Los documentos están agrupados en dos expedientes

Archivos secretos de la dictadura: cómo buscaron a Dagmar Hagelin

La Cancillería desclasificó una serie de documentos que revelan cómo el gobierno sueco se puso al frente de la búsqueda de la ciudadana sueca, secuestrada por la dictadura cívico-militar en 1977. Dagmar tenía 17 años cuando fue secuestrada.DagmarHagelin1RR

A Dagmar Hagelin le decían la “Suequita”. Tenía 17 años cuando fue secuestrada por un grupo de tareas de la Armada de la casa de Norma Burgos, militante de Montoneros que había sido “chupada” el día anterior. Era el 27 de enero de 1977 .Había ido a visitar a su amiga y la sorprendió el operativo. Desde ese día, su padre no frenó la lucha por justicia. La búsqueda fue tan incesante que despertó el apoyo internacional, y convirtió el caso en tema de Estado: hasta el primer ministro sueco, Thorbjorn Falldin, encabezó el reclamo. Así lo explican una serie de archivos recientemente desclasificados por la Cancillería argentina, que dan cuenta de una gran cantidad de cartas, pedido de informes y documentos del gobierno sueco a la justicia argentina.

“Jorge Rafael Videla se vio presionado y eludía la presión internacional. Los archivos reflejan que para Suecia era urgente el esclarecimiento del caso y la dictadura militar lo esquivaba, dando explicaciones falsas. Pero más allá que nunca se dieron respuestas, fue un antecedente que despertó la atención de organismos europeos, que metieron presión para la posterior visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país”, dijeron desde la Cancillería a Infojus Noticias.

Los archivos cuentan que en 1979 una delegación argentina llegó a Suecia, encabezada por el secretario de Intereses Marítimos, para discutir problemas bilaterales. La Cancillería sueca se opuso a las conversaciones hasta tanto se le diera una solución al caso Hagelin. El embajador sueco en Roma despertó el interés del Papa quien envió mensajes a Videla y Harguindeguy intentado obtener información acerca del destino de Dagmar. Pero la respuesta de los militares era que “no sabían nada” y que “la investigación estaba en curso”. El día siguiente al secuestro de su hija Dagmar, el 28 de enero 1977, Ragnar Hagelin hizo una denuncia por desaparición en la Embajada de Suecia en la Argentina. Luego, presentó un hábeas corpus en la justicia argentina. En 1979, la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el recurso. En 1980, el entonces juez federal Luis Rabellini se declaró incompetente.

Dagmar Ingrid Hagelin  tenía la doble nacionalidad argentina-sueca. El oficial de Marina, Alfredo Astiz, encabezó su secuestro. La hirió de un balazo, cuando Dagmar trató de escapar a una encerrona que le habían armado. Hagelin fue vista con vida en la ESMA antes de su desaparición. La misma Norma Burgos la vio “acostada en una camilla, mostrando una herida un poco más arriba del arco superciliar izquierdo y un derrame rojizo bajo sus ojos”. Por los comentarios de dos represores supo que a Dagmar Hagelin  un disparo le había producido una lesión “a consecuencia de la cual padecía una disritmia y parálisis de las piernas con incontinencia de orina”, según declaró en la justicia. En el centro clandestino permaneció entre diez y quince días, y luego habría sido arrojada al río en “los vuelos de la muerte”.

El caso de Dagmar Hagelin fue contado por Jorge Camarasa en el libro “El verdugo. Astiz, un soldado del terrorismo de Estado”, editado en 2009. El autor afirma en base a testimonios de ex militantes montoneros que Dagmar estaba integrada como aspirante a la célula de la Columna Oeste de la Organización, donde militaba Burgos. La llamaban “Mónica” o “Patricia”.  “Allí tenía una situación periférica ya que no participaba en acciones militares, pero colaboraba con la estructura y participaba en acciones sociales en barrios marginales y carenciados de Villa Insuperable, La Tablada y Tapiales, todos en el partido de La Matanza”, dijo el escritor.

Ragnar Hagelin aún sigue buscando respuestas. En recientes declaraciones a la prensa, dijo: “Dagmar era -¿debo decir es?- quien cometió el único delito de ser adolescente en una época en que a los jóvenes se los mataba por las calles o se los secuestraba en las universidades, en las fábricas o en los bares. No me he sentido solo, porque comparto la lucha con otros familiares y con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)”.

El 5 de diciembre de 1985 la Cámara Federal sentenció a las tres primeras Juntas de la dictadura a distintas penas. En ese masivo juicio, el caso de Dagmar fue uno de los casos pilotos más documentados y en función de ello, Videla y Massera recibieron reclusión perpetua y los otros miembros de las juntas, penas menores. El juicio individual de Dagmar estaba en pleno curso y en 1986, la misma Cámara Federal que sentenció a las juntas cerró el expediente argumentando que habían pasado 7 años y que, por lo tanto, estaba prescripto. Pero, hace unos años, el caso volvió a reavivarse. Después de la derogación de las leyes de impunidad, forma parte de la megacausa ESMA.

El “Tigre” Acosta fue el jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, que intervino en el secuestro de la sueca.. Entre otros delitos, fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce, así como la muerte de Dagmar Hagelin. En 2011, la Justicia argentina lo condenó por dichos crímenes a cadena perpetua y a inhabilitación absoluta y perpetua en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA.

Desclasificación de los archivos: el derecho a la verdad

Los documentos están agrupados en dos expedientes iniciados en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería en 1978. El primero tiene 114 fojas con 11 documentos secretos y el segundo incluye 30 fojas con 2 documentos secretos.

En los archivos se detalla un resumen de comunicaciones con las acciones emprendidas por el gobierno del Reino de Suecia y por Ragnar Hagelin, padre de la víctima, para salvar la vida de su hija. Además de los expedientes mencionados, se dan a conocer 19 documentos secretos adicionales referidos al mismo caso.

La publicación de los archivos de la cancillería se relaciona al “derecho a la verdad” que impone el decreto N° 4/2010, “que releva de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983”.