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Argentina : piden mayor compromiso del Estado para erradicar la trata

Buenos Aires, mayo.- Al llamado de organizaciones de la sociedad civil argentina, un millar de personas se reunieron los días 12 y 13 de mayo en la ciudad de Villa María, en la provincia mediterránea de Córdoba, para, tras un profundo análisis, exigir el cese de la trata.

Al término de la cita, las agrupaciones representadas emitieron una dura declaración en la que se manifiesta que el dispositivo institucional diseñado desde el Ministerio de Justicia de la Nación para el combate contra la Trata de Personas y la asistencia a las Víctimas, al estar integrado por “personas denunciadas penalmente por colaborar con las redes de trata o por mal desempeño de sus funciones, es un obstáculo a la lucha contra el crimen organizado y, lejos de desalentarlo, facilita su accionar”.

El documento denota preocupación por los elevados niveles de impunidad, pues frente a un número que supera las 2.000 personas rescatadas por las autoridades, “tan sólo 20 causas (aproximadamente) han obtenido sentencias condenatorias, con penas muy bajas y sin que, hasta la fecha, se haya condenado a funcionario público alguno”.

Sobre este aspecto, que evidencia un letargo por parte del Estado, Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro , dijo a SEMlac que “el hecho de que se hayan rescatado 2000 víctimas en Argentina no significa que nuestro país está a la vanguardia en la lucha contra un crimen utilizado por algunos sectores para acrecentar su renta económica, como dice el Ministro de Justicia. Tampoco significa que se esté dando una lucha implacable contra el crimen organizado”.

La experta fundamenta su apreciación en que la mayoría de las personas rescatadas no son reconocidas por el Estado como “víctimas de trata”. Recuerda que en 2009 se realizó una denuncia sobre 613 prostíbulos que funcionan en Ciudad de Buenos Aires y que, luego de allanamientos, las autoridades informaron no haber encontrado víctimas de trata, aunque sí las contabilizó como personas “rescatadas”.

La mencionada declaración solicita, además, “que se incorporen estándares mínimos de protección y asistencia integral que aseguren la reinserción social de las víctimas y garanticen la no repetición de las violaciones sufridas”.

En tal sentido, aboga por diseñar un mecanismo administrativo de determinación de la condición de “persona tratada”, que podría ser aplicado por las Defensorías del Pueblo, para asegurar a las víctimas que no se atreven a declarar (que son la mayoría) los beneficios, la asistencia y la protección a la que tienen derecho”.

A la vez, consideran imprescindible la creación de un Comité para la evaluación de riesgos que cuente con la participación de las ONGs, el cual tendría el deber de intervenir luego del rescate, con el fin de evaluar medidas de protección para las víctimas.

Assorati subraya a SEMlac que existen infinidad de casos de personas “rescatadas” por la Oficina de Rescate que “son retornadas a sus lugares de origen sin una evaluación de riesgo y sin asistencia posterior del Estado o una asistencia mínima”. Las ONGs solicitan al Estado una asistencia mínima de 200 pesos para cada víctima rescatada (equivalentes a 48,70 dólares).

“Por ello, las organizaciones queremos tener la posibilidad de monitorear la actuación del Estado -continúa Assorati- y participar como testigos en allanamientos. Queremos que exista también una supervisión estatal (sugerimos que sea a través de las Defensorías del Pueblo) de la acción del Estado en Materia de Trata. Hemos solicitado además la integración de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el tema”.

La Declaración de la sociedad civil solicita que se tipifiquen como delitos la compra y venta de seres humanos, especialmente los recién nacidos, y exige que se permita el derecho de las personas a conocer su identidad. En este sentido, considera imperioso preservar el Banco de Datos Genéticos para permitir el acceso gratuito a quienes indagan sobre su identidad biológica o a los familiares que buscan a los hijos e hijas de las víctimas de trata.

Los números de la Trata en Argentina

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que 953 víctimas explotadas y esclavizadas por sus captores fueron liberadas entre enero y abril de 2011, con lo que se superó el número alcanzado durante todo 2010, que fue de 569.

El organismo señala que entre agosto de 2008 y abril de 2011 se realizaron 911 procedimientos. Estas acciones terminaron con la detención de 767 personas, y permitieron liberar a 2.130, -1.827 mayores y 303 menores-, sometidos principalmente a condiciones de esclavitud y explotación laboral y sexual.

Según estimaciones del año 2006, realizadas por el programa Esclavitud Cero, existen cerca de 500.000 víctimas. Assorati manifiesta que tales estimados fueron los primeros en revelar que en la Argentina no se verifica la situación de otros países donde la trata sexual corresponde al 80 por ciento de los casos.

“Existe una posible paridad entre trata sexual y laboral en Argentina y, posiblemente la trata laboral sea mayor. “De las 2.130 personas rescatadas (desde agosto de 2008 hasta abril de 2011) 1.166 eran sometidas a explotación laboral y 964 a explotación sexual; en tanto que 978 eran argentinas y 1.152 extranjeras”, señala la coordinadora.

Respecto al tráfico de niños, representantes de la Fundación Adoptar señalan que el 75 por ciento de las entregas de recién nacidos las ejecutan bandas que operan en provincias con alta vulnerabilidad social, ubicadas en el nordeste del país, como Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones (nordeste) y en la sección norte de Santa Fe; en el sureste de Santiago del Estero (provincia del noroeste), y las demarcaciones colindantes con la Cordillera de los Andes.