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Garantizar derechos no es delito

Absolución y condena para una médica que garantizó el derecho a un aborto legal

Un polémico fallo del juez José Oscar Colabelli en Esquel, Chubut, absolvió a la médica residente de El Maitén acusada por el delito de aborto consentido seguido de muerte, pero la condenó a un mes de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación por lesiones culposas.

Imagen : PO

‘Abril’ es una médica generalista de El Maitén, localidad de la Provincia de Chubut, que en 2015 garantizó la interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años que la solicitó (‘Maira’) y por causas que no han sido investigadas, la joven murió una semana más tarde en el Hospital Zonal de Esquel. Durante el juicio oral y público que se desarrolló durante las últimas dos semanas, no se probó que la muerte de la joven haya estado vinculada al aborto realizado por ‘Abril’ ni que la médica haya incumplido ningún protocolo de atención.

“A los médicos se nos exige deber de procedimientos, no de resultados”, criticó en su cuenta de Facebook la médica tocoginecóloga y perito en el juicio, Stella Maris Manzano. “Si solo van a pedir curas mágicas a los médicos que hacemos abortos o atendemos partos, las mujeres se van a quedar si médicos y médicas que las atiendan. Piden que garanticemos lo que no se puede”, agregó.

Como explicó en un comunicado la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el juicio quedó ampliamente demostrado que ‘Abril’ actuó “conforme a derecho”, según lo establece el Código Penal en su Art. 86, inciso 1, el Fallo F,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de marzo 2012, la Ley XV-14 de Aborto no punible de la provincia de Chubut, vigente desde 2010 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015.

Además, la Campaña afirmó que existieron “enormes irregularidades de la investigación”. Entre ellas que ‘Maira’ fue sometida a una operación en el Hospital Sub-Zonal de Esquel, al que fue derivada, y ninguno de los y las profesionales del Hospital donde murió ha sido investigado. Además, que se demostraron inconsistencias e incoherencias en el informe de la perito forense a cargo del Ministerio Público Fiscal y la falsedad del certificado de defunción demostrado por la autopsia. Por otro lado, trascendió que el fiscal a cargo no autorizó el pedido por parte de los peritos a realizar exámenes toxicológicos y de médula ósea, pericias clave para esclarecer la causa de muerte.

La Campaña repudió también el accionar del fiscal Carlos Díaz Mayer, que “en lugar de intentar esclarecer la muerte”, sólo ha tenido “la intención de culpar” a la médica ‘Abril’. Vale mencionar que el juez responsable de la causa, José Colabelli, había sido recusado por la defensa al inicio del juicio por haber sido oportunamente sancionado al negar un aborto no punible a una niña de 12 años, en 2012, pero el pedido fue rechazado.

Ya antes del fallo, la articulación que nuclea a alrededor de 300 organizaciones sociales, políticas y feministas de todo el país hace más de 10 años, aseguraban que existía “una clara intención de amedrentar y aleccionar a las y los profesionales que garantizan derechos establecidos por el actual Código Penal y las normativas vigentes”, mediante “una estrategia de persecución, destinada a obstruir y limitar el acceso a la interrupción legal del embarazo”.

Al conocerse que ‘Abril’ fue absuelta del delito de aborto consentido seguido de muerte, pero condenada por “lesiones culposas”, desde Socorristas en Red plantearon que “el juez se hace eco de una solicitud del fiscal, Carlos Díaz Mayer, quien en su alegato habló de impericia por parte de la médica dando por sentado mala praxis”.

El magistrado Colabelli, indicaron, “refiere a desatención por parte de la médica en los cuidados post-aborto sin que aparezca ninguna mención a que ante la consulta días posteriores y evaluación médica en equipo, la joven fue debidamente derivada al Hospital Regional de Esquel  y luego de ser atendida por profesionales de ese hospital, fallece sin que aún se hayan podido explicar las razones certeras del deceso”.

“Toda la acusación recae sobre la médica para ocultar la irresponsable actuación del Ministerio Público Fiscal, quien no investigó en profundidad durante la instrucción las causas y responsabilidades en la lamentable muerte”, agregaron las Socorristas. “Se ensañan contra una joven médica residente para hacer: ‘como si hubiera justicia’. Vergonzoso”, concluyeron.

Stella Manzano, por su parte, resumió: “Este es un juicio misógino, que intenta castigar y disciplinar a las y los médicos que garantizamos derechos a las mujeres. Un juicio que nos muestra que nuestros conocimientos, pruebas, fotografías, no valen nada para los funcionarios de tribunales. También busca provocar miedo en las mujeres que piden abortos”. “Seguiremos buscando justicia hasta que al fin la encontremos”, finalizó.