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Salta

Analizan pedido de destitución contra el Juez Soria y la Defensora Flores Larsen

Por negar aborto a una nena violada por su padrastro.jury

El lunes 21 de abril, a las 10.30, se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta para analizar el pedido de destitución presentado contra el juez de Personas y Familia de Segunda Nominación, Víctor Raúl Soria y contra la Asesora de Incapaces 2, Claudia Marcela Flores Larsen.

El jury fue promovido por Verónica Caliva (Fundación entre Mujeres), Adchjian Manasés (Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos) y Organización No Gubernamental de Desarrollo ILEC con el patrocinio de la doctora Gabriela Gaspar.

Los hechos que motivaron esta presentación comenzaron el día 21/11/13, en que la Asesora de Incapaces Nº 2, Claudia Mariela Flores Larsen, en representación de “NN por nacer, hijo de una menor , inicia acción de amparo ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Nº 2, Víctor Raúl Soria, con el objeto de impedir que la niña  de entonces 13 años de edad, violada y golpeada violentamente por su padrastro, interrumpiera el curso de un embarazo producto de las reiteradas violaciones sufridas y para que -en consecuencia- se la obligara a continuar con el proceso de embarazo.

El día 13 de diciembre de 2013, en contra de lo solicitado por la madre de la niña,  el Juez Soria hace lugar a la acción de amparo articulada por la Asesora de Incapaces Nº 2. y ordena la “prohibición de ejecutar cualquier práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y remitir los antecedentes a la justicia penal.” Además, “exhorta a los Asesores intervinientes y Ministerio Público Fiscal a que llegado el momento del nacimiento del hijo de la  menor se le allane el camino a la niña-madre para una futura adopción.”

Por último, el juez declara la inconstitucionalidad del decreto Provincial Nº 1170/12 y de la Resolución Nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y su anexo, que aprueba la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles.

Cabe recordar que esta Guía provincial  se dicta por orden del Gobernador de la Provincia; Dr. Juan Manuel Urtubey, y se plasma en el Decreto Nº 1170/12,como consecuencia del mandato que la Corte Suprema de Justicia de la Nación delimita en autos caratulados “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”,( marzo de 2012) a través del cual exhorta “a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas; eliminar requisitos que no estén médicamente indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia de la práctica médica requerida.”

Las organizaciones denunciantes, sostienen su presentación en la convicción que ante un claro caso de aborto no punible tanto el Juez Soria como la Defensora Flores Larsen actuaron en contra de los establecido en el Código Penal Argentino, normas legales nacionales, provinciales, tratados internacionales y la profusa jurisprudencia producida en el país, así como el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L.”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es integrado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, quien preside el Tribunal, el juez de la Corte Guillermo Catalano, la Fiscal de Estado Mónica Lionetto, los senadores Jorge Pablo Soto (mayoría) y María Silvina Abilés (minoría), como abogado del foro designado por Senadores, Guillermo López Mirau; los diputados Manuel Santiago Godoy (mayoría) y Alejandra Beatriz Navarro (minoría) y como abogado del foro designado por Diputados, Aldo Juárez.

Imagen : razonversusreligion.blogspot.com