sufrimiento de la víctima?

Diremos en primer lugar, que  se dicto un “sobreseimiento”, que no resulta de haber investigado el hecho y probado la inocencia de Diez. Tampoco resulta de la inexistencia del hecho material del delito, que insistimos, desde nuestra condición de ciudadanas sujetas de derechos, debería abogar una  buena administración de justicia.

Observamos que la falta de acción  por parte de la Fiscalía en el cumplimiento de sus deberes, consistió, no haber impulsado los actos procesales necesarios y suficientes para que no decaiga el derecho de la víctima.  En consecuencia no se afecta gravemente los derechos individuales de la víctima, sino del colectivo de mujeres, teniendo en cuenta el contexto de emergencia social por violencia de género decretado por el Estado Provincial, por el cual sus funcionarios y funcionarias deben ser  garantes efectivos de esos derechos.

 Recordamos, además, que la responsabilidad del impulso procesal recae en los/las fiscales, prevista en el Título IV Cap. I – Función del Ministerio Público Fiscal en el Art. 76 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta: “.El fiscal debe dar cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la constitución y los tratados internacionales”, así mismo conforme al Art. 1 inc1 del mismo código procesal… “la víctima tiene el derecho a ser tratada respetuosamente, informada, protegida y a intervenir en el proceso”.

Estamos en condiciones de afirmar que la víctima, en esta causa, no tuvo esos derechos en ninguno de sus supuestos. Por ello, la sentencia que lo sobresee al denunciado, debe ser revisada a la luz de la actuación del fiscal por incumplimiento de sus obligaciones.

Una vida libre de violencia no es un mero postulado, sino una afirmación que debe ser alcanzada tal como establecen las Leyes Provinciales, Nacionales  y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos hacia las Mujeres, a fin de hacer efectiva una buena administración de justicia.